Xalapa, Ver. - En medio de la polémica por el déficit presupuestal de 500 millones de pesos y el aumento en el gasto corriente, en la nómina del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) aparece el pago mensual a una cocinera a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

La nómina, que incluye dos mil 800 trabajadores, dispone un pago a una persona que prepara alimentos en el edificio público, además, de dos nutriólogos, y un par de médicos, todos en categoría de trabajadores de confianza, que cobran desde siete mil quinientos pesos hasta 47 mil pesos.

Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial detalla que hay dos nutriólogas adscritas al departamento de Recursos Humanos. Ellas cobran 13 mil 442 pesos; reciben un bono de despensa por dos mil 900, cada mes, y una gratificación de ocho mil 679, cada semestre.

También tiene personal médico que cobra mensualmente: enfermeras y doctores en diferentes oficinas del Poder Judicial.

Recientemente se informó que el dos de julio se reunieron los magistrados del Poder Judicial, para hablar sobre la crisis financiera por la que atraviesan, pues tiene un déficit de 500 millones para hacer frente al pago de nómina.

La magistrada presidenta Isabel Romero Cruz pidió a sus homólogos bajar en un 30 por ciento la compensación que reciben cada mes, hecho que generó malestar entre los expertos en derecho.

Un magistrado, según los datos oficiales recibe 100 mil 621 pesos por concepto de salario bruto; además de una compensación de 51 mil 142 pesos.

Un audio que se filtró a los medios de comunicación detalla que el Estado les apoyará con 260 millones de pesos, sin embargo, ellos requieren reunir otros 300 millones para cumplir con la nómina de agosto a diciembre.

Es por eso qué se les pide bajarse el salario, medida que es inconstitucional, para hacer frente a los pagos mensuales de todos los trabajadores de dicho poder.

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco detalló que los magistrados no planearon el gasto de los mil 600 millones de pesos que se les programaron.

En solo siete meses se gastaron lo que debían administrar para los 12 meses del año, lo que ahora les genera un problema económico y se pidió apoyo al gobierno del estado.