Un albañil y un recolector de basura, así como otros 4 implicados, permanecen en prisión tras ser vinculados a proceso por presunta corrupción en el DIF estatal, cuando Karime Macías Tubilla fungía como presidenta del patronato presuntamente mediante el uso de empresas fachada y prestanombres.

Sin embargo, este miércoles la exsubdirectora de Recursos Financieros del DIF estatal, Emilia Yasbé “N”, implicada en el caso, salió libre por orden de un juez de control.

Se trata de la primera exfuncionaria en dejar la cárcel tras ser ligada a desvíos por la cantidad de 112 millones 216 mil 820.36 pesos en el organismo asistencial durante el sexenio de Javier Duarte.

Por este caso Macías Tubilla, exesposa del mandatario, actualmente se encuentra en proceso de extradición.
A la fecha, de los 10 detenidos inicialmente por la Fiscalía, sólo permanecen en la prisión de Pacho Viejo, en Coatepec, 2 exfuncionarios y 4 presuntos empresarios y prestanombres:

En el caso de los exfuncionarios son el exdirector de Atención Vulnerable del DIF veracruzano, Julián Alberto “N”, así como el exsubdirector de Recursos Materiales del organismo, Víctor Manuel “N”, vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en su modalidad de asociación delictuosa. 

Los otros 7 presuntos accionistas o socios de empresas “fachada” eran Claudia “N”, Francisco “N”; César “N”, Teodosio “N”; Raúl Antonio “N”; Pedro Francisco “N” y Luciano “N”. 

Este mes de abril Claudia “N”, César “N” y Pedro Francisco “N” fueron liberados, en ejecución de sentencias de amparo en revisión emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal de Veracruz.

Los magistrados establecieron que se encontraban indebidamente sujetos a la medida de prisión preventiva, lo que también ocurrió en el caso de Emilia Yasbé “N”, quien dejó la cárcel durante la tarde de este miércoles.

ALBAÑIL Y RECOLECTOR, PRESOS

En julio de 2020, este medio expuso el caso de Francisco “N”, quien era recolector de Limpia Pública del Ayuntamiento de Veracruz y fue señalado como socio de una empresa presuntamente utilizada para acaparar contratos de proveeduría y defraudar al DIF veracruzano.

Francisco, según explicó su entonces abogado Alejandro Ahmet Vásquez, prácticamente es analfabeta, pero fue privado de su libertad y vinculado a proceso en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo.

El abogado refirió que un caso similar era el de Luciano “N”, trabajador de la construcción del puerto de Veracruz, a quien “un contador”, relató el defensor, le prometió cinco mil pesos a cambio de “firmar un papel”, según se expuso en medios de comunicación.

El 24 de abril de 2020, un juez de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Luciano y Francisco por el delito de fraude específico, mediante las empresas Abastecedora Romcru S.A. de C.V. y Ravsan Servicios Múltiples S.A., respectivamente.

CASO SE CAE EN TRIBUNALES

En abril del 2020  la Fiscalía General del Estado, bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, solicitó orden de aprehensión en contra de 25 exfuncionarios y presuntos empresarios, pero sólo logró la detención de 10 personas.

En el caso de Emilia Yasbé “N”, quien quedó libre este miércoles, había sido implicada en el Proceso Penal 116/2020, a cargo del juez de Control Gregorio Esteban Noriega Velasco. 

Presuntamente la exsubdirectora realizó contratos de compraventa de bienes y servicios con empresas diversas, acusadas de ser “fantasma”, las cuales, fueron utilizadas “para el saqueo de millones de pesos” en supuestos insumos para el DIF estatal.

Emilia Yasbé “N” recibió la protección de la justicia federal para que, por una parte, dejara sin efecto el auto de vinculación a proceso y por otra, subsanando todas las deficiencias presentadas tanto por la Fiscalía como por el propio juez, se dictara una nueva resolución.

La determinación del juez fue combatida por la FGE y la sentencia fue confirmada en el Amparo en Revisión 218/2020 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal con sede en Boca del Río, Veracruz.

Además, también se promovió un juicio de amparo contra la medida de prisión preventiva oficiosa que se pronunció en contra de la ex servidora pública, que también se dejó sin efecto, luego de ser acusada de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición.