Corporativo Calmao S.A. de C.V. buscaba cobrar al gobierno de Veracruz más de 5 millones de pesos por concepto de láminas de zinc que supuestamente fueron repartidas en 2014 por la Secretaría de Protección Civil (SPC). Ahora podría ser denunciada.

Junto a Calmao, otras decenas de empresas fueron descartadas en el proceso de validación que el actual gobierno del estado realizó a los pasivos de administraciones anteriores, especialmente la de Javier Duarte de Ochoa.

Este lunes 28 de junio, el secretario de Finanzas de Veracruz, José Luis Lima Franco, confirmó que, de 17 mil millones de pesos reclamados por los proveedores al inicio de la actual administración, la deuda ha disminuido hasta 4 mil y lo que proyectan pagar este 2021 es sólo el 10 por ciento de ese monto: 450 millones de pesos para 91 proveedores.

De acuerdo con el funcionario sólo de haber capacidad presupuestal el gobierno saldaría un monto similar el próximo año. Además, indicó que será la Contraloría General la que procederá en contra de quienes reclamaron pagos y no lograron acreditar sus peticiones.

Los resultados del filtro que no se acreditaron obras ni servicios por mil millones de pesos, de ahí que se considera que intentaron estafar al gobierno veracruzano que está por terminar con la depuración.

Muchos de quienes han sido descartados fueron incluidos en el listado de empresas que el exgobernador Duarte quiso pagar con recursos de otros rubros diferentes al gasto corriente, incluso pidiendo la autorización del Congreso del Estado.

Cuestionadas vía transparencia, algunas dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), así como la referida Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dieron a conocer los nombres de algunas empresas que, como el Corporativo Calmao SA. De C.V., no acreditaron el pago que reclamaban al Gobierno.

Sin embargo, la mayoría de las Secretarías estatales optaron por no aportar la información requerida en distintas solicitudes.

NO ACREDITARON ADEUDOS

Las respuestas a solicitudes de acceso a la información pública, emitidas por las diversas dependencias del gobierno estatal dan cuenta de algunas empresas que pretendieron burlar los filtros implementados por el Poder Ejecutivo y cobrar al menos mil millones de pesos, sin haber acreditado con documentos en mano, que efectivamente se les debía.

Para el caso, la Secretaría de Protección Civil detalló en la respuesta a la solicitud que, con corte a octubre de 2020, 17 empresas han sido validadas para ser candidatas a recibir sus pagos, mismos que ascienden, en conjunto, a poco más de 55 millones de pesos.

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Por el contrario, tres fueron descartadas en el proceso tratándose de: Corporativo Calmao S.A. de C.V., que tiene su domicilio fiscal en la calle Pico de Orizaba número 5, de la colonia Laderas de Macuiltépetl, en Xalapa. La empresa reclamaba 5 millones 162 mil pesos por concepto de adquisición de láminas de zinc, que en teoría debieron ser entregadas a familias vulnerables.

Igualmente, José Alberto Torres Arroyo, arquitecto con sede en el Edificio Hakim en la calle Orizaba de la colonia Obrero Campesina en Xalapa. De acuerdo con su descripción, la actividad que realiza es la “Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión”.

Este proveedor reclamaba el pago por el Proyecto Ejecutivo de Construcción -no especificado- por un monto de 728 mil 851 pesos.

Igualmente, la empresa Terracón Ingeniería S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México, por la “elaboración microzonificación”, que pretendía cobrar 173 mil 73 pesos.

En conjunto, las empresas descartadas hasta este momento, buscaban la erogación de 6 millones 63 mil 924 pesos.

Por otro lado, fueron un total de 17 empresas las que sí han logrado acreditar que la Secretaría les debe 55 millones 598 mil 840 pesos, de las cuales seis son empresas foráneas de Monterrey, Ciudad de México y Puebla.

El adeudo más grande entre estas 17 empresas le corresponde a Soriana, con la que la administración de Javier Duarte adquirió despensas por un monto de 25 millones 742 mil 772 pesos.

En conjunto, son 20 proveedores los que se han analizado; la cifra es menor a la presentada por el gobernador Duarte en julio de 2016 cuando pretendía que el Congreso aprobara la creación de un fondo especial a través del impuesto del 3 por ciento a la nómina para pagar más de 12 mil millones de pesos.

En el documento, publicado en la Gaceta Oficial del Estado y abrogado posteriormente, se cuentan un total de 26 proveedores para la Secretaría de Protección Civil, algunos con más de cinco contratos incluso, por un monto de 74 millones 19 mil 416 pesos. De las seis empresas restantes, nada se sabe.

Otra dependencia que despejó de manera parcial el asunto de los adeudos a proveedores fantasma es la SIOP, a la cual se le reclamaban pagos por 422 millones 111 mil 572 pesos de un total de 73 empresas, de 2010 a 2020.

En ese tiempo, la SIOP logró librar los cobros de 11 empresas que acumulan más de la mitad del dinero que se pretendía cobrar a la dependencia: 286 millones 632 mil 270 pesos.

Pero, de las restantes, solamente 23 han logrado ser validadas para el pago de deuda, cuyo monto asciende a 47 millones 388 mil 159 pesos.

En la lista de empresas que pretendían cobrar sin acreditar los adeudos, se encuentra “Infraestructura en Construcción S.A. de C.V.”, con sede en Xalapa; entre los contratos a la SIOP hizo la remodelación del parque recreativo Reino Mágico, por un monto de 22 millones de pesos, obtenido por adjudicación directa en 2014.

“Grupo de Servicio Gamyt, S.A. De C.V.”, con domicilio fiscal en Álamo Temapache, cuyo giro es la construcción de obras de urbanización.

En este caso, reclama el pago de 11.6 millones de pesos de la construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras camino el Retache-Tanceme, por un tramo de 3.5 kilómetros, en el municipio de Ozuluama, llevado a cabo en el 2015.

“Oscar Pérez Macay”, que reclamaba 18 mil 524 pesos; “Constructora Inmobiliaria Heyro S.A. De C.V.” con sede en Xalapa, con 134 mil 436 pesos; “D.E. Construcciones S.A. de C.V.” con sede también en Xalapa, con 13 millones 133 mil 20 pesos; “Compañía Constructora del Sureste S.A. de C.V.”; dada de alta en el municipio de Veracruz.

“Constructora Goli S.A. de C.V.” cuyo domicilio fiscal está en la capital del estado; “Comercializadora y Constructora Gora S.A de C.V.” con sede en Boca del Río y con un monto de 684 mil 281 pesos; y “Construcción y Maquinaria Eyasa S. de R.L. de C.V.”, con domicilio en Xalapa.

Las dos empresas foráneas excluidas de los pagos son “Desarrollo Regional Consultores S.C.” con sede en Miguel Hidalgo, Ciudad de México; y “Grupo Corporativo Urbis S.A. de C.V” con sede también en la Ciudad de México.

Para este caso, una de ellas pretendía cobrar 32 millones 365 mil 186 pesos; y la otra buscaba 2 millones 319 mil 971 pesos. En ningún caso se informó cuál es cuál.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por su parte, dio información parcial sin desarrollar: en ese sentido señaló que 74 empresas solicitaron pagos pendientes; de esas solamente 20 han acreditado los adeudos y 9 han sido por completo descartadas, de las cuales tres son foráneas, con sede en la Ciudad de México.

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DEPENDENCIAS NIEGAN INFORMACIÓN

En la lista de dependencias que negaron información respecto a los contratos que no lograron ser validados, se encuentra la propia Contraloría General del Estado (CGE), a la que la administración morenista ha designado para interponer las denuncias contra los empresarios.

En la respuesta a la solicitud, la Contraloría, después de invocar una serie de artículos de la Ley de Transparencia, solicitó que se redirigiera a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) también se dijo imposibilitada a entregar la información y señaló que debía solicitarse la misma a la SEFIPLAN.

La Secretaría de Salud dio la misma respuesta; el mismo caso aplicó en la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Turismo dio una respuesta en ese mismo sentido; Trabajo y Previsión Social emitió la misma respuesta.

La respuesta de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), no fue distinta a las mencionadas; el mismo sentido adoptó la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), al igual que la SEDEMA y la SEDESOL.

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Finalmente, la propia SEFIPLAN, dependencia que verificó y descartó las deudas con proveedores, optó por reservar la información.