Alcaldes de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD limitan el trabajo de sus compañeras mujeres. Sentencias de consejeros electorales, magistrados locales y federales, ponen en riesgo la postulación de los políticos a un nuevo cargo.

Desde el año 2019 han sido constantes las quejas de mujeres en la política, que han recurrido a juicios de protección de derechos políticos electorales, ante autoridades jurisdiccionales, o quejas ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), para castigar el actuar de hombres que intentan minimizar su trabajo, negarles información administrativa, despedir a su personal, o bajarles el salario.

En Veracruz el Tribunal Electoral ha emitido sentencias que acreditan que el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza; Zongolica, Juan Carlos Mezhua; de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros; Tuxpan, Antonio Aguilar Mancha; Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes; y Lerdo de Tejada, Hermas Cortés García, han violentado a mujeres en el cabildo. Las sentencias han sido ratificadas por la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las sentencias deben ser notificadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para ser incorporados al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), que limitaría la postulación de políticos veracruzanos. A nivel nacional dos políticos, uno de Querétaro y Campeche, ya están en el listado.

OPLE promueve acciones para detectar violencia política 

Recientemente el Organismo Público Local Electoral (OPLE) intervino en el caso de Córdoba, que involucra a la alcaldesa Leticia Landero y José Abella, dueño del Buen Tono y Radio Banana, quien ya fue candidato a alcalde y diputado federal. El comunicador ha insultado a la panista y ha generado una situación de riesgo por comentarios y publicaciones en redes sociales.

Este miércoles 25 de noviembre recibió una queja de la diputada local Mónica Robles Barajas, dueña del corporativo Imagen del Golfo. Denunció violencia política de género un medio de comunicación, propiedad del exmagistrado Edel Álvarez Peña, que la señala de tener vínculos con el crimen organizado. 

¿Qué dice la ley?

El código electoral establece -en su artículo 4 bis- que en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral se regirán por el principio de la no violencia. 

El Organismo Público Local Electoral del Estado Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas establecerán mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

Se incurre en una violación cuando se limita el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, o su función en el ámbito público. 

E Consulta presenta los casos de los alcaldes que han sido denunciados y autoridades jurisdiccionales han determinado que incurren en violencia política de género:

1.- Ernesto Ruíz Flandes, alcalde de Altotonga 

El 06 de agosto la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la sentencia del tribunal local, que determinó que el alcalde de Altotonga Ernesto Ruíz Flandes, postulado por Movimiento Ciudadano, incurre en violencia política contra la regidora quinta María Elena Baltazar Pablo.

El presidente municipal obstaculizaba el ejercicio de su cargo, al informar de manera deficiente las convocatorias a las sesiones de Cabildo. La queja fue reiterada de parte de Baltazar Pablo que desde junio del 2019 presentó un juicio político, en esa ocasión el TEEV determinó que el alcalde no era omiso en su obligación de convocarla debidamente a sesión de cabildo.

Cuando la actora recurrió al poder judicial federal, se pidió a los magistrados locales revisar nuevamente la sentencia, pues había indicios de violencia política en razón de género y desde el 2019 se validó la primera queja contra el alcalde.

El 12 de noviembre, el tribunal electoral revisó el jucio ciudadano 522, la regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga se quejó nuevamente ya que no fue convocada a la sesión de Cabildo el 14 de agosto.

Como medida de no repetición, en la sentencia se determinó dar vista al Consejo General del OPLE para que determine la sanción que corresponda en contra del Presidente Municipal; a la Fiscalía General, para que investigue, y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que revise la posibilidad de ingresarlo al registro de personas sancionadas.

2.- Víctor Carranza, alcalde de Coatzacoalcos 

Desde el 2019 el alcalde de Coatzacoalcos Víctor Carranza, postulado por Morena, fue señalado de actos de misoginia de parte de la síndica Yazmín Martínez Irigoyen. Al igual que en el caso de Altotonga, los magistrados federales pidieron a la autoridad local revisar una primera sentencia y se determinó que el munícipe incurría en violencia política de género.

En el informe que remitió Carranza Rosaldo a la autoridad jurisdiccional señala que “la Síndica se presenta como una mujer víctima indefensa, sin serlo” y puso en duda la dignidad y moralidad de la Síndica, aborda su vida íntima y la acusa de deshonestidad.

La Sala determinó dar vista al OPLE, a la Fiscalía General para investigar los hechos denunciados por la síndica ante los indicios del contexto de violencia que prevalece en el Cabildo de Coatzacoalcos. Y notificar al INE la sentencia. 

La violencia del alcalde también la denunció la regidora 11, Blanca Hilda Cuevas Rosado quien presentó el juicio 36/2020. En ese caso se acreditó que Carranza Rosaldo violó el derecho a la igualdad y de ejercer el cargo de la regidora. La sentencia se emitió el 20 de septiembre.

3.- Síndica de Coatzacoalcos también incurre en violencia política 

Yazmín Martínez Irigoyen, síndica de Coatzacoalcos, fue acusada por la directora de Contabilidad del Ayuntamiento, Yolanda Sagrero Vargas, de incurrir en violencia política. 

La funcionaria acusó que Martínez Irigoyen incurrió en maltrato, humillación, hostigamiento, acoso laboral, mobbing y violencia política en razón de género en su contra.

Por lo anterior, los magistrados de la Sala Regional del (TEPJF) apoyaron la sentencia de los locales, y determinaron notificar a las autoridades competentes, en especial al INE.

4.- Juan Antonio Aguilar Mancha, alcalde de Tuxpan

El 13 de agosto del 2020, la Sala Regional validó dos sentencias del TEEV en las que se observa el actuar del alcalde panista Juan Antonio Aguilar Mancha, fue denunciado por la síndica Areli Bautista Pérez y la regidora quinta Beatriz Piña Vergara.

Las actoras señalaron al presidente municipal, contralor interno, secretario y tesorero del municipio de inhibir el derecho de petición de la síndica, luego de que Aguilar Mancha le pidió no girar oficios pidiendo información a los funcionarios municipales, pues -según él- no tenía atribuciones.
 
Durante la disputa, el alcalde ordenó el despido y desalojo a funcionarios de la sindicatura. También se liquidó a personal de la regiduría quinta, lo que afectó la función de las dos políticas, les bajo el salario y se incumplió con el pago de aguinaldo.

El TEEV ordenó al panista cubrir los pagos pendientes, y en caso de ser necesario, pagar la terapia sicológica a las ediles, en caso de ser necesario. En ese caso no se dio parte al INE o al OPLE. 

5.- Javier Castillo Viveros, alcalde de Alto Lucero 

La síndica del ayuntamiento de Alto Lucero, María Griselda Mora Fernández, denunció violencia política en razón de género de parte del alcalde Javier Castillo Viveros, al obstruir sus funciones y reducir el salario.

Se confirmó también que el presidente municipal de Alto Lucero omitió el nombre de la síndica en las convocatorias de los asuntos a abordar en las asambleas, además que no le permitió grabarlas.

El pasado 16 de octubre, se emitió la sentencia del TSJE en la que se acreditó la violencia política y se determinó tomar medidas cautelares.

6.- Hermas Cortés García, alcalde de Lerdo 

La Sala Regional Xalapa del TEPJF también reiteró que la síndica Grecia Nataly Alvarado González y la regidora Lizbeth Hernández González, del ayuntamiento de Lerdo de Tejada, fueron víctimas de violencia de género.

Dichas funcionarias sufrieron violencia política en razón de género por parte del alcalde de Lerdo de Tejada, Hermas Cortés García y de titulares de áreas como la Secretaría, la dirección de Obras Públicas y el Órgano Interno de Control.

Los magistrados de la sala regional ordenaron al presidente municipal, el secretario, el tesorero, el director de Obras Públicas y el titular del Órgano Interno de Control abstenerse de realizar actos de obstaculización y amenazas de cualquier tipo en contra de la síndica y la regidora.

7.- Juan Carlos Mezhua, alcalde de Zongolica 

El 01 de octubre del 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó que se cometió violencia política por razón de género contra la regidora del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, Arely Tezoco Oltehua.

En sesión pública ordenaron a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz emitir medidas de protección para Tezoco Oltehua y su familia. El 10 de septiembre la Sala Regional Xalapa acreditó la obstaculización del cargo de la regidora, y descartó acoso laboral, así como violencia política por razón de género.

Tras estudiar el caso, el TEPJF determinó que el presidente municipal ejerció violencia política por razón de género, por lo que deberá garantizar la medida de reparación inmaterial a la regidora con atención médica y psicológica para su rehabilitación.

Como medida de no repetición se pidió al Instituto Veracruzano de las Mujeres implementar un programa integral de capacitación y sensibilización a funcionarios municipales del Ayuntamiento.