Xalapa, Ver.- Un Tribunal Federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión a Javier Duarte de Ochoa, misma que fue impuesta desde 2018 al exgobernador de Veracruz, pero se revocó el decomiso de más de 40 propiedades presuntamente ligadas a él.

Lo anterior de acuerdo con un información publicada por Animal Político, donde de detalla que entre las propiedades se encuentran 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, CDMX, Estado de México y Guerrero.

Además 21 bienes ubicados en terrenos ejidales en Campeche; la revocación de bienes era parte de la condena que adquirió por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Fue la Magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, dictó como legal el proceso penal en el que Duarte de Ochoa se declaró culpable.

Sin embargo, la revocación del decomiso se dio luego de que la magistrada expusiera que se trata de propiedades de otros procesados, y que, al no recibir condena, deberán esperar hasta el cierre del caso.

Porras Odriozola reiteró que las pruebas que fueron aportadas a la PGR confirmaron que el exgobernador Duarte de Ochoa participó en el armazón de empresas fantasma y desvío de recursos de erario público.

La apelación en contra de la sentencia fue solicitada por Javier Duarte desde el 26 de septiembre de 2018, sin embargo, a decir de la magistrada, Duarte de Ochoa aceptó denunciar a su derecho a defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del ministerio Público.

“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, señala Animal Político citando el fallo.

Asimismo, Porras Odriozola consideró correcta la multa que se le impuso, por 58 mil 890 pesos, además de la amonestación verbal dictada y la pérdida de sus derechos políticos.

Con información de Animal Político