Xalapa, Ver.- A solo seis meses de que fue nombrado como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Alfredo Lizárraga Corona, exregidor del PAN, ha iniciado procesos legales contra funcionarios municipales, diputados e integrantes de órganos autónomos vinculados a Acción Nacional.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, creada en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes, ha solicitado órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y exdiputados, sin embargo, solo dos mujeres, Yolli García Álvarez, excomisionada del IVAI, y Lucero Barradas Palmeros, exsíndica de Actopan, están tras las rejas.

Los abogados de las dos exfuncionarias coincidieron en señalar que los delitos que se les imputa: abuso de autoridad, coalición, ejercicio indebido de funciones, e incumplimiento de un deber legal, no son graves, por lo que podrían llevar el proceso en libertad.

En cambio, siguen evadidos de la justicia José Paulino Domínguez, exalcalde de Actopan; Jorge Winckler Ortiz, quien fue destituido definitivamente este jueves 26 de marzo; y contra el diputado local Erik Aguilar López, desaforado el pasado 04 de marzo, por participar en la sustracción de un cuerpo de la clínica de Alto Lucero.

El encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Alfredo Lizárraga Corona, nombrado el 11 de octubre, inició una cacería contra excompañeros o personas afines en el partido en el que militó, y que lo llevó a un cargo de elección popular.

Por otro lado, archivó las denuncias que vinculan a actores de Morena, en actos, que según diputados del PAN, están al margen de la Ley, tal fue el caso de la compra y renta de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública.

Lizárraga Corona, era gente de confianza de Domingo Bahena, otro expanista que se sumó al partido de izquierda y que hoy es Secretario General del Congreso de Veracruz. En 2016 rompió públicamente con el partido tras la imposición de Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a gobernador.

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Fiscalía solo encarcela mujeres

La detención tanto de Yolli García Alvares como de Lucero Palmeros Barradas, ambas en la capital del Estado, valió dos sorprendentes operativos de parte de elementos Ministeriales, a pesar de que las dos mujeres no opusieron la menor resistencia ante las órdenes judiciales.

En el caso de la exsíndica de Alto Lucero, previo a que se votara su desafuero, ya había trascendido su detención en una plaza comercial en las inmediaciones del Congreso, lo que limitó su defensa ante diputados locales.

La panista tenía fuero constitucional, por lo que su detención se tendría que llevar acabo después de la votación del pleno para separarla del cargo, policías ministeriales complementaron la orden de aprehensión 75/2020.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, pidió al Congreso del Estado separar al alcalde José Paulino Domínguez y a la Síndica Lucero Barradas de sus cargos por la asignación irregular de plazas, el destino de un millón 315 mil pesos, así como por la expedición de varios cheques o transferencias electrónicas de la caja chica de la Tesorería.

Entre el listado de personas que recibieron recursos del Ayuntamiento se encuentra Enrique Utrera Ortiz a quien se le hicieron más de 30 transferencias electrónicas por un monto de 572 mil pesos, para la compra de material de construcción.

A Ceferino Pérez Martínez, quien era cabo de una obra en la cabecera municipal y se le transfirieron poco más de 600 mil pesos.

En su momento el alcalde y la síndica responsabilizaron a los extesoreros Pedro Benítez Domínguez y María Nelly Alarcón Gil de los pagos, y denunciaron a Lizárraga Corona de protegerlos.

El 05 de marzo, la jueza de Control, Ludivina García, dictó prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal contra la exsíndica Lucero Jazmín “N, quien fue acusada de incumplimiento de un deber legal, delito que no amerita la medida que impuso el juzgador.

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Yolli Álvarez también ingresa a Pacho

La excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales, Yolli García Álvarez, fue detenida la tarde de este 26 de marzo en pleno centro de la ciudad capital.

La también exmagistrada, es acusada de abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones. En su caso su audiencia de vinculación fue marcada para el próximo 01 de abril a las 6 de la tarde.

El abogado de García Álvarez, contra quien hay cuatro denuncias penales, Gerson Villegas, dijo que el mantenerla en el penal de Pacho Viejo es una medida excesiva, pues ella tiene como residencia la capital del Estado.

Sin embargo, el juez prefirió internarla en el penal, ante el riesgo de que pudiera darse a la fuga, ya que además cuenta con propiedades en otros Estados de la República.

A la excomisionada, que concluyó su periodo de elección el 24 de marzo, también fue inhabilitada del cargo por el órgano interno de control de ese mismo instituto, luego de que se negó a declarar sus bienes.

En agosto de 2019, E consulta dio a conocer el contenido de las denuncias 349/2019, 357/2019, 372/2019 y 452/2019 que se iniciaron contra los ahora excomisionados del IVAI.

E-Consulta Veracruz tuvo acceso a las carpetas de investigación que detallan los hechos de los que se le acusan a la entonces presidenta consejera.

La primera denuncia fue presentada por la asignación de personal del Órgano de Control Interno, cuando no es su facultad legal de acuerdo con el expediente 349/2019, que solo corresponde al Congreso del Estado.

Las siguientes dos denuncias con folio 357/2019 y 372/2019 acusan directamente a Yoli García Álvarez de desvío de recursos por la supuesta contratación de personal que cobra jugosos salarios sin desempeñar su trabajo.

En la denuncia 357/72019, la presidenta del IVAI es acusada por favorecer a Mildref Guevara, quien supuestamente cobra un salario de 12 mil pesos mensuales, sin que haya evidencia de que se presenta a su centro de trabajo con el puesto de auxiliar administrativo.

Otro presunto aviador figura en la denuncia 372/2019, es identificado como Torres Rogelio, quien presuntamente se desempeñó como director de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información hasta diciembre del 2017.

El presunto exfuncionario del INAI cobró entre septiembre del 2018 y mayo del 2019 un total de 17 mil pesos mensuales, sin que exista evidencia de su presencia en las oficinas del IVAI, según se detalla en la denuncia que sigue la FGE.

La denuncia 452/2019, la cuarta que se suma en contra de la presidenta del consejo atribuye el delito de incumplimiento de un deber legal, al no integrar debidamente al órgano de Control Interno, cuyo titular es nombrado por el Congreso, incumpliendo las leyes que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, vigente desde el 2017.

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