La Ley ambiental en Veracruz permite a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) solicitar resarcimiento y medidas de mitigación a la empresa constructora ANDLOR SA de CV.

El procurador, Sergio Rodríguez Cortés, explicó en entrevista que la Ley Estatal de Protección Ambiental, así como la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, permiten al organismo a su cargo requerir un resarcimiento de encontrarse daño ambiental por este tipo de proyectos, de hallar irregularidades.

“El acto de autoridad recae en la Procuraduría y estamos, de acuerdo con nuestro reglamento y a las facultades que no da la Ley, cuando no hay una MIA previa cuando ya hay una construcción como esta, recae toda la responsabilidad sobre la Procuraduría.

“Esto no sólo para hacer la evaluación de los posibles daños que se hayan causado y que no se hayan previsto, sino que si se hizo mal se tendrá que resarcir o se tendrán que tomar medidas de mitigación correspondiente de acuerdo a la magnitud del proyecto”, señaló el funcionario estatal en entrevista.

El procurador advirtió que, en la pasada administración de Miguel Ángel Yunes Linares, la entonces Dirección de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental envió un oficio a la empresa a cargo del proyecto señalándole que no era necesario cumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Por esta razón, la construcción avanzó durante meses sin dicha autorización exigida por la Ley, de ahí que la PMA también puede turnar esta omisión ante la Fiscalía General del Estado, que daría seguimiento a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o del La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA).

ADVIERTE MÚLTIPLES IRREGULARIDADES

Rodríguez Cortés recordó que la PMA suspendió la obra el pasado mes de agosto y desde entonces comenzó a elaborar un dictamen, encontrando que no existe MIA por autorización de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) durante el pasado Gobierno, pero además se están incumpliendo con una serie de requisitos exigidos por la Ley para un edificio de 24 pisos.

Este medio reportó que la el edificio constará de una serie de departamentos millonarios, así como un hotel con acabados en el proyecto “Torre Arista” que se cimenta en 14 mil 770 metros cuadrados.

De acuerdo con la información del proyecto, el inmueble contaría con un área de estacionamiento y una planta baja con un lobby y área para locales comerciales En sus primeros 14 pisos, el edificio contará con 54 departamentos con un costo que varía entre los tres y cuatro millones de pesos.

La parte restante se destinará para un hotel con varios pisos para habitaciones, una terraza y un salón, todo esto sobre el edificio ubicado en la calle Mariano Arista, entre la avenida Xicoténcatl y el callejón José María Peña, en pleno Centro Histórico de Veracruz.

No obstante, Rodríguez Cortés reveló que el edificio se está construyendo sin el estacionamiento prometido y presenta múltiples irregularidades que pueden dar pie a exigir la remediación.

Agregó que a la fecha no existe estacionamiento y tampoco se proyecta la habilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales, necesaria para una obra de esta dimensión. Añadió que también podría afectar a aves que migran por esta zona y afectar el paisajismo de la ciudad.

“La evaluación ambiental no permitió tener ciertas consideraciones que hoy son cuestionadas, tal es el caso del tema del paisajismo. Hay que recordar que es una zona de aves migratorias. Las consideraciones del tipo de cristal que se le debe poner a una torre de esta altura, porque las aves confunden el cristal, tienen que contemplar la visibilidad de la trayectoria de las aves”, indicó.

El funcionario opinó que el gobierno anterior provocó mucho daño al proyecto al no exigir la MIA, de ahí que el edificio puede cancelarse definitivamente en caso de que se emitan recomendaciones para reparar el daño y no se cumplan con las medidas de mitigación si resultan procedentes.

Explicó que la determinación de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente está sustentada en jurisprudencia federal.

“Al no existir una evaluación ambiental, lo que la Ley dice es que se les aplica directo el principio precautorio, es decir, como tú no tienes una MIA te voy a cerrar, cuánto tiempo, hasta que se haga un dictamen, una evaluación ambiental.

“El dictamen que en su momento presentaron es insuficiente porque no evalúa todos estos aspectos, entonces hay una omisión muy fuerte. En este momento no pueden seguir trabajando, tiene que cancelarse la construcción, y se tiene que hacer esa evaluación que no se ha hecho”, observó.