Diputados de todas las fracciones parlamentarias de las 65 Legislatura calificaron al titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco, como el mejor ejemplo del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez y del servicio público.
 
“Quiero unirme al reconocimiento de su trabajo”, era la frase con la que iniciaban su participación diputados locales del PAN, Morena, PRI y legisladores “independientes” o sin partido.
 
A diferencia del secretario de gobierno Eric Cisneros, quien invitó a 76 alcaldes de Veracruz, Lima Franco convocó a titulares de órganos autónomos y más de una veintena de representantes populares asistieron a la comparecencia que se prolongó por más de 5 horas.

Desde su mensaje puntualizó que Sefiplan reorientó más de mil 100 millones de pesos para atender la contingencia sanitaria que generó el virus Sars CoV-2.

El dinero público se redirigió a la Secretaría de Salud, más de 940 millones de pesos; a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 100 millones para apoyar a Pymes; a la Sedesol, 57 millones para apoyos a trabajadores; y la Secretaría de Trabajo, 80 millones para el programa de empleo temporal.

El funcionario puntualizó que Veracruz fue reconocido a nivel nacional por el manejo de la deuda pública y la reestructuración de los créditos bancarios que generaron un ahorro de 3 mil millones de pesos.

En la sesión de preguntas y respuesta el primero en “reconocer” el trabajo del funcionario estatal fue José Manuel Pozos Castro, papá del Subsecretario de Finanzas y Planeación, José Manuel Pozos del Ángel.

El “orgulloso” papá cuestionó sobre la posibilidad de contratar un crédito bancario para que los Ayuntamientos pague los 2 mil 400 millones que se tiene como pasivo por la bursatilización de la tenencia vehicular.

Lima Franco explicó que se requiere “madurez política” para que los 199 municipios, que recurrieron a dicho mecanismo para obtener recursos para obra pública, acepten el apoyo del gobierno, como deudor solidario, para contratar un crédito simple para pagar los pendientes y liberar el 30 por ciento de sus ingresos anuales. 

 A pesar de que fue la primera pregunta que recibió, Pozos Castros agradeció las “respuestas contundentes” a los cuestionamientos de la comparecencia del responsable de las finanzas públicas.

La segunda en preguntar al titular de Sefiplan, fue la panista María Josefina Gamboa Torales, quien antes de formular algún cuestionamiento agradeció a Lima Franco su atención a las peticiones que hizo a nombre del gobierno del panista Fernando Yunes Márquez.

La panista reconoció la labor del funcionario de Morena: “antes quisiera agradecer la disposición que siempre ha tenido con una servidora, cuando hemos acudido a atender diversos temas gestiones del municipio, ha habido secretarios que ignoran que nuestra labor es gestionar a nuestros municipios”.

Sin embargo, dijo, hay algunos otros -como Lima Franco- que los reciben y atiende sus peticiones y gestione en beneficio de municipios. 

Aunque la panista hizo preguntas relacionadas con la ministración que se hará a la UV, en ese sentido, el funcionario explicó que se va a garantizar el subsidio estatal que corresponde a un porcentaje de libre disposición. Veracruz está en el top 10.

María Josefina Gamboa, también le pidió puntualizar si tiene algún programa para reactivar la economía y apoyar a las pequeñas empresas, pues son las que generan un importante número de empleos, y miles de familias dependen de ello.

La camaradería de la legisladora la llevó a comentar que, sí no tenía los datos a la mano, bastaba con que el funcionario estatal remitiera por escrito, en un plazo no mayor a 48 horas, los programas para reactivar la economía del estado. 

“Si me lo pidiera mandar por escrito, entiendo que el tema de las cámaras empresariales no es algo que pudiera tener por escrito”, explicó.

El funcionario respondió que, sí han pensado apoyar, sin embargo, destacó que se tendrá que trabajar con el Gobierno Federal, pues gran parte de los ingresos del estado -7 mil millones- se destinan al pago de deuda y -3 mil millones- para pensiones, por lo que si se quiere dinamizar el empleo se tiene que apostar por la infraestructura y detonar el sector de la construcción.

Para eso, van a invertir mil 100 millones de pesos para generar obra social, y la otra parte es detonar el puerto de Veracruz, la petroquímica y la refinería, “para dinamizar al Estado”.

El tercero en la primera ronda fue el priista Antonio García Reyes, quien preguntó sobre los “moches” que se cobran en algunas dependencias para validar facturas pendientes de pago, “quiero preguntarles qué criterios se aplica las ejecutoras con las que se tiene facturas pendientes (…) qué medidas se tiene para evitar los llamados moches”.

La pregunta del diputado “aliado” recibió como respuesta que sí se han detectado casos, por lo que la propia Contraloría General ha iniciado procesos administrativos contra algunos funcionarios por presuntos actos de corrupción.

“Si, desgraciadamente es un tema que estamos trabajando con la Contraloría General del Estado (…) para un pago interfieren muchas áreas y, a veces algunos se ofrecen como gestores, pero estamos tratando de luchar contra eso”.

El funcionario dijo que tiene pendiente el pago de mil 500 millones de pesos pendiente de pago de laudos laborales; otros 2 mil 500 de primas de maestros que murieron y no se cubrió el seguro de vida; además de otros 800 millones de pesos pendientes para municipios que ganaron controversias, porque en el periodo del Duartismo, no se transfirieron recurso.

El gobierno del estado tiene una deuda con la banca privada de 41 mil 191 millones, y se mantendrá la contratación de pasivos en tanto persista un déficit financiero en las finanzas públicas.
 
Sobre los adeudos que se mantiene con proveedores y prestadores de servicio, del periodo de Javier Duarte, explicó que les ha llegado una cascada de notificaciones de sentencias que les obligan a pagar millones de pesos a empresarios.

Eso ha generado que algunos funcionarios de despacho, incluso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pueda ser removido de su cargo si la Sefiplan no paga las sentencias judiciales.