Xalapa, Ver. – El mes pasado el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) generó polémica por las diferencias entre actores políticos que integran el Consejo de la Judicatura, órgano de dirección del Poder Judicial, y por el nombramiento de seis magistrados, que incluyen a Aileth García Cayetano, hermana de la diputada federal Dorheny García Cayetano, persona cercana al gobernador Cuitláhuac García.

En la disputa por el control del Poder Judicial también está involucrado el Congreso local, que estaba impedido para hacer nuevos nombramientos, por la suspensión provisional de un amparo, que otorgó un juez federal a Gladys Pérez Maldonado, a quien le venció su nombramiento el 31 de julio.

Otro juzgador federal pidió al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rubén Ríos Uribe, revisar los errores que llevaron al retiro de Marco Antonio Lezama Moo, por cumplir el requisito de edad para separarse de la magistratura, al llegar a los 70 años.

El 31 de julio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, emitió un acuerdo, en el que determinó suspender labores del 03 hasta el 14 de agosto en todas las modalidades, incluso virtual, en lo que respecta a asuntos civiles, familiares, mercantiles y penales.

En el documento que entregó a las áreas operativas, juzgados y distritos judiciales, detalla que lo emite en calidad de representante del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que aseguró, no se encuentra constituido legalmente en uso de sus facultades.

El 15 de julio representantes del Consejo de la Judicatura se reunieron para remover del cargo a la Secretaria General de Acuerdos, Mayra Angélica Martínez Juárez, familiar de Sofía Martínez; y a la Subdirectora de Recursos Humanos, Rosa María Jiménez Abud. El grupo lo encabezó Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representante de la 65 Legislatura en el poder judicial.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, justificó las diferencias y el albazo a la magistrada, al asegurar que ese tipo de casos se presentan cuando hay cambios, “es lo normal yo entiendo, pero por fortuna hay diálogo; lo que entendí es que van a llegar a un acuerdo a lo interno, son cuestiones internas que ellos verán. Hay nuevos y tendrán que llegar a los consensos”, dijo en entrevista.

Al hablar sobre los nombramientos que fueron ratificados, incluso por diputados de Acción Nacional -del grupo Yunista- explicó que era importante retomar el camino y sobre todo que las personas que se sumen al trabajo de administrar justicia sean personas con carrera judicial y no se tratare cambios “políticos”.

“Observé las peticiones que me hicieron llegar; busqué la forma de integrar propuestas (…) y que cumplieran con ese requisito de haber estado en el poder judicial federal o estatal, que su formación estuviera ahí”, dijo en entrevista en la Televisora Estatal.

Ante los amparos tramitados, explicó que hay resistencia de quienes formaban parte del sistema del pasado, “no nos espantamos, lo que hecho es actuar apegado a la ley, y de ahí, mandar un mensaje para que otro poder nos ayude a la transformación” platicó.

Congreso no atienden amparos

El Juzgado Décimo Octavo de Distrito dio un plazo de 24 horas al Congreso del Estado y al presidente del Legislativo, Rubén Ríos Uribe, para rectificar los errores en los que incurrió al obligar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo al retiro forzoso al cumplir 70 años. El acuerdo se emitió el 27 de julio.

El 29 de julio se publicó en estrados el cuadernillo 271/2020 en el que se concedió de forma provisional suspender la selección, designación y toma de protesta de un nuevo magistrado que ocuparía su plaza, sin embargo, el Congreso local no atendió el requerimiento y nombró a Alma Rosas Flores Ceballos en su lugar.