El Gobierno del morenista Cuitláhuac García heredó una serie de recomendaciones por violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas, cimeras en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Se trata de casos que van desde la inadecuada atención y acceso a los servicios de salud, hasta detenciones arbitrarias o por privaciones ilegales de la libertad.

Tan solo en el bienio del panista, de 2016 al 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 150 quejas por abusos a este sector, la mayoría contra Ayuntamientos, pero también contra dependencias de la administración pública estatal como Seguridad Pública, Educación, Salud, entre otras, que derivaron en 22 recomendaciones.

Desde 2018, año en que asumió el cargo el gobernador Cuitláhuac García, se han presentado al menos 116 quejas en lo general ante la CEDH por violaciones a los derechos de pueblos originarios, algunas de las cuales todavía están en su fase de investigación ante el organismo.

FALLAN SERVICIOS DE SALUD

En un análisis efectuado a las recomendaciones emitidas por el organismo autónomo, se encontró que en la 151/2020 se reclama la falta de insumos médicos en el Hospital General de Papantla, ubicado en el norte de Veracruz, que derivó en afectaciones a la salud para una mujer indígena que vive desde hace casi cuatro años con una herida abierta que no le permite llevar a cabo sus actividades a plenitud, debido a la falta de insumos básicos para su intervención quirúrgica.

El 5 de agosto de 2017 la mujer fue intervenida en el centro médico seis días después de haber acudido con un dolor abdominal por un cuadro grave de obstrucción intestinal por hernia incarcerada; tras la intervención, la herida no sanó debido a que en el hospital no se contaba con una malla para recubrir sus intestinos y desde entonces su salud se ha deteriorado. 

Aun con ese desenlace, los médicos tratantes lo dieron de alta sin decirle que le habían perforado un intestino durante la cirugía y que no tuvieron una malla con características especiales para contenerlo, ello la obligó a regresar al hospital un mes después para una nueva cirugía que permitiera cerrar la herida; sin embargo le pusieron un catéter para drenar la herida, pero no se la cerraron; desde entonces la mujer acude a revisiones, pero los doctores ya no le dan esperanzas y se niegan a intervenirla nuevamente porque señalan que no hay nada que se pueda hacer.

La Comisión advirtió que la falta del material quirúrgico necesario provocó daños en la salud de la víctima, dado que además el personal médico asegura que es imposible intervenirla de nueva cuenta, puesto que de hacerlo la cirugía consistiría en cortar gran parte de su intestino ocasionando que esta adelgazara en exceso pudiendo provocar su muerte. 

Como consecuencia, la Secretaría de Salud deberá gestionar la atención médica necesaria de la mujer así como el suministro de medicamentos, terapia de rehabilitación y/o cirugías que requiera con motivo de los daños acreditados en su salud e integridad personal a causa de las violaciones a sus derechos humanos. Además, gestionar atención psicológica necesaria, y servicios jurídicos y sociales tanto a la afectada como a su hija.

Igualmente, el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz, deberá girar sus instrucciones correspondientes para que se inicie y determine una investigación interna, diligente, imparcial y exhaustiva para individualizar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados. Además, la Secretaría deberá pagar una compensación económica.

RETENCIONES ILEGALES CONTRA INDÍGENAS

La población indígena en Veracruz también se ha enfrentado a abusos policiales de parte de la SSP, cuyos elementos realizan incursiones a sus domicilios con uso excesivo de la fuerza o los detienen sin orden de aprehensión de por medio, no les informan ni sus derechos ni el delito del que se les señala.

En la recomendación 83/2020 la CEDH determinó que elementos de la Fuerza Civil realizaron la detención ilegal de un hombree indígena que le provocó afectaciones a la integridad personal y violación a la intimidad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El 28 de junio de 2018, la víctima estaba en su domicilio en el municipio de Tatahuicapan de Juárez cuando elementos de la Fuerza Civil de la SSP entraron a la fuerza, lo golpearon con la culata de un arma en los testículos y le exigieron a arrodillarse; a su esposa la encañonaron; todo ello mientras sus hijos observaban la escena.

El hombre les preguntó las razones de su detención y le dijeron que un hombre lo acusaba de secuestro; posteriormente, fue llevado a las instalaciones de la Fuerza Civil en Acayucan, en donde lo mantuvieron esposado varias horas y luego le dijeron que su detención había sido “un error de humanos” y lo liberaron, pero las secuelas de los golpes permanecieron.

En la recomendación se detalla que elementos de la SSP informaron sobre la conducta irregular de los policías de Fuerza Civil, y la Comisión señaló que se trató de una privación ilegal de la libertad, por lo cual la dependencia deberá pagar una compensación por los gastos médicos derivados de las diversas lesiones que presentó, así como iniciar un procedimiento disciplinario y/o administrativo contra los servidores públicos involucrados y coadyuvar con la FGE.

MENORES SOMETIDOS A CASTIGOS CORPORALES

Mediante la recomendación 19/2020, la CEDH advirtió que la SEV incurrió en violación de los derechos humanos de un estudiante indígena; el 21 de septiembre de 2017, un estudiante indígena de 13 años de edad de la Escuela Telescundaria “Enrique C. Rébsamen” en la localidad de Tenixtepec, en el municipio de Papantla fue agredido por parte del director encargado, ello luego de haberse subido a una asta bandera. El castigo consistió en un golpe en la cabeza, lo que le causó dolores intensos al menor.

En 2020 la Secretaría de Educación de Veracruz, ya en manos de Zenyazen Escobar García, informó a través del Director Jurídico que desde 2018 se había iniciado un procedimiento laboral interno contra el empleado; sin embargo, el supervisor escolar de la zona 73 con sede en Poza Rica determinó concluir el procedimiento porque el trabajador fue mal notificado, ya que fue citado en día inhábil.

La CEDH determinó que se violentaron los derechos del menor de edad a quien le causaron afectaciones psicológicas por el maltrato, además de daños en su salud, ya que el día de los hechos el docente portaba un anillo grande con el cual dio un “coscorrón” al menor luego de que subiera a media asta para verificar dónde estaba un balón de voleibol que durante la clase de educación física se había “volado”.

La Comisión determinó que la SEV no investigó el caso como debió porque la notificación errónea pudo subsanarse sin haber dejado de investigar, enviando con ello un mensaje de tolerancia e impunidad a estas conductas; además, como resultado, la SEV deberá pagar una compensación por los gastos derivados de atención médica y psicológica del menor y sus padres. Además de iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados.