Desde 2019 el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) permite que el Grupo Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento (GRUPO MAS) incumpla con su título de concesión, aunque su función es vigilar que brinde un buen servicio.

Además, dicho organismo está constituido de forma irregular entre los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, municipios que por su mala vigilancia desperdiciaron 52 millones 320 mil 842 pesos en total.

Y es que el mal cuidado que realiza el Instituto a los recursos públicos federales originó que se regresaran a la Tesorería de la Federación 26 millones 160 mil 421 pesos, aunque ambos municipios podrían haber obtenido el doble de dicho monto.

Como supervisor, el IMA tampoco ha logrado el desarrollo y crecimiento de infraestructura; registrando pagos irregulares de permisionarios y también oculta información financiera.

Lo anterior de acuerdo con el Informe de la Auditoría Integral al Instituto realizado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el cual determina que la responsabilidad de las irregularidades detectadas recae en el director Francisco García Barradas, quien no pudo solventar las observaciones del ente fiscalizador.

Según la auditoría ordenada por el Congreso, el Titular del IMA no dio cabal cumplimiento a todas sus funciones enunciadas en el Manual General de Organización del Instituto, pese a que su Consejo Consultivo Ciudadano cuenta con la participación de los alcaldes de Veracruz y Medellín de Bravo, así como de 6 consejeros ciudadanos.

Respecto a la calidad del agua y la falta de certificación se concluye que si bien es cierto que se han realizado análisis mediante laboratorios certificados, así como procedimientos administrativos para tomas de muestras del agua de la red para análisis bacteriológico, ello no exime al IMA de su obligación de requerir al Grupo MAS la acreditación de la calidad del agua prevista en el título de concesión en análisis.

"Máxime si se toma en cuenta que durante las tomas de muestras se verificó que en algunos domicilios los usuarios manifestaron que el agua salía sucia, con olor a cloro, amarillenta, sucia, turbia, negra, con arena, entre otros supuestos".

En cuanto al reintegro de recursos, concretamente el director general del IMA no instruyó que se procediera al registro de Ingreso Devengado y Gasto Comprometido de programas federales, lo que dio como resultado que el Instituto haya reintegrado a la TESOFE la cantidad de 26 millones 160 mil 421 pesos más los productos financieros que se hayan generado en la cuenta por actualizaciones y recargos desde la fecha en que debió reintegrarse hasta que lo hiciera efectivo

“Además, con el reintegro a la TESOFE se dejó de aplicar en provecho de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, una cantidad igual a la recibida como beneficiario ($26,160,421.00), que debía aportarse en términos del programa, lo que hace un total de $52,320,842.00, cantidad que se dejó de destinar en beneficio de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo”, determinó el Orfis.

Dicho mal manejo, que derivó en el reintegro de los recursos al no ser ejercidos, dejó a todo el Estado de Veracruz como no beneficiario para el ejercicio 2020, sanción que se aplica por el no ejercicio de los recursos recibidos en el ejercicio anterior, en este caso el 2019.

INCUMPLE CONCESIÓN

La auditoría del organismo fiscalizador añade que las metas de eficiencia e indicadores de resultados acordados en la Propuesta Económica de la Licitación Pública relacionada con la administración de los servicios de agua y saneamiento “estuvieron lejos de alcanzarse en el ejercicio 2019”.

De acuerdo con la auditoría hubo casos en los que existieron variaciones negativas respecto de sus mediciones iniciales.

“Ante esta situación, se corroboró que, ante los rezagos observados para los indicadores próximos a cumplir y las reducciones en la medición inicial de la mayor parte de éstos, el IMA no definió el seguimiento a acciones correctivas o recomendaciones promovidas ante los terceros concesionados, situación que se observó en las limitaciones encontradas en sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia de la prestación de los servicios concesionados y de la gestión de la infraestructura del SMA”

Cabe recordar que el Congreso instruyó al ORFIS realizar una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el Título de concesión otorgado para la prestación de los servicios del agua y saneamiento, por lo que se programó la planeación y ejecución de dicha auditoría integral con alcances Financiero, de Legalidad y de Desempeño.

En la revisión que establece que no existe evidencia documental alguna que ampare y justifique fehacientemente la suscripción del convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, para la creación del IMA; igualmente se establece que el municipio de Medellín de Bravo se desincorporó irregularmente al no solicitar el aval de la Legislatura, entre otras anomalías.

Entre los resultados también se encontró que en 2019 se estimaban ingresos por recibir por un monto de 33 millones 948 mil 096 pesos, producto de adeudos que mantiene el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPO de C.V. a su favor, sin embargo para el Orfis el registro es incongruente, toda vez que debe presentarse en la partida contable "Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes"; además se observó que no cuenta con registros contables por la contingencia que pueda surgir derivado de las demandas laborales en su contra.

En las observaciones de carácter financiero se determinó el incumplimiento de disposiciones de carácter federal, estatal y municipal, que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones por un monto de 26 millones 160 mil 421 pesos.

Respecto a las observaciones de legalidad se concluyó que no existe evidencia documental alguna que ampare y justifique fehacientemente la suscripción del convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, para la creación del Instituto y que este incumplió en supervisar y vigilar suficientemente el acatamiento de las obligaciones establecidas en el Título de Concesión para la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento, al no contar con el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano que expide la Secretaría de Salud.

Además, se advierte que Francisco García Barradas solicitó la asignación de recursos en virtud de los Programas PRODDER 2019 y PROSANEAR 2019, previstos en la Ley Federal de Derechos. Sin embargo, no llevó a cabo las acciones tendentes a la realización de las obras enlistadas en los Programas de Acciones; procediendo a la devolución de los recursos asignados que ya se mencionaron.

Finalmente, en las observaciones de Desempeño se concluyó que existieron limitaciones en la gestión del IMA en cuanto al desarrollo y crecimiento de la infraestructura, ya que no llevó a cabo acciones para la construcción de nueva infraestructura, centrando su atención en la supervisión del estado físico de la ya existente, a cargo del Grupo MAS.

“De igual forma, dicho Instituto no ejerció sus facultades de regulación de la conservación, administración y desarrollo de la infraestructura que integra el SMA. Asimismo, no fue posible calcular el grado de cumplimiento en las acciones relacionadas con las facultades que sí fueron ejercidas”.

En su Pliego de Observaciones el Orfis notificó 21 observaciones y recomendaciones, de las cuales 6 observaciones fueron de carácter financiero, 7 de legalidad y 8 recomendaciones al desempeño. Una vez concluida la etapa de solventación, únicamente fue solventada 1 observación financiera, quedando 5 no solventadas; en el alcance de legalidad fue solventada 1 observación y 2 se solventaron parcialmente, quedando 4 sin solventar; en el caso de las recomendaciones al desempeño, 4 fueron atendidas sujetas a seguimiento y 4 no fueron atendidas quedando también sujetas a seguimiento.