Personas privadas de la libertad por delitos no graves serán liberadas antes del 15 de septiembre por acuerdo de la Federación y gobiernos estatales; en Veracruz serían 50 los beneficiados con la preliberación.

Este martes, en la conferencia matutina el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que en total buscan otorgar su libertad a 681 reos en todo el país. 

Sin embargo, se tienen ubicados 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis.

El funcionario federal consideró que se trata de un acto de justicia para adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas o que se encuentren en fase terminal.

También para aquellos adultos mayores de 70 años y para víctimas de tortura con el protocolo de Estambul; para indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como quienes llevan 2 o más años en prisión preventiva o sin sentencia.

No podrán acceder al beneficio quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad; trata de personas; delincuencia organizada; secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales en su mayoría son del fueron federal; se trabajará con los gobiernos de los Estados para hacer efectivo este beneficio como lo señala el acuerdo.

Augusto López subrayó que sólo es el principio de un proceso cuyos avances se estarán viendo cada mes, detallando que ya fueron publicados los lineamientos para la integración y el funcionamiento del Comité Permanente que será el encargado de las gestiones de las solicitudes.

A julio de este 2021 la población privada de la libertad era de 220 mil 866 personas en México, de los cuales 16 mil 464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor del 7.4 por ciento del total.

En tanto que el resto se ubica en penales locales y están sujetos a proceso o cumpliendo sentencias por delitos del fuero común. 

“Esto significa también que el 92.6 por ciento de los internos, entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios, están como dijimos, en el ámbito local”

La SEGOB realizó las gestiones con los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República con el propósito de acelerar la preliberación y la modificación de las medidas cautelares de prisión preventiva.