La Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan) puede iniciar un procedimiento administrativo contra los servidores públicos de gobiernos anteriores que hayan incurrido en presunta omisión que derivó en la violación al derecho de la seguridad jurídica (debido proceso) de los proveedores y acreedores del Poder Ejecutivo.

El abogado de empresarios afectados, Juan José Llanes Gil, abundó que en caso de que lo amerite, Sefiplan deberá promover la correspondiente queja ante la Contraloría General del Estado, para que esta promueva una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

"Tendría la Sefiplan que hacer las denuncias correspondientes ante la Contraloría, si la Contraloría encuentra responsabilidades administrativas está obligada a presentar las denuncias ante la Fiscalía. Ya no es optativo. Si hay responsabilidades tienen que haber denuncias", señaló.

Cabe recordar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 155/2020 dirigida a la Sefiplan, al probar que la dependencia incurrió en la omisión de revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración pública 2010-2016 con empresarios y contratistas.

Lo anterior como parte de los procesos que implementó la dependencia para comprobar la deuda que reclamaban los empresarios.

Derechos Humanos estableció que la propia Sefiplan no cumplió el acuerdo con fecha 27 de septiembre de 2017 emitido por Miguel Ángel Yunes Linares con dicho propósito.

La recomendación, que fue presentada este día por el abogado Juan José Llanes Gil y el empresario Jesús Castañeda Nevárez, advierte que Sefiplan sólo dio inicio al procedimiento instaurado por las víctimas asignándoles un número de folio para que pudieran consultar el avance, requerimientos o resultado de la validación de sus adeudos. 

"A más de dos años (a partir de la primera solicitud por parte de las víctimas) la Sefiplan no ha dado ninguna respuesta", indica la resolución de la CEDH.

Entre las recomendaciones de dicho documento se solicita a la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, y además da pie a que la dependencia pueda proceder contra los exfuncionarios del Gobierno de Yunes Linares según Juan José Llanes Gil.