Xalapa, Ver. - Diputados locales promueven una reforma a la ley de Desaparición de Personas que permitiría la permanencia de siete de los 13 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que es un órgano ciudadano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades que forman parte del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de esta Ley y la Ley General.

Este sábado se planteó que las personas que integran dicho grupo de trabajo pueden permanecer por tres años, y no se dará la renovación escalonada de sus integrantes, tal como se planteó cuando se promulgó la ley.

En los artículos transitorios de la iniciativa, que se turnó a comisiones, establece que quienes fueron nombrados por dos y tres años, se mantendrán hasta el 22 de enero del 2022, fecha en la que se realizará la renovación respectiva.

Solo en el caso de los que ya concluyó el periodo de nombramiento, el pasado 18 de enero, permanecerán en el ejercicio de sus funciones en tanto que el Congreso del Estado realice los nombramientos de las personas que cubrirán las vacantes respectivas, que serán nombrados por tres años.

De acuerdo con la ley, el Consejo Estatal Ciudadano está integrado por: dos familiares de personas desaparecidas por cada una de las tres regiones del Estado: Norte, Centro y Sur; tres especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

El 17 de enero del 2019 rindieron protesta:  María Celia Torres Melo y Ramón López Anaya de la zona norte, Rosalía Castro Toss y Marcela Zurita Rosas, de la zona centro, y Lenin Enríquez Orozco de la zona sur.

Como especialistas en el tema: José Casas Chávez por el área forense, Teresa Anaís Palacios Pérez por búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, y Alejandra Jiménez Ramírez para el área de protección y defensa de derechos humanos.

En tanto, los representantes de las organizaciones civiles son: Jesús Granada Bautista, integrante de la agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl, y Marcela Flores Dionisio de la asociación Servicios y Asesoría para la Paz.

Se venció el periodo de nombramiento de un año para: Rosalía Castro Toss (Familiar Zona Centro), Rosa de Belén González Medrano (Familiar Zona Sur), Alejandra Jiménez Ramírez (Especialista en Protección de Derechos Humanos), María Elena Gutiérrez Domínguez y Jesús Granada Bautista de ONG.

Fotografía de El País