Durante el penúltimo año de gobiernos municipales en Veracruz, los 212 Ayuntamientos resultaron con observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que representan un presunto daño patrimonial por mil 671 millones 385 mil 720.28 pesos; sin embargo, los municipios con mayores montos de presunto daño patrimonial son de alcaldes de extracción panista y perredista.

En la revisión de la cuenta pública del 2020, las principales irregularidades detectadas son erogaciones sin comprobación documental o evidencia de que los trabajos hayan sido realizados, saldos no ejercidos de recursos de fondos federales, así como pagos en exceso en obra pública, pagos injustificados o diferencias entre lo pagado y comprobado, e incluso obras sin operar.

Este es un análisis de quiénes son los 10 municipios con mayores observaciones en la cuenta pública 2020 que fue entregada por la auditora general, Delia González Cobos, al Congreso de Veracruz.

VERACRUZ PUERTO, EL DE MAYOR DESFALCO

El panista Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, es quien encabeza la lista de los 10 municipios con mayores presunto daño patrimonial, con 88 millones 961 mil 635.51 pesos.

Entre las irregularidades se observa que realizó erogaciones por concepto de “servicio de administración de Plan Privado de Pensiones, Asesoría Jurídica, Contable y Financiera, a la Persona Moral LAYNHER ESTEVIA, S.A. de C.V. por un monto de 37 millones de pesos, de los cuales no presentaron evidencia de la justificación de las erogaciones realizadas que de certeza de la aplicación del recurso, en donde se comprueben los trabajos realizados.

El Orfis señala que se desconoce el universo de los trabajadores adheridos al Plan Privado de Pensiones, su fecha de ingreso, cantidad que se le descuenta a cada trabajador, aportación monetaria del Ente Fiscalizable, así como, los beneficios a corto y largo plazo.

A esto se suma que la obra de pavimentación con concreto hidráulico del eje poniente (calles Jacarandas, Ilustres Veracruzanos y Úrsulo Galván), en las colonias Asociación Civil, Lomas de Tarimoya y Reserva II, reportó un presunto daño por 13.1 millones de pesos dado que fue realizada de forma irregular.

TRES VALLES OBSERVADO POR 75 MDP

En segundo lugar aparece el municipio de Tres Valles, gobernado por José Manuel Díaz Rodríguez, que llegó al cargo por la alianza PAN-PRD, con 75 millones 172 mil 609.70. Entre las observaciones se encuentra que el Ayuntamiento hizo erogaciones por concepto de arrendamiento de maquinaria de construcción, por un millón 66 mil 142 mil 60 pesos, pero no presentaron comprobación y evidencia de los trabajos pagados, con el fin de dar certeza y justificación a los trabajos realizados.

PÁNUCO, EN PODIO DE PROBABLE QUEBRANTO

En tercer lugar se ubica Pánuco gobernado por el panista Fernando Molina, que muestra un presunto daño por 62 millones 346 mil 321.12 pesos. Una de las irregularidades que presenta está la no comprobación de 3.8 millones de pesos destinados a la construcción del emisor poniente del cadenamiento 0+263 al sitio de la PTAR, en la cabecera municipal.

7 MUNICIPIOS COMPLETAN “TOP TEN”

Alvarado, en manos del alcalde Bogar Ruiz Rosas, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), enfrenta un presunto daño patrimonial por 56 millones 827 mil 311.52 pesos. En este municipio se presume un daño patrimonial por 2 millones de pesos en la obra de construcción de guarniciones y banquetas en la comunidad de Punta Grande, dado que no presentaron la documentación soporte necesaria para verificar el alcance de los trabajos.

El quinto lugar entre los municipios enlistados entre los que tienen mayor presunto daño patrimonial aparece Minatitlán, gobernador por Nicolás Reyes Álvarez, el único alcalde emanado de Morena en esta lista.

El Orfis detectó un presunto daño patrimonial por 56 millones 377 mil 163.67 pesos; parte de las irregularidades incluyen un presunto daño por 3.5 millones de pesos en la obra de rehabilitación de Colector de Drenaje Sanitario en la Calle las Américas, entre las Calles Berlín y 5 de Mayo, incluye Calle 5 de Mayo entre Calle las Américas y Callejón la Unión, Colonia Francisco I. Madero, debido a que no presentaron validación del proyecto por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y permiso de descarga de aguas residuales emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Otro alcalde de oposición señalado por el Orfis es el de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, que registra un presunto daño patrimonial por 53 millones 327 mil 84.34 de pesos. Una de las irregularidades detectadas es que el Ayuntamiento efectuó erogaciones con cargo a la acción número 0310 “arrendamiento de equipo de transporte y maquinaria de construcción” por un monto de 4 millones 151 mil 288.12 pesos; sin embargo, no presentaron un informe detallado de los trabajos realizados firmado por el director del área responsable y avalado por el Contralor Interno.

El gobierno del panista Humberto Alonso Morelli, alcalde de Boca del Río, deberá solventar un presunto daño patrimonial por 34 millones 190 mil 765.41 pesos. En este municipio una de las mayores observaciones es la adquisición de luminarias tipo Led, por un monto de 20 millones 486 mil 18.48 pesos; sin embargo, no presentaron evidencia de los trabajos de instalación correspondiente.

En octavo lugar se ubica el municipio de Ixhuatlán de Madero, cuyo alcalde es el perredista Ader García Escalante, que tiene un presunto daño patrimonial en 2020 por 32 millones 313 mil 482.50 pesos. Una de las observaciones es a la construcción de sanitarios con biodigestor, localidad de Huitzitzilco, catalogada como obra de mala calidad por deficiencias técnicas, por recursos aplicados en rubros no autorizados en la fuente de financiamiento, por pago en exceso por volúmenes pagados no ejecutados y por conceptos pagados fuera de especificación de beneficiarios.

El gobierno de la alcaldesa de Córdoba, la panista Leticia López Landero, tendrá que solventar un presunto daño patrimonial por 30 millones 607 mil 290.43. Una de las irregularidades detectadas son los donativos al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia por un monto de 30 millones 636 mil 666.59 pesos, sin que haya presentado la evidencia de la justificación del gasto que dé certeza de la aplicación del recurso.

En la lista de los 10 municipios más observados está el de San Andrés Tuxtla, gobernado por el alcalde independiente Octavio Pérez Garay, que enfrenta un presunto daño patrimonial por 29 millones 920 mil 559.98.

En 2020, el Ayuntamiento destinó para el manejo de residuos sólidos: Arrendamiento de equipo de recolección por 10 millones 440 mil pesos, pero no exhibieron el contrato de prestación de servicios y un informe detallado de los trabajos realizados firmado por las autoridades correspondientes.