Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron con ocho votos el decreto 576 que promulgó la reforma electoral que impulsó el partido Morena en Veracruz, y que, según líderes partidistas, generaba condiciones de inequidad para las elecciones del 6 de junio del 2021. 

La decisión de la mayoría de los ministros se basó en que los legisladores de mayoría violaron el proceso legislativo y no se consultó a los pueblos originarios, sobre la posibilidad de hacer cambios en la forma en cómo eligen su autoridad.

Con la determinación, se dio reversa al decreto que obligaba a la desaparición de 209 consejos municipales, por lo que se habrán de instalar los 212, así como 30 distritales.

El Organismo Público Local, tendrá que retomar la ministración de las prerrogativas al 100 por ciento a todos los partidos políticos nacionales y estatales para el cierre del 2019 y durante el 2020, lo que tendrá un impacto en el presupuesto para dicho órgano.

“Existen violaciones en el proceso legislativo para invalidar de manera total el proceso (…) del análisis de distintos elementos se concluye que la falta oportuna del dictamen y la dispensa de la lectura impidió que se cumpliera con la deliberación parlamentaria”, argumentó el ministro ponente, José Luis Alcántara.

Las reformas a la constitución se publicaron en la Gaceta Oficial el 22 de junio de 2020, el Pleno determinó que el contenido del decreto impugnado incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado.

“Las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos”, detallaba el boletín de la SCJN.

El pleno determinó el restablecimiento de la vigencia, de las normas anteriores, las cuales no podrán ser reformadas durante el proceso electoral próximo, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales.

Las acciones de inconstitucionalidad las presentaron los partidos: Podemos, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano.

La historia 

El 3 de mayo, al inicio del periodo ordinario, el partido Morena presentó una propuesta de reforma a la Constitución que planteaba cambios en la forma de organizar y calificar la elección local de junio del 2021, cuando se habrán de renovar las 212 alcaldías y las 50 diputaciones locales.

En las adecuaciones se propuso reducir el financiamiento público a los partidos políticos en un 50 por ciento; blindaba al gobernador Cuitláhuac García, al establecer que no se podría someter a consulta popular la permanencia de autoridades electas por el voto

Además, eliminaba 209 consejos municipales, por lo que las elecciones las debían organizar y calificar 30 consejos distritales y 3 especiales, que se ubicarían en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. Se modificaba el periodo de elección de los alcaldes a tres años, y se daba paso a la reelección por otro periodo similar.

La propuesta del partido en el poder obligaba a cambiar el sistema de impugnación de las elecciones, incluso, planteaba el voto electrónico. Sin embargo, cuando se presentó el dictamen, se eliminaron algunos planteamientos originales.

Oposición critica la reforma

La intención de modificar la carta magna generó serias críticas de la oposición que se integró en un bloque opositor (PAN-PRI-PRD) que planteó que el partido mayoritario buscaba debilitarlos. 

Si bien se quejaron del recorte a las prerrogativas, tomaron como principal argumento de impugnación el blindaje a García Jiménez y que ponía en riesgo la paquetería electoral al obligar su traslado desde los municipios hasta las cabeceras distritales, lo que restaba certeza a la elección.

Se publicó una carta abierta, apoyada por las dirigencias nacionales, en las que se acusó que Morena en Veracruz se aprovechaba de la pandemia generada por el coronavirus Covid-19 para preparar una elección de estado.

“Veracruz se ubica en el tercer lugar nacional en casos confirmados de Covid y aun así en medio de toda esta emergencia sanitaria y económica el sábado 2 de mayo en sesión ordinaria de la Legislatura fue presentada por la fracción legislativa de Morena una reforma electoral conteniendo tema solamente discutidos y analizados hacia el interior de dicha fracción", denunciaba el desplegado.

Morena y aliados aprobaron la reforma 

El 12 de mayo se sometió a votación del pleno el dictamen que se aprobó por mayoría y diputados aliados que fueron expulsados de los partidos en los que militaban o los postularon a la representación popular, como una reacción a su “traición”.

El dictamen se circuló minutos antes de la reunión de trabajo, por lo que desde tribuna se pidió aplazar la reunión o dar tiempo para revisar qué se estaba votando toda vez que no se conoció a fondo el acuerdo y tenía cambios a la propuesta original.

Morena no escuchó la petición que hizo el diputado Omar Miranda, y se sometió a votación el paquete de cambios a la constitución que se aprobó con 34 votos en favor y 14 en contra.

Para lograr la mayoría calificada Morena recibió el apoyo de Rodrigo García Escalante (PAN), Andrea Yunes Yunes (PVEM), Antonio García Reyes (PRI), así como Alexis Sánchez García (MC), y Gonzalo Guízar Valladares.

La perredista Brianda Kristel Hernández Topete, se abstuvo de votar, fueron en contra Erika Ayala Ríos, Jorge Moreno Salinas, ambos del PRI, y 13 legisladores de Acción Nacional.

Las dirigencias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron la expulsión de los tres diputados que, sin atender la recomendación de los líderes en Veracruz, apoyaron a Morena, Se quedaron sin el aval partidista Rodrigo García, Antonio García, y Alexis Sánchez.

Segob presiona para lograr el aval de los Cabildos

Para que la reforma cobrara vigencia era necesario el aval de la mitad de los cabildos más uno -107- y así entraría en vigor y se tendría que adecuar el código electoral para regular los cambios. Morena estaba contra el tiempo, pues se tenía hasta el 10 de agosto para modificarlo.

Para lograr el respaldo, denunciaron líderes partidistas, desde el Congreso, así como la Secretaría de Gobierno se empezó a presionar a los alcaldes para obligarlos a firmar las actas de cabildo.

La presión y la intervención del Ejecutivo, denunció el PRI, incluía a la SSP que en patrullas del estado llevó a los municipios el acta ya redactada solo para ser firmadas y votadas en Cabildo.

Alcalde reciben camionetas adaptadas para discapacitados 

En el cabildeo de la reforma el diputado Juan Javier Gómez Cazarín y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros difundieron una fotografía en la que se ve a los alcaldes de Acula, Felipe Cadena Barradas; Tlacotalpan, Cristian Romero Pérez; de Carlos A. Carrillo, Francisco Javier Molina Arrioja; a la Síndica de Rodríguez Clara, Rubí Juárez Osorio; de Tuxtilla, Froylán Esteban Rendón; y de Ixmatlahuacan, Guadalupe Serrano Anaya, de visita por el Congreso local, y por el DIF.

En el caso del presidente de la Jucopo, detallaba que los alcaldes habían acudido a palacio legislativo para hacer entrega de las actas de cabildo.

Eric Cisneros difundió  la entrega de vehículos adaptados a los mismos alcaldes, se encontraban en la sede del DIF estatal, por lo que se asumió como un pago a su respaldo.

Algunos documentos, que avalaban los cambios, no tenían la firma de la mayoría, por lo que se pidió al Congreso la entrega de las 127 actas con las que se validó la reforma. 

“Se ha solicitado al Congreso Local, que se entreguen las actas certificadas de los cabildos, con el fin de que se acredite que todo el proceso se ha realizado respetando la ley”, denunciaron en conferencia de prensa dirigentes del PAN, PRD y PRI el 12 de junio, previo a la votación.

El 6 de agosto se confirmó que seis partidos de los 11 con registro nacional y estatal impugnarían la reforma electoral, por considerarla inconstitucional, PRI, PRD, PAN, Podemos y Todos por Veracruz, y Movimiento Ciudadano pidieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy echo atrás la reforma.