Xalapa, Ver. - Los casos de desaparición forzada de Úrsulo Galván y Tierra Blanca están unidos por la fecha (11 de enero de 2013 y 2016, respectivamente), por el ejecutor: la policía estatal, comandada por Arturo Bermúdez, operador del entonces gobernador Javier Duarte. Y también porque están congelados.

Ni Duarte ni Bermúdez están en el poder ya. Veracruz tiene un gobernador por Morena, Cuitláhuac García. Pero ambos casos siguen frenados en fiscalías y tribunales.

Por el caso de Úrsulo Galván, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió su recomendación 03/2017. Ahí acreditó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) era responsable de desaparición forzada. Es decir, cuando miembros del Estado participan o encubren la privación ilegal de un particular.

En el caso de Tierra Blanca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 5VG/2017, también por desaparición forzada. Ambos organismos coincidieron en algo más: en Veracruz hubo colaboración entre cuerpos policiales e integrantes de la delincuencia organizada para desaparecer a personas.

El 11 de enero de 2016, policías estatales detuvieron y desaparecieron a cinco jóvenes en Tierra Blanca. Exactamente tres años antes, ocho policías municipales en Úrsulo Galván también fueron víctimas del grupo táctico Tajín.

Hay indicios, testigos y pistas por seguir. En el de Tierra Blanca incluso hay 21 personas detenidas. Pero desde años los expedientes no son trabajados; nadie dicta sentencia, la justicia no llega.

Tierra Blanca: ¿una disculpa vacía?

Hace 10 meses, el gobierno de Veracruz ofreció una disculpa por la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente. “Todo eran buenas atenciones aquel día”, recuerda Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arroniz, asesinado.

Vasos con agua, pastillas para estabilizar la presión, psicólogos que asistían con pañuelos a las familias agraviadas; todo ello se podía consignar en el Museo de Memoria y Tolerancia aquella ocasión. Al frente, funcionarios de primer nivel de la denominada ‘Cuarta Transformación’ prometían justicia a los deudos.

En ese momento el evento ganó primeras planas en los periódicos, por haber sentado un precedente en materia de derechos humanos. Y el gobernador, Cuitláhuac García, así como el representante de presidente de la República, Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometieron a lograr sentencias contra 21 detenidos, ocho de los cuales eran policías.

Aquella vez, las familias de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz regresaron a Playa Vicente, su pueblo natal, custodiados como jefes de Estado. Volvieron a casa para cumplir con su proceso de duelo y a esperar respuestas, sentencias. Pero, en palabras de Bernardo Benítez: “en realidad pasamos al expediente del olvido”.

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“A partir de la disculpa no ha pasado nada. Todo fue para aplacarnos y darnos un estatequieto. Ahora nadie nos llama. La verdad es que no vemos que haya voluntad de que esto cambie”, Bernardo Benítez.

Los cinco de Tierra Blanca

El 11 enero de 2016, Susana (que era menor de edad), Mario, José Alfredo, José y Bernardo, regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de Veracruz. Iban con dirección a su pueblo natal, Playa Vicente. Pero, al pasar por Tierra Blanca, policías estatales los detuvieron.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, en los hechos participaron ocho policías, que formaban la escolta particular del entonces subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández.

Después de detener a los jóvenes sin motivo, los policías estatales los “entregaron” a una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta célula, de acuerdo a lo establecido por las indagatorias, los habría asesinado en un rancho de Tlalixcoyan. Al inspeccionar el lugar, peritos y agentes hallaron unos 8 mil restos humanos y diversos objetos utilizados para el robo de combustible. En aquel entonces se trató de un escándalo nacional.

Por este caso hay 21 detenidos: 13 civiles y ocho policías, entre ellos Marcos Conde Hernández, el exsubdelegado de la SSP en Tierra Blanca. El Estado reconoció su responsabilidad sobre estos crímenes; de eso trató la disculpa pública del pasado 4 de marzo. Pero ningún juez, federal o estatal, ha emitido una sentencia condenatoria.

Según fuentes cercanas del caso, apenas el último año se fue en ratificar declaraciones y dictámenes de peritos y policías. A la demora se suma también lo voluminoso del expediente, los amparos interpuestos y el hecho de que no hay voluntad de emitir sentencias. 

Úrsulo Galván, el silencio

A unos 130 kilómetros de Tierra Blanca, en el municipio Úrsulo Galván, hay otro aniversario doloroso.

Martha González recuerda que este 11 de enero se cumplen siete años de la desaparición de su hijo, Luis Alberto Valenzuela González y de otros siete policías municipales más. 

En este caso la justicia se ve más lejana. “No tenemos detenidos, no sabemos ni dónde están. La verdad es que no tenemos nada”, cuenta desde el teléfono la integrante del colectivo Solecito Cardel.

Era el 11 de enero de 2013. Pasaban las seis de la tarde. Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil salieron a hacer un rondín a bordo de sus patrullas.

Los ocho oficiales constituían media planilla de la policía municipal. Como era lo habitual, se reportaron con sus esposas y uno de ellos con su madre. Pero al día siguiente, cuando debían llegar a casa, no lo hicieron.

Según otro policía que estaba de guardia en la comandancia, los policías municipales fueron “intervenidos” por elementos del Grupo Tajín de la Policía Estatal.

Por su parte, un vendedor de cervezas declaró que cuatro patrullas estatales los interceptaron en la comunidad de El Arenal, Úrsulo Galván, mientras los municipales compraban esquites.

En la recomendación de la Comisión estatal se consigna que“…alrededor de las veinte horas con treinta minutos, se percató que varias patrullas se pararon a un costado de la gasolinera, siendo dos patrullas que iban adelante pertenecientes a la policía estatal, las denominadas tácticas, seguida de una patrulla del ayuntamiento de Úrsulo Galván, la cual detrás de ella iban igualmente dos patrullas de las llamadas tácticas custodiándolas, que los elementos policiacos de seguridad pública iban todos encapuchados y que los policías del Ayuntamiento de Úrsulo Galván viajaban en su patrulla, con rumbo hacia Cardel…” Recomendación 03/2017.

Desde entonces permanecen desaparecidos.

“Gobernados” por Los Zetas

Las víctimas habían compartido con sus familiares las intenciones de dejar sus empleos, debido al periodo violento que se vivía en esa región ‘gobernada’ por el Cartel de Los Zetas.

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Su temor no era en vano, sus plagios fueron el cierre de numerosos crímenes considerados de lesa humanidad emprendidos por la policía de Javier Duarte, exgobernador sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.

“Creemos que nuestros familiares están en fosas de Colinas de Santa Fe”

Martha González Menéndez, madre de Luis Alberto Valenzuela González, tiene la intuición de que los restos de su hijo y los otros siete policías están en las fosas de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz.

 “Yo pienso como madre que ellos están en Colinas de Santa Fe. Que están entre los restos que no han sido identificados. En Fiscalía nos dicen que están trabajando, pero no nos dan avances”. Martha González.

Y es que hay al menos otros dos casos de desaparición forzada en grupo, cuyas víctimas han sido localizadas en Colinas de Santa Fe. Ahí donde se han encontrado más de 300 cráneos de personas.

Se trata de la desaparición de ocho jóvenes en el municipio de La Antigua, ocurrida el 30 de noviembre de 2012 y de dos fiscales que habrían sido privados de su libertad por elementos de la SSP, el 15 de abril de 2013.

“Por lógica los nuestros pueden estar en Colinas”, dice Martha.

No más disculpas

El gobierno de Veracruz, prevé ofrecer una nueva disculpa pública a las familias de los policías desaparecidos en Úrsulo Galván, aunque, a decir de Martha González, “yo quisiera primero que llegaran los resultados y ya después la disculpa pública. A mí de qué me sirve la disculpa, claro se limpia el nombre de mi hijo, pero lo que quiero es encontrarlo”.

“Que jueces se pongan los pantalones y dicten sentencias”: familiares de Tierra Blanca

Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arroniz, lamentó que a cuatro años de su pérdida no haya una sentencia contra 21 detenidos por delincuencia organizada ni por desaparición forzada.

José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O, presentó una denuncia en octubre de 2016, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, contra seis funcionarios y ex funcionarios de la SSP por haber expedido nombramientos a los policías que desaparecieron a sus hijos, pese a no haber acreditado los estándares de control y confianza.

Se trata de los ex policías estatales: René Pelayo Vidal, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche, Edgar Omar Ruíz Tecalco y Marcos Conde Hernández, este último recluido en el penal de Cosamaloapan.

De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, Arturo Bermúdez exsecretario de seguridad pública los contrató desde el 2013. No obstante, hasta el 11 de enero de 2016 aparecían como No Certificados. Aún más, según el documento 0003/2016, los cinco detenidos tenían órdenes de captura desde 1999. Aun así no fueron dados de baja, denunciaron los padres.

“Nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad”, dijo Alejandro Encinas hace 10 meses, durante la disculpa pública.

Dando largas

“José, mi hermano, tuvo una reunión con Sara Irene Herrerías Guerra – Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR- se dijo que nos iban a dar los avance de cómo iba la situación para lograr una sentencia, pero hasta ahí”.

 “Ya tiene tiempo que esperamos la sentencia. No solo nuestro caso, todos los casos parecidos deberían ser una oportunidad para que los delincuentes vean que sí hay castigo. Mientras no se ataque la impunidad el país va a seguir igual, gobierne quien gobierne. Si los jueces no se ponen los pantalones ni dictan sentencias para estas personas esto va a seguir igual”, Bernardo Benítez Herrera.

Libres tres presuntos delincuentes ligados a Tierra Blanca

El 3 de agosto de 2019, un juez liberó a Francisco Navarrete Serna, a su hijo Francisco Navarrete Abraham y a un presunto lugarteniente, Junior Alarcón. Esto debido a errores cometidos por la entonces Procuraduría General de la República.

A Navarrete Serna, alias “El Primo”, autoridades estatales y federales lo señalaron en comunicados de haber coordinado “la distribución de droga, la operación de secuestros y posiblemente varias ejecuciones cometidas en este municipio (Tierra Blanca).”

“El Primo” es mencionado en dos declaraciones ministeriales -a las cuales E-Consulta Veracruz tuvo acceso- como líder del CJNG. Además, presuntamente era enlace de la Secretaría de Marina y coordinaba crímenes de lesa humanidad con el entonces subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde.

Pese a estas imputaciones, un juez federal concedió el amparo 11/2018 a Navarrete Serna. Un tribunal de alzada lo confirmó. El motivo, según el juez, que efectivamente la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una investigación deficiente por haber duplicado declaraciones (pruebas) en los juicios por delincuencia organizada y desaparición forzada, en vez de haber usado elementos independientes en cada uno de los procesos judiciales –el primero del fuero federal y el segundo del fuero local.

Una vez liberado, Francisco Navarrete regresó a Tierra Blanca y, el 7 de octubre de 2019 inauguró el periódico El Sol de Tierra Blanca del cual es dueño. Recientemente, el gobernador Cuitláhuac García se retrató junto a Francisco Navarrete en las instalaciones del periódico impreso.

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“Por desgracia ahora están libres. Y por errores de asesores vemos con mucho desagrado la foto del gobernador con personas de este tipo. Es triste verlo. Yo quiero pensar que no fue deliberado. Más bien los asesores del gobernador no sirven para nada. No es posible que se tome fotos con personas de esta calaña”, reprobó Bernardo Benítez. 

Ni perdón ni olvido

Martha y Bernardo, no comparten la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de “Perdón sí, olvido no”. “Ni perdón ni olvido”, dice Bernardo. “Acabaron con la vida de personas que apenas comenzaban”.

“Al presidente no le han desaparecido a nadie. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que mató a mi hijo, de 24 años? Que lo perdone dios porque yo no”, respalda Martha la postura de su compañero, a 120 kilómetros de distancia. 

Fotos: Miguel Ángel León / Maria Ruiz