Los vínculos del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz con la corrupción y espionaje perpetrados en las administraciones de Felipe Caderón y Enrique Peña Nieto a través de “Pegasus” fueron clasificados como un asunto de seguridad nacional.

Hacer pública esta información, según la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también podría poner en riesgo las actividades de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

La UIF confirmó que se investigan este y otros contratos relacionados con el malware espía israelí que fue utilizado para espiar a integrantes de diversos sectores, como políticos, periodistas y activistas, generando otra indagatoria con información que se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Por esta razón los contratos estarán bajo reserva por 5 años y son confidenciales, aunque el plazo se puede ampliar, al ser un asunto de seguridad nacional.

De esta manera, a través de su área de Transparencia, la oficina del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que el exmandatario veracruzano también forma parte de las investigaciones sobre el espionaje que se cometió en las administraciones de Calderón Hinojosa y Peña Nieto. 

El propio titular de la UIF informó que Veracruz contrató a Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale SA de CV por 7 millones 626 mil 806.92 pesos, empresa ligada a Pegasus.

La información es clasificada como reservada al existir un “daño real, demostrable e identificable de perjuicio”; además, Nieto Castillo confirmó que la información se proporcionará a la Fiscalía General de la República. 

El pasado 21 de julio Nieto Castillo reveló que los contratos tuvieron lugar entre los años 2012 a 2018:  “En todas las empresas vinculadas con este grupo particularmente con la Procuraduría General de la República, pero también un órgano administrativo desconcentrado de prevención y Gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del Estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del Gobierno del Estado de México”.

En una conferencia en Palacio Nacional, el titular de la UIF explicó que se trazó una red de transacciones financieras entre diversas empresas, entre ellas Grupo Tech Bull SA de CV, empresa con características de fachada, constituida por Balam Seguridad Privada SA de CV, misma que obtuvo un contrato con la extinta PGR por la venta de un software de espionaje denominado Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Grup por un monto de 32 millones de dólares, con el que se vigiló a periodistas y activistas.  

Pegasus fue comprado al grupo Tech Bull en 2014 por Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).  

El titular de la UIF añadió que supuestamente para adquirir equipo, estas empresas habrían realizado contratos para adquirir equipos que se pagaron en otros países, como Israel, Italia y Estados Unidos, en los que se registraron sobrecostos. 

Las empresas involucradas, además de Grupo Balam y Grupo Tech Bull, fueron Proyectos y Diseños VME; Grupo Comercial Vicra, KBH Track SA de CV, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos. Además, Artículos Textiles y Equipo y Accesorios MV; Constructora del Centro y del Bajío y Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, la cual dio servicios al Gobierno en Veracruz.