Xalapa, Ver.- Por el presunto delito de desvío de recursos podría ser desaforado el alcalde José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas. Dos de los tres integrantes de la Comisión Instructora de la 65 Legislatura, validaron el juicio de procedencia en su contra.

El dictamen se concluyó y firmó este jueves 20 de febrero, y se prevé que será el 03 de marzo, en sesión extraordinaria, cuando se someta a votación del Pleno; se requieren al menos 34 votos para separarlo de la alcaldía.

El juicio que se le inició tendría por objetivo revertir el respaldo de 5 mil 200 ciudadanos de Actopan, que los llevaron a la Presidencia Municipal y permitir a la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Anticorrupción, investigarlos por el presunto desvío de recursos, al incorporar aviadores a la nómina municipal.

El Alcalde y la Síndica de filiación panista pidieron apoyo a la dirigencia estatal, que les brindó asesoría legal, sin embargo, el respaldo fue insuficiente, están a 10 días de ser separados del cargo, por lo que tendrán que ser llamados sus suplentes.

El 09 de enero, se dio entrada al oficio FECCEV/FA/006/2020 en el que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Congreso la suspensión y la revocación del mandato del Alcalde y Síndica de Actopan.

El documento que no detallaba el delito por el que se les investiga, sólo observa irregularidades administrativas de parte de los dos panistas.

Los tres integrantes de la comisión: Víctor Vargas Barrientos, Jessica Ramírez Cisneros de Morena, y Enrique Cambranis Torres del PAN, se reunieron el jueves 20 de febrero para analizar los elementos de prueba ante la posible comisión de un delito; los dos primeros avalaron la procedencia del juicio.

El diputado Cambranis Torres se negó a firmar el dictamen que se depositó en la Secretaría General del Congreso, y presentará un voto particular, al considerar que no hay pruebas suficientes para revertir la decisión de los habitantes de Actopan que respaldaron a Domínguez Sánchez y Palmeros Barradas, en los cargos de elección popular.

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La historia del desafuero

José Paulino Domínguez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, alcalde y síndica de Actopan, respectivamente, fueron notificados el 28 de enero que se había iniciado el juicio de procedencia en su contra.

El viernes 7 de febrero, abogados de los dos indiciados acudieron al Congreso local a conocer el expediente que remitió la Fiscalía Anticorrupción en el que se fundamenta la solicitud de desafuero, confirmó el presidente de la Comisión Instructora de la 65 Legislatura, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

La audiencia de pruebas y alegatos se desarrolló el lunes 17 de febrero, los panistas comparecieron por escrito, y durante el desarrollo de la sesión de la Comisión Instructora se hizo circular un video con la voz de José Paulino Domínguez Sánchez, en el que se quejó de la parcialidad del encargado de despacho, José Alfredo Corona Lizárraga, quien dijo, lo hostiga y persigue políticamente.

En el video con una duración de 2.06 minutos, el alcalde aseguró que se presentaron las pruebas que demuestran su inocencia y se dijo confiado que el proceso legislativo será apegado a derecho, pues de lo contrario, se estarían cometiendo actos de corrupción, que son contrarios a los principios de Morena.

Pidió a los diputados locales y la Fiscalía General del Estado, actuar en contra de quienes, en el pasado, causaron daño patrimonial en el Ayuntamiento de Actopan y señaló a Pedro Benítez Domínguez y María Nelly Alarcón, extesoreros municipales, de desviar 22 millones de pesos.

En el escrito que se filtró a los medios, se afirma que el alcalde y la síndica no han tenido acceso a la carpeta de investigación número FGE/FECCEV/803/2019 que se inició en su contra, lo que los imposibilita para conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que se les imputan.

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Las acusaciones

El 01 de diciembre del 2019, se filtraron dos audios, en uno de ellos el alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez y una edil del Ayuntamiento, en el que se ponen de acuerdo para incorporar a la nómina a personas que cobrarían sin trabajar; darían prioridad a familiares sobre trabajadores sindicalizados.

En el primer audio se escucha a una edil del ayuntamiento panista que solicita a la Tesorera, María Nelly Alarcón Gil, no dar de baja a “su cuñado”, a quien, reconoce, ella ingresó a la nómina municipal, con el aval del presidente Domínguez Sánchez.

“Si Nelly, mira, yo en el acuerdo cuando entramos con Paulino (Domínguez), son tres gentes a mi disposición. Había tres personas al principio, pero se despidió a una. Entonces yo le pedí a mi cuñado que me prestara su nombre para que no se perdiera esa nómina”, dice la edil denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y agrega, “Yo sabía que esa nómina la iban a seguir cobrando ellos, o sea, Pedro (persona no identificada). Y que no la iban a dejar, que se iba a perder, se la iban echar a la bolsa. Entonces lo que yo hice fue meter los papeles de mi cuñado. Y hacer el cambio, es mi cuñado, y haz de cuenta que es como un avión”.

En un segundo audio, el alcalde Paulino Domínguez presuntamente instruye a la entonces Tesorera María Nelly fungir como interlocutora con integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes habrían pedido plazas.

“Te estoy marcando y no me contestas, María Nelly, nada más es para decirte que tengan ya la reunión con Sindicato –ya le dije a Alfredo y a David- platiquen amablemente con ellos”, en referencia al secretario del Ayuntamiento, Alfredo López Carretero y David Martínez Sánchez, apoderado legal del Ayuntamiento.

“No les vayas a decir que no les voy a dar ni madres. Lo que tienes que decirle es que estás haciendo los cálculos y que para la siguiente junta ya se les tendrá una solución. Pero no les vayas a decir que yo no quiero saber nada de ellos. ¿Oíste?”, concluye Domínguez Sánchez.

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Las acusaciones en su contra

Paulino Domínguez fue denunciado por amenazas de muerte contra el periodista Celestino Ruiz, quien fue acribillado el pasado 2 de agosto de 2019 en su vivienda, ubicado en la comunidad La Bocanita, en Actopan.

La responsabilidad del asesinato de Celestino Ruiz apunta a Paulino Domínguez. El único detenido como presunto autor material es padre de su escolta personal, quien es policía preventivo de ese municipio y se encuentra prófugo de la justicia por el mismo crimen.

Se trata del oficial Luis Enrique Florencio Barradas, quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Su padre, Facundo “N”, fue detenido el pasado 8 de noviembre y es acusado de haber acribillado al reportero veracruzano el pasado 2 de agosto de 2019.