La negativa de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta, a sesionar podría derivar en un juicio político o declaración de procedencia para separarla del cargo e inhabilitarla de la función pública.

La constitución local, en su artículo 77, establece que los magistrados serán sujetos a juicio político por irregularidades en la función pública.

Según la ley de juicio político, en su artículo 12, detalla que es procedente el enjuiciamiento cuando la actuación de los servidores públicos afecta los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho. 

Cuando se afecta los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho ante la violación sistemática a los planes, programas o presupuestos, así como a la normativa aplicable a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos, según el artículo 13.

También cuando se da la usurpación de atribuciones; o ante acción u omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución Política o a las leyes del Estado, cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el funcionamiento de los entes públicos.

La declaración de procedencia sería a solicitud de la Fiscalía General, ante la denuncia ciudadana o querella, bajo su responsabilidad y acompañado de elementos de prueba, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos mencionados en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado.

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

El representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, Humberto Oliverio Hernández Reducindo convocó a una sesión del Consejo de la Judicatura, con la intención de que la magistrada presidenta Sofia Martínez Huerta, rinda cuentas sobre el manejo del recurso público y la adscripción de los nuevos togados.
 
El consejero solicitó la reunión este 13 de octubre, haciendo uso de las atribuciones que da la ley, y exigió que ésta se transmita por la página del Poder Judicial o alguna red social para que se transparente el actuar de dicha soberanía. Sin embargo, la magistrada no se presentó.