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TSJE deberá reinstalar a magistrado Dorantes Romero

  • Isabel Ortega
Isabel Inés Romero tiene un periodo de tres días hábiles, a partir del 24 de marzo, para reinstalar al magistrado Roberto Dorantes Romero

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero tiene un periodo de tres días hábiles, a partir del 24 de marzo, para reinstalar al magistrado Roberto Dorantes Romero. Si incumple se hará acreedora a una multa superior a los ocho mil pesos.

 

Un juez federal emplazó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a atender el amparo que se otorgó a Dorantes Romero para no obligar su retiro forzoso por cumplir 70 años, tal como lo marca la Constitución local.

 

La resolución, emitida el pasado 24 de marzo, se ordenó la reinstalación del magistrado y deberán ser pagadas las percepciones que hubieran dejado de cubrirse durante el periodo que estuvo separado del cargo.

 

Además, que se tendrá que respetar el periodo de nombramiento que se dio en noviembre de 2015 por un periodo de diez años.

 

Dorantes Romero fue destituido del cargo en julio del año pasado, al aplicarle el retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz por haber cumplido 70 años.

 

En la resolución se indica que se ordenó vincular al cumplimiento de fallo protector al Congreso del Estado y al Gobernador del Estado, los cuales fueron requeridos en el auto indicado y acorde por lo acotado por la Superioridad, lo cierto es que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no está exenta del cumplimiento de dicha sentencia, al haber sido concedido el amparo por los actos que a ella se le atribuyeron.

 

Dorantes Romero ya habría obtenido un amparo en el que se establecía que no podía ser removido del cargo por haber cumplido 70 años, desde el 2019, dado que el 22 de abril de ese año de manera verbal se le informó que hasta el 4 de mayo de la misma anualidad dejaría de fungir en el cargo de magistrado.

 

Su nombramiento se dio en el Congreso local el 27 de noviembre de 2015, en sustitución de Onésimo Fernández Campos, por un plazo de 10 años, por lo que el magistrado consideró que su destitución era violatoria a sus derechos.