Este miércoles la Diputación Permanente del Congreso del Estado probó el proyecto de Punto de Acuerdo en el que se determinó que quedó sin efecto la suspensión provisional del Ayuntamiento, así como la designación que se hizo de un concejo municipal en Mixtla de Altamirano.

Sin embargo, una vez que se restituya, el Cabildo debe de someter a análisis el caso del Síndico, Ricardo “N”, quien está con prisión preventiva como presunto responsable del asesinato de la exalcaldesa, Maricela Vallejo.

El crimen se perpetró en noviembre de 2019 y en el ataque también pereció Efrén Zopoyactle Tlaxcaltecalt, quien fue esposo de la munícipe; así como el chofer y escolta, Sabino García.

Este miércoles acatando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 267/2019, los diputados determinaron anular la suspensión de poderes y restituir a los regidores en sus cargos.

No obstante, los legisladores también determinaron que en el caso del síndico se debe aplicar el criterio orientador contenido en la sentencia SUP-REC-1377-2021 y acumulado, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿QUÉ ESTABLECE EL ACUERDO 1377-2021?

En acuerdo 1377-2021 se determinó por la Sala Superior en cuanto al caso de Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno de Veracruz, estableciendo que la prisión preventiva no suspendía los derechos políticos del perredista.

El fallo se dio luego de que el PRD interpuso un recurso de impugnación y a finales de agosto la Sala Superior del TEPJF determinó que las personas con prisión preventiva gozan de presunción de inocencia.

Sin embargo, a inicios de septiembre el Poder Judicial de Veracruz notificó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que Rogelio “N” está física y materialmente está impedido para poder ejercer los derechos políticos que pudieran corresponderle.

La magistrada presidenta, Isabel Romero Cruz, informó que Rogelio “N” está interno en un Centro de Reinserción Social, con sede en Amatlán de los Reyes, al estar sujeto a 2 procesos, de los cuales uno por extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia y otro por ultrajes a la autoridad.

Esta situación podría aplicar al caso del Síndico, Ricardo “N”, quien tiene prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio múltiple señalado, aunque hasta la fecha la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado que el edil haya sido sentenciado por el crimen.

En el apartado cuarto del acuerdo aprobado este jueves por los legisladores, la Diputación Permanente determinó:

“CUARTO. Por cuanto hace al hecho notorio y público respecto de un edil -que jurídica y materialmente se encuentra bajo los efectos de una medida privativa de libertad, las autoridades competentes, de ser el caso, aplicarán el criterio orientador contenido en la sentencia SUP-REC-13772021 y acumulado, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano especializado en materia electoral, respecto del ejercicio de los derechos político electorales implicados”.

Esto significa que el Cabildo y en su caso, las autoridades competentes, deben determinar qué procede sobre la situación de Ricardo “N”.