Aumenta la presión política ejercida contra del decreto que reformó el delito de ultrajes a la autoridad, tras la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue el 11 de marzo de este año cuando se publicó el decreto que modifica el delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal.

Asimismo, el 6 de abril de este año los diputados de oposición del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano recolectaron firmas para impugnar la inconstitucionalidad de dicha reforma penal, y se asentó en la Acción de Inconstitucionalidad 59/2021.

Inicialmente, la CEDH se negó a pronunciarse sobre la reforma en un comunicado emitido el 18 de marzo, a pesar de la presión que colegios de abogados a nivel estatal y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, luego de esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos cambió de postura y ahora demanda que las reformas al código sean revocadas, lo cual quedó registrada bajo el número 66/2021.