La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) violó los derechos humanos de nueve diputados panistas en el marco de la remoción de Jorge Winckler como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la SSP violó los derechos humanos a la integridad personal, a la no discriminación y a la seguridad jurídica de los legisladores.

La violación se llevó a cabo durante la toma de las instalaciones de la FGE tras la remoción de Jorge Winckler y poner en su lugar a Verónica Hernández Giadans, actual fiscal general de Veracruz.

Según la recomendación 180/2020, los afectados son las diputadas María Josefina Gamboa Torales, Monserrat Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Íñiguez y María de Jesús Martínez Díaz.

Los diputados Sergio Hernández Hernández, Rodrigo García Escalante, Omar Guillermo Miranda Romero, Juan Manuel Unanue Abascal y Bingen Molina Rementería conforman al resto de las víctimas.

Fue la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, quien emitió la recomendación al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Según la recomendación, la SSP debe iniciar una investigación interna en contra de los servidores públicos involucrados en las violaciones de los derechos humanos de los diputados.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene un lapso de 15 días hábiles para aceptar o rechazar la recomendación de la CEDH.

El 3 de septiembre de 2019, los diputados panistas acudieron a las instalaciones de la FGE para impedir que Verónica Hernández Giadans tomara posesión como encargada de despacho.

La toma de las instalaciones fue hecha con el uso de la fuerza pública, mediante un operativo encabezado por Samuel López Leza, quien era director de Operaciones de la SSP.

Actualmente, López Leza funge como director general de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Los hechos se registraron luego de que el Pleno del Congreso del Estado removió a Jorge Winckler de su cargo como fiscal general.