La pandemia de la covid-19 y la renuencia del Poder Judicial por hacer uso de la tecnología en los procesos mantienen rezagado al sistema de justicia penal del estado, según la opinión de abogados de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

De acuerdo con el Proyecto de Justicia Mundial (WPJ, por sus siglas en inglés), el sistema de justicia penal de Veracruz fue el peor evaluado de las 32 entidades federativas de la república mexicana durante el período 2020-2021.

Veracruz aparece con una calificación de 0.27 puntos en el estudio Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 en el factor de justicia de penal, lo que para el WPJ representa una débil adhesión al Estado de Derecho.

En cuanto al cumplimiento del Estado de Derecho, el Proyecto de Justicia Mundial coloca a Veracruz como la séptima entidad federativa con la peor calificación, con 0.37 puntos, incluso más baja que la del período 2019-2020.

Para los abogados Gabriel Andrés Campolli y Luis Alberto Martín Capistrán la justicia penal de Veracruz mantiene un rezago que tiene como efecto un atraso de la resolución de los procesos tanto para los imputados como para las víctimas.

Coincidieron en que el rezago se debe a la falta de medios digitales y del personal suficiente en el Poder Judicial del estado para que los casos se resuelvan de manera expedita y eficaz.

PODER JUDICIAL SE NIEGA A USAR TECNOLOGÍA

Según el Proyecto de Justicia Mundial, uno de los factores por los que las entidades federativas carecen de un sistema de justicia penal sobresaliente es la falta de medios remotos que faciliten a la ciudadanía el acceso a una justicia abierta y digital.

Para Gabriel Andrés Campolli, director general de Campolli Abogados, el sistema de justicia penal del estado de Veracruz es el peor evaluado del país debido a la negativa del Poder Judicial por hacer uso de medios digitales para la continuación de los procesos.

En junio de 2020, tres meses después de que el Poder Judicial del estado suspendió actividades por primera vez a causa de la pandemia de la covid-19, colegios de abogados promovieron ante la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) la realización de juicios virtuales.

Fue apenas hasta mayo de 2021 cuando el Poder Judicial comenzó con la celebración de audiencias virtuales únicamente con imputados, pues las autoridades se rehusaban a apoyarse en las herramientas digitales.

Gabriel Campolli aseguró que la negativa de la autoridad provocó un retraso en los procesos penales, pues hubo audiencias que demoraron hasta más de un año, aun cuando la ley no lo permite.

A decir del abogado, aunque la pandemia de covid-19 impide el contacto físico entre las personas, pero no la celebración de audiencias a través de medios electrónicos, pues tanto el Consejo de la Judicatura Federal como los poderes judiciales de otras entidades así lo hicieron.

"(En Veracruz) alegan una cuestión de mucha tecnología, mucho dinero, no es cierto, cualquier computadora y hasta un teléfono puede manejar Zoom; no es un tema de complejidad, ni es un tema de gasto ni de presupuesto, es un tema de decisión finalmente", dijo.

SISTEMA ES OBSOLETO: ABOGADO

De acuerdo con Luis Alberto Martín Capistrán, director de la licenciatura en Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, el manejo de los trámites en el sistema de justicia penal de Veracruz se encuentra obsoleto.

"El mismo manejo que se le daba a un trámite judicial hace 50 años es el mismo tratamiento que se le da hoy. Se han reformado algunas leyes, pero el sistema de impartición de justicia del estado de Veracruz no se ha modificado.

Para el litigante, la pandemia de la covid-19 evidenció el rezago histórico que vive el Poder Judicial en Veracruz ante la falta de una base de datos electrónica en la que los abogados puedan consultar los expedientes.

Según el abogado, los litigantes aún llegan a los juzgados a anotar su turno en una libreta de archivo para solicitar un expediente, lo que genera un atraso para la atención de los casos.

El Tribunal Superior Justicia del Estado (TSJE) cuenta con una plataforma conocida como "El Kiosko" en su sitio web, en la que se consultan las listas de acuerdos, es decir, la relación de los trámites que se hicieron durante el día en un juzgado.

Al respecto, Martín Capistrán compartió que los abogados de Veracruz se dirigieron con la expresidenta del tribunal, Sofía Martínez Huerta, para solicitar también el contenido del trámite sin acudir a los juzgados.

"Eso no se pudo hacer, tan sencillo como ampliar la capacidad de una celda para que puedan capturar más información y entonces no tuviéramos que ir al juzgado, eso no se pudo hacer", mencionó.

Para el director de Derecho de la UCC, la solución al rezago y obsolescencia es la creación de juzgados digitales y juzgados en línea en lugar de la construcción de más ciudades judiciales, como en 2019 gestionó el expresidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, critició.

Sumó también a los problemas del sistema de justicia penal veracruzano la falta de personal en los juzgados que, afirmó, reciben hasta cuatro mil expedientes anualmente, de los cuales apenas se resuelven el 20 por ciento.

DELITOS NO SE INVESTIGAN

Según los datos plasmados en el Índice de Estado de Derecho 2020-2021 del Proyecto de Justicia Mundial, en Veracruz la policía y el ministerio público son considerados ineficaces en la investigación de delitos.

La entidad veracruzana solo alcanza 0.15 puntos de uno posible como calificación en dicho subfactor de los seis que el WPJ considera para evaluar al sistema de justicia penal de las 32 entidades federativas.

Incluso, el documento menciona que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 revela que el estado registra una tasa de 19.5 delitos por cada mil habitantes.

Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 93.4 por ciento de los delitos cometidos en Veracruz no cuentan con una carpeta de investigación abierta o no fueron denunciados.