Por denunciar presuntos actos de corrupción al interior del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Perote una trabajadora administrativa está en proceso de expulsión bajo el pretexto de “generar divisionismo sindical”.

Luz María Mota Hernández afirma tener temor porque no sabe cómo le va “a ir” cuando regrese a clases presenciales. Ello tras ser acusada de firmar actas de asamblea de manera irregular, con lo que buscan sustentar su salida de la organización.

Su caso ha llegado hasta el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) donde se le brindó acompañamiento jurídico ante la probable violencia que es ejercida en su contra por el líder de la organización: Jesús Montero García.

Esta no es la única vez que se han denunciado abusos de poder del líder sindical que se reeligió en marzo, pues ya antes, la trabajadora había acusado argucias legales para echarla de la institución al exigir transparencia en el manejo de los recursos y cuotas sindicales.

IVM CONOCE ACOSO

La trabajadora advierte que Luis de Jesús Montero García tiene “el poder absoluto”, al no existir otro sindicato que le haga contrapeso, pero también tiene claro que seguirá defendiéndose de ataques en su contra, a raíz de querer transparentar el uso de recursos que llegan a través de la institución.

Al respecto, narró que, entre otras cosas, es público que apoyos que deberían corresponder a todos los docentes, se quedan en los bolsillos de Montero García. Además, la empleada sostiene que se ha establecido un mecanismo para influir en los contratos a los que tiene acceso la escuela y redireccionarlas a su favor o de conocidos.

Igualmente, indicó que el líder ha hecho alarde de que el Tecnológico tiene dinero suficiente para hacer frente a todos los gastos que se van presentando en la escuela incluso en tiempos de pandemia.

Recordó que la cláusula 17 del Contrato Colectivo de Trabajo señala que “por ningún motivo” los líderes sindicales pueden afectar a los trabajadores, lo que también se lee en la propia Ley Federal del Trabajo; sin embargo, ello no ha frenado en sentido alguno el acoso en su contra.

“El sindicato está para protegerme, y él ya lo cambió. Yo no me le voy a arrodillar porque no es justo ni honesto lo que buscan hacer”, alerta.

Mota Hernández informó que ya se presentó ante el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) para exponer la presunta violencia a la que constantemente ha sido orillada.

“Él no se quiere ir del sindicato porque ya se acostumbró al dinero robado; ya sabe que todo lo va a manejar”.

Indicó que allí le ofrecieron asesoría legal para su caso, misma a la que accederá independientemente de las acciones ya emprendidas por su cuenta “porque entre más sean mejor”.

Señaló que, aunque para el líder sindical, la trabajadora ya está expulsada de la organización, lo cierto es que en el proceso de renovación de la planilla sindical pudo ejercer su derecho al voto, aunque fue electo quien ahora busca echarla.

“Checaron que si estaba en la lista y me dijeron ‘que vote’ y cómo se explica esto si ya estaba expulsada; son estrategias de esta gente”.

Dicho proceso, dijo, estuvo viciado porque Montero García prometió meter a trabajar al Instituto a familiares de quienes lo apoyaran, otorgar el escalafón correspondiente a los maestros, y así perpetuarse en el cargo.

TESTIMONIOS QUE COINCIDEN

Otro empleado del Instituto, quien pidió el anonimato, confirmó que existen diversas irregularidades en el Tecnológico de las cosas que están ocurriendo y que engloban, algunas, al sindicato.

El trabajador indicó que a Mota Hernández se le ha cumplido con sus obligaciones institucionales, pero es real que al interior de la organización están ocurriendo cosas al margen de la Ley, como el caso de Luz María.

“Un día levantó la mano y dijo que ella quería que le rindieran cuentas en el sindicato, que le dijeran dónde se iban sus cuotas sindicales, qué se hacía con el dinero de todas las prestaciones del contrato colectivo y obviamente el líder sindical se molestó.

“Y no solo un día levantó la voz, estuvo constantemente levantando la voz y exigiendo sus derechos como sindicalizada y un día el líder sindical dice que va a hacer una comisión de Honor y Justicia, la citaron para expulsarla”, dijo.

Agregó que, para asistir a esa reunión, la empleada pidió ayuda a la escuela y entró acompañada de personal institucional y en esa asamblea de la comisión, Luz María Mota fue víctima de ofensas y agresiones para luego dar por hecho que se le había expulsado.

“A ella la siguen acosando en el sentido de solicitar que se le quite su plaza y eso no se puede hacer porque es una plaza definitiva; solicitaron también que se le deje de quitar sus cuotas sindicales".

Refirió que incluso desde el sindicato se ha amenazado al director de la escuela y los trabajadores de que, en caso de no quitarle la plaza, se tomará como una intromisión a la vida sindical.

Agregó que existe una presión marcada por parte de la organización bajo el mando de Montero García y el contrato colectivo viola decisiones institucionales: “hay muchas irregularidades que violan los derechos de los trabajadores, sí me consta”, señaló la testigo.

Dijo que la organización sindical ha querido hacer cumplir “caprichos o beneficios personales” a través de diversas acciones, entre otras, emplazamientos a huelga en detrimento de la institución.

“CALUMNIAS”

El líder sindical salió al paso de las acusaciones en su contra señalando que son “calumnias y señalamientos dolosos y de mala fe” de parte de Mota Hernández.

Afirmó que la expulsión de la trabajadora corresponde exclusivamente a la asamblea general y los mismos estatutos le impiden intervenir.

Pero de este caso, tanto la afectada como la mujer que funge de testigo del caso, señalan la creación exprofeso de la comisión de honor y justicia, solo para expulsar a quien pidió rendición de cuentas.

Acerca de la emisión del voto de quien ya dan por eliminada del sindicato, Montero García señaló que “aun cuando existe un acta de expulsión por parte de la comisión de honor y justicia del sindicato y se realizaron los procesos de manera legal y legítima, conforme a Ley, esta misma en sus procesos no es tan rápida” para echar a la trabajadora “como nosotros quisiéramos”.

Incluso, criticó que la hoy acosada haya acudido a votar cuando “en asamblea” se le notificó su expulsión”.

IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL ORFIS

Cabe recordar que el Instituto Tecnológico Superior de Perote enfrenta una denuncia de parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por presuntas irregularidades en más de 2 millones de pesos.

Dichos desvíos tienen su origen entre los años 2016 a 2018. Sin embargo, el propio instituto ha iniciado sus procedimientos aparte de estas denuncias ya presentadas.

En apariencia, el Instituto ha ido regularizando el tema de los recursos y se enfrenta ahora sobre todo a laudos, emprendidos por un grupo de extrabajadores.

Sin embargo, lo cierto es que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como el ORFIS han procedido contra este y otros institutos por desvíos que suman 949 millones 949 mil 778.8 pesos, de los que no se reportan montos recuperados.

En sí, son en total diez denuncias contra los tecnológicos por desvíos que suman 320 millones 434 mil 813.3 pesos y el propio Gobernador, Cuitláhuac García, anunció que se hará una revisión de estas irregularidades perpetradas en administraciones anteriores.

Además, hay cinco denuncias más por mal manejo de 629 millones 513 mil 965.50 pesos en universidades, desviados sobre todo en la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares.