Marco Antonio González Ramírez fue condenado a 82 años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, lo que significa la pena más alta a nivel nacional para este crimen.

La caída de González Ramírez comenzó en abril del 2018, cuando el gobierno de Estados Unidos informó a las autoridades mexicanas sobre imágenes de pornografía infantil compartidas a través de Google y Facebook.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como la Sociedad Humanitaria Internacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) detectaron que dicho contenido ilegal había sido creado desde un domicilio de Coacalco, en el Estado de México.

La denuncia quedó en manos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron imágenes de pornografía infantil de niñas realizando actos de exhibicionismo corporal o sexual.

La Guardia Nacional, en colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lograron obtener la ubicación exacta de donde se creaban esas imágenes, identificando dos domicilios del municipio mexiquense de Coacalco.

Fue entonces que la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron dos cateos.

El primero fue en la colonia El Laurel, en Coacalco, donde Marco Antonio González Ramírez fue capturado y se aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento electrónico con imágenes y videos de pornografía infantil.

El segundo fue en la colonia El Gigante, también en Coacalco, donde los uniformados rescataron a una víctima de 11 años de edad y también el aseguramiento de dispositivos electrónicos, de telefonía móvil y almacenamiento con pornografía infantil.

Las autoridades mexicanas acusaron a González Ramírez no solo de almacenamiento de pornografía infantil, sino de producción del mismo contenido sexual ilegal.

Además, el sujeto se aprovechó de la confianza de la víctima menos de edad rescatada para crear pornografía infantil.

Además de los 82 años y seis meses de prisión, Marco Antonio González Ramírez tendrá que pagar una multa de 7 millones 794 mil 202.50 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.