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Vinculan a excandidato veracruzano detenido en Guanajuato

  • Rodrigo Barranco
Defensa señala a escoltas del gobernador por la detención de Juan Carlos Vázquez, excandidato a la alcaldía de San Juan Evangelista

Boca del Río, Ver.- Un juez de control federal ordenó la vinculación a proceso del excandidato a la alcaldía de San Juan Evangelista, en el sur del estado de Veracruz, Juan Carlos Vázquez Bonilla, detenido el lunes en la ciudad de León, Guanajuato, pese a que el ganadero presentó pruebas sobre la legalidad de las armas que portaba él y sus dos escoltas.

Durante la audiencia realizada en aquella entidad, la defensa del panista señaló que los dos escoltas que acompañaban al empresario quedaron en libertad, al acreditar la portación legal de armas.

Durante la comparecencia, los señalados denunciaron abusos de autoridad y robo por parte del personal de ayudantía del estado de Guanajuato, a quienes acusan incluso de haberles robado una docena de zapatos de la marca Louis Vuitton y demás objetos personales, por montos de miles de pesos.

Al dar respuesta, las imputaciones hechas en la carpeta FED/GTO/LEÓN/000458/2020, los señalados se dicen víctimas de un grupo de guaruras del gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quienes, supuestamente, comenzaron a acosarlos desde la mañana del lunes 3 de febrero, en el fraccionamiento Alamedas de Alcázar, donde el mandatario tiene su residencia en la ciudad de León.

Los abogados de Vázquez Bonilla, agricultor de limón y comerciante de Veracruz, indicaron que él y dos de sus escoltas identificados como Erik Felipe del Rosario Vergara y Alberto Valenzuela Rodríguez, fueron revisados ese mismo día, cerca de la casa del mandatario, y no hubo problemas cuando mostraron sus documentos oficiales, por lo que los dejaron seguir su camino.

El empresario y sus guardias iban a una reunión de carácter privado con una amistad, quien cuenta con un domicilio muy cerca de la zona donde habita el mandatario guanajuatense, por lo tanto, el complejo residencial cuenta con mucha presencia policial y de seguridad privada.

Los dos guardias viajaban en una camioneta blanca Ford Lobo y Bonilla en un Mercedes Benz, los dos sin reporte de robo al momento de ser presentados ante las autoridades.

Cerca de las 14:00 horas, cuando el hombre de negocios ya se retiraba de la zona, el mismo personal al que ya habían revisado, los volvió a detener cuando circulaban sobre el bulevar Juan Alonso de la Torre.

En la audiencia relataron que un coche negro se les pegó y les pidió que detuvieran la marcha, atrás les cerró el paso una camioneta RAM blanca placas GH-7704-1 del Estado de Guanajuato, inmediatamente arribó otra unidad cerrada tipo Tahoe negro mate de la cual descendieron elementos oficiales del estado vestidos de civil.

De inmediato los elementos pidieron apoyo a la policía Municipal de León, a personal de la Fiscalía y más efectivos que rodearon las unidades. Todos fueron detenidos y enviados cinco horas después a la Fiscalía General del Estado que se declaró incompetente.

Tras casi 24 horas, la Policía Municipal los llevó ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusados de los delitos de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Durante la audiencia de este jueves, la defensa aseguró que los agentes municipales no entregaron las credenciales que avalaban la legalidad del arsenal, mucho menos los objetos de valor que llevaban.

En la querella que interpondrán contra la autoridad, los detenidos denuncian que, durante las dos revisiones, se mostraron los permisos de las armas, así como los oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional amparan las licencias colectivas de las empresas de seguridad para las cuales trabajan.

El abogado de las víctimas indicó que en la denuncia estarán incluyendo un apartado en el cual van a señalar que los documentos posiblemente fueron destruidos o hechos perdidizos, con solicitudes de inspecciones periciales a las fotografías que publicaron los medios de comunicación ese día, con las imágenes de los permisos sobre la batea y el cofre de las unidades aseguradas.

Juan Carlos Vázquez Bonilla presentó ante la autoridad licencia para portar el arma calibre .38 que le fue encontrada en el coche, lo acreditó con una credencial de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia expedida por el apoderado legal de la misma, para su auto protección.

En tanto, Alberto Valenzuela Rodríguez, en su calidad de miembro en retiro de las fuerzas armadas, mostró la credencial con la matrícula A3453872, donde se la autoriza portar arma corta y la carabina semiautomática que aparece en las imágenes publicadas en diarios locales.

Erik Felipe del Rosario Vergara dijo ser empleado de Seguridad Privada Integral Mocotela, contando con cobertura de la licencia colectiva folio 12195 con vigencia al 20 de enero del 2021.

Los dos escoltas ni si quiera llegaron ante el juez del control, pues el mismo Ministerio Público los dejó en libertad cuando se acreditó la legalidad de cada una de las armas. Los escoltas del gobernador que actuaron no quisieron ir a carearse con los guardias y el empresario sobre los supuestos delitos que habían cometido.

Los abogados del veracruzano presentarán una queja formal en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por los atropellos en su contra y contra sus elementos de vigilancia, igualmente, en su declaración negando los hechos dentro de la carpeta FED/GTO/LEÓN/000458/2020 dejó constancia de que entre las pertenencias que portaba el día de su captura ilegal, faltan varios pares de zapatos de la marca Louis Vuitton, así como una bolsa del mismo diseñador, ropa y otros artículos de mucho valor comercial.

El juez ordenó 15 días de detención en lo que se realizan las investigaciones. Mientras se da la otra audiencia, el excandidato estará recluido en un penal de Guanajuato.

La decisión de la autoridad se basó en el testimonio de los siete policías municipales que realizaron la detención, desestimando los tres testimonios que presentaron los litigantes del empresario de Veracruz.

“Yo le tengo que creer a los policías municipales, porque el día que no les crea, vamos a dejar de vivir en un estado de derecho”, dijo el juez federal al vincular al joven.

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