“Antes de andar en la política yo trabajaba; con la imagen que nos hicieron pasar, uno ya no encuentra trabajo. Se me hizo muy difícil salir a la calle y que todo mundo me señalara: ‘¿oye es cierto que te robaste 300 mil pesos?’.

“Tenía otras metas, otras ideas y nunca pensé que pasarían estas cosas”, rememora Valentina Temoxtle Flores, al recordar las acusaciones en su contra y contra quienes integraban el Cabildo del municipio Mixtla de Altamirano, antes de ser desaparecido de forma inconstitucional por los diputados de Veracruz, el nueve de julio de 2019.

La regidora es la única que habla públicamente de lo que ha vivido a 2 años de ser quitada del cargo. Ella y su familia, sostiene, han sufrido las consecuencias del actuar irregular del Congreso.

Explica que tras la extinción de poderes ella se quedó sin empleo y no pudo conseguir otro ante la mala fama que le crearon. A esto se suma que, al nacer, a uno de sus tres hijos le luxaron la cadera y por esta razón su esposo tuvo que emigrar a Estados Unidos para tratar de conseguir dinero y cubrir el tratamiento.

Confiesa que, personalmente, su principal preocupación es que sus hijos crezcan pensando que ella tomó dinero que no le pertenecía. Considera que su paso en la política ya hizo historia, aunque no como ella quería, como regidora, pues uno de los municipios con mayor rezago en Veracruz evidenció al Congreso del Estado ante la Suprema Corte.

Insiste en que está preocupada no por lo que decía la gente, sino por la imagen que pudiera dejar en sus tres hijos. Valentina recuerda cuánto daño se le hizo a su persona con acusaciones que nunca pudieron ser comprobadas, surgiendo la versión de que el Cabildo estaba derivando recursos públicos y que ella se apropió de 300 mil pesos.

“Vi hasta dónde llega el poder, y hasta donde llega la justicia también”.

MEDIDA INCONSTITUCIONAL

Temoxtle Flores era integrante del cabildo de Mixtla cuando en 2019, el Congreso del Estado acusando presuntos actos de corrupción determinó la desaparición de poderes y la instalación de un Concejo Municipal. La medida, hoy se sabe, fue al margen de la Ley según el fallo de los ministros del máximo tribunal del país.

El argumento de los poderes ejecutivo y legislativo fue que ya no había confianza en un cabildo donde meses antes habían quitado la vida a la presidenta municipal de Morena, Maricela Vallejo Flores, crimen perpetrado a finales de 2018.

La mujer, que ya acusó hace unos días haber sido violentada políticamente y que buscará ahora limpiar su nombre, afirma que no es el poder el que la mueve para regresar al cargo, sino su ansia de recuperar su vida, pues el impacto de los señalamientos no repercute solamente en su vida pública, sino que traspasó a su esfera privada.

El estigma con el que cargó la familia terminó por disolver también su núcleo, entre migraciones forzadas y enfermedades.

“De hecho -por lo que pasó- mi esposo tuvo que irse para Estados Unidos, pues tengo una niña pequeña a la que tuvieron que operar por una displasia de cadera; todo se me complicó”, narra la edil reinstalada en su cargo esta semana por la Diputación Permanente, al acatar el fallo de la Corte.

“Por lo mismo ya no me aceptaron en ningún trabajo y él (su esposo) emigró”, lamenta.

Valentina Temoxtle destacó que estos sucesos la orillaron a contemplar la renuncia al cargo para el que fue electa, pero determinó que esa opción la dejaría incluso más vulnerable y mantendría los señalamientos de los que ha sido objeto por años.

Recuerda igualmente que la embestida no solo vino del poder político que gobierna Veracruz, sino también de algunos medios de comunicación.

“Vivo en una localidad (Ayahualulco) donde tengo que transportarme al municipio que está a una hora de donde yo vivo y me sacaron unas notas donde decían que yo no asistía a trabajar y cosas así.

“Para mí fueron cosas que sí me afectaron y siento que violentaron mis derechos como mujer; no me queda más que tratar de demostrar que no hice nada malo”, dice.

ESTIGMA Y ABANDONO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no solo no respaldó como esperaba a quien por años ha militado en su partido, sino que su trabajo de apoyo consistió en poner a un abogado para que se encargara del tema electoral, no para los señalamientos de presuntos actos de corrupción, incluido el desvío de recursos.

Incluso, los diputados de la bancada priísta en el Poder Legislativo también se desentendieron de la regidora, a quien nunca aceptaron ver en persona o recibir de esta escrito alguno en torno a la situación ocurrida en 2019.

“Me sorprendí porque había este trabajo político, no era una persona que no conocían, ellos sabían quién era. Para mí fue algo muy duro que me hayan dado la espalda”, dijo.

Temoxtle, junto a sus compañeros de trabajo fue acusada por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez de llevar al municipio a la ingobernabilidad, sumirlo en un vacío de autoridad y haber contribuido a la pérdida del orden y la paz.

Todo ello, escudado en el homicidio de quien fuera la alcaldesa, Maricela Vallejo, ejecutada junto a su esposo y su chofer cuando se dirigía al municipio más pobre de la entidad veracruzana a finales de 2018.

Con ello, y supuestos documentos firmados tanto por pobladores como por agentes y subagentes municipales en donde se señalaba la existencia de ingobernabilidad ante la falta de la seguridad pública, a causa del “incorrecto actuar del cuerpo edilicio”, se determinó desaparecer de un plumazo a los servidores públicos electos democráticamente y, en su lugar, imponer un concejo municipal que dos años después fue tildado de irregular por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

“Después de sopesar el daño que puede producirse si no se actúa de inmediato en la esfera de los derechos fundamentales que por su propia naturaleza determina que el orden y la paz pública son elementos de la seguridad pública, por el cambio de autoridad y la ola de violencia que merma a la población no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización si esta soberanía no concede la medida preventiva planteada”. Con ese fallo es que la vida de Valentina y sus compañeros cambió de manera repentina y ellos consideran que se hizo justicia, al no tener nada que ver en el asesinato de Vallejo Orea ni en el desvío de recursos.

Actualmente Valentina Temoxtle ya fue reinstalada en el cargo pese a la constante negativa en la que se hallaba el Congreso para hacerlo. Cuenta que, aunque solo serán tres meses más los que estarán al frente del cabildo, personalmente demostrará que nunca hubo un señalamiento cierto en su contra y las autoridades veracruzanas actuaron mal al quitarlos de sus encargos.

Desde su nueva posición que no debió serle arrebatada advierte que entrarán de la mano de un despacho que fiscalice el actuar del concejo municipal, que se negó a hacer una entrega-recepción en el marco de la ley.

“Vamos a revisar todo para ver si no hay ciertas irregularidades o inconsistencia que nos perjudiquen a nosotras. La idea es llegar y revisar todo”.

Nuevamente como regidora y con la tarea de hacer el cierre formal de la administración en la que estuvo fuera la mayor parte del tiempo, Valentina Temoxtle lanza una advertencia a quienes le antecedieron:

“Vamos a prepararnos para no pagar platos rotos que no rompimos”.