Xalapa, Ver.- La magistrada Concepción Flores Saviaga pidió la renuncia de su homóloga Isabel Inés Romero Cruz por la mala administración de los recursos del Poder Judicial, que generaron un déficit de 500 millones de pesos.

La experta, a quien se le atribuye la remoción de Sofía Martínez Huerta de la presidencia en octubre del 2020, nuevamente arremete contra otra de sus compañeras, pues considera que Romero Cruz no ha sabido defender la autonomía del Poder Judicial.

La magistrada Isabel Inés está en calidad de interina por lo que su actuar es limitado y no tiene la atribución para ordenar una reducción en el salario, prestaciones y bonos que reciben como integrantes de esa soberanía, así lo denunció en conferencia de prensa en conocido café.

“Se han tomado las decisiones desde el Consejo de la Judicatura, sin considerar que el Pleno tiene mayor validez, el Consejo de la Judicatura sólo es un órgano que auxilia, pero no tiene mayor peso que el Pleno que está integrado por todos los magistrados”, comentó. 

Recriminó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les haya pedido un ajuste a los gastos, eso es violatorio de la autonomía del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Este 12 de julio se informó de la aprobación de un plan de austeridad que limitaba el gasto en el Poder Judicial, al destacar que es una medida “inconstitucional” aseguró que el recortar los salarios no va a resolver los problemas financieros.

Flores Saviaga denunció que la directora general de Administración, Joana Marlene Bautista Flores, es quien se encuentra a cargo de la distribución de los recursos, sin embargo, dijo carece de la experiencia para ello.

“No estoy en contra de ella, pero no tiene la experiencia que se necesita para realizar la distribución de los recursos, su única experiencia previa fue ser la secretaria particular del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero”, expuso.

Planteó que es necesario que se revisen los contratos de las ciudades judiciales, pues eso es lo que está generando problemas de solvencia económica ante la obligación de pagar 17 millones de pesos mensuales.