Xalapa, Ver.- Ante la propuesta de recorte al presupuesto 2020, entes autónomos y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, no sólo expresaron su desacuerdo sino iniciaron una resistencia a la medida del Ejecutivo al enfatizar en la necesidad de una ampliación de sus recursos.

 

Es el caso del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), afectado con una disminución de más de 93 millones de pesos; la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), objeto de una reducción de 1.4 millones de pesos y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA).

 

El pasado 5 de diciembre de 2019, ambos organismos solicitaron al Pleno de la LXV Legislatura no aplicar dicha disminución a sus recursos, y por el contrario, se le restituya lo solicitado en el Presupuesto 2020.

 

En el caso del árbitro electoral, el Consejero General Alejandro Bonilla Bonilla, solicitó la reincorporación de al menos 93 millones 59 mil 940 pesos, desglosados en 70 millones 567 mil 587 pesos, correspondiente al proceso electoral; y 22 millones 492 mil 353 pesos por concepto de prerrogativas.

 

Inicialmente el OPLE de Veracruz solicitó una propuesta de presupuesto de 740 millones 116 mil 231 pesos para 2020, aunque el documento de la Secretaría de Finanzas y Planeación sólo proyecta 546 millones 8 mil 47 pesos.

 

La preocupación del instituto comicial gira en torno a la dificultad de iniciar el Proceso Electoral 2020-2021, mediante el cual, los votantes renovarán 212 alcaldías y 50 diputaciones locales.

 

Lo anterior implica la instalación de 212 consejos municipales, 30 consejos distritales y la renta de los respectivos inmuebles donde sesionarán.

 

Por su parte, la Comisionada Presidenta del ente defensor de periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza pidió un incremento de un millón 423 mil 820 pesos a la propuesta de presupuesto del Ejecutivo de 19 millones 300 mil 900 pesos, para completar una cifra de 20 millones de 724 mil 720 pesos. Ambas solicitudes se turnaron a comisiones para su atención procedente.

 

En tanto, el Comité de Participación Ciudadana, responsable de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, recibió en 2019 un presupuesto de 20 millones de pesos y planteó solicitar un monto de 32 millones de pesos en 2020; sin embargo, la SEFIPLAN proyectó un presupuesto de 18.5 millones de pesos.

 

El jueves 12 de diciembre, el presidente del CPC-SEA, Emilio Cárdenas Escobosa envió al Congreso el pronunciamiento de los integrantes del Comité para conseguir una mayor suficiencia presupuestal.

 

“En cuestión toda vez que del presupuesto de presupuesto enviado por el Ejecutivo del estado a la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz se advierte una cantidad notoriamente insuficiente para las tareas del sistema” indicó.

 

Esto traería una parálisis en la política pública en materia de combate a la corrupción ante la falta de insumos necesarios.

 

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Si bien el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) prevé recortes a los entes autonómos en el estado; al momento, ninguno de los demás afectados alzaron la voz ante la medida unilateral.

 

Por ejemplo, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado sufrió un recorte de 2 millones de pesos; al recibir 184 millones 717 mil pesos en 2019, contra una propuesta en 2020 de 182 millones de pesos.

 

Inicialmente la auditora general del ente, Delia González Cobos, expresó su inconformidad no sólo ante el recorte, sino ante la insuficiencia del ente para pagar prestaciones de fin de año a sus empleados.

 

De hecho, a través del oficio OFS/AG_DGAYF/0713/11/2019, la titular solicitó una ampliación presupuestal de 25 millones de pesos adicionales a la propuesta, sin embargo, el pasado 11 de diciembre desistió de dicho recurso y aseguró que sí cumplirán con la revisión adicional a la cuenta pública 2018.

 

En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la reducción es de 64.7 millones ejercidos en 2019 a 59.8 millones de pesos en 2020. 

 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) en cambio, ejercería en 2020 una cifra de 45.5 millones de pesos; aunque en 2019 su presupuesto alcanzó los 49 millones de pesos.

 

Mientras que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ejercería 80 millones 569 mil pesos; cuando en 2019 aplicó 85 millones 234 mil pesos.

 

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Además, la propuesta de la SEFIPLAN contradice la autonomía financiera tanto del Poder Judicial del Estado como de la Fiscalía General del Estado, ambas contempladas en la Constitución del Estado, donde además permite un incremento gradual en sus recursos.

 

Por ejemplo la Ley estipula un 2 por ciento del presupuesto anual para el Tribunal Superior de Justicia. Así, dicho Poder recibió en 2019 mil 930 millones 625 mil pesos; aunque en 2020 se proyecta un monto de mil 895 millones 400 mil 865 pesos.

 

En el caso de la Fiscalía, la Constitución le beneficia con un 1.5 por ciento del presupuesto. De esta manera, en 2019 recibió mil 554 millones 433 mil pesos; pero el presupuesto 2020 solo contempla mil 066 millones 108 mil pesos para el organismo.

 

A pesar del obvio incumplimiento de la Constitución, el diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional a fin de brindar autonomía presupuestal de los organismos autónomos del Estado.

 

La propuesta de Guízar Valladares parte de la irregular asignación de presupuesto en al menos dos de los entes autonómos.

 

De esta manera, plantea que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) cuente con una suficiencia no menor al 0.6 por ciento del presupuesto total del Estado.

 

En el caso del Tribunal Electoral de Veracruz, la propuesta de Guízar Valladares busca beneficiarle con un 0.1 por ciento del preuspuesto estatal.

 

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el porcentaje del presupuesto propuesto es de 0.1; mientras para el ORFIS, Guízar Valladares plantea un 0.2 por ciento.

 

En el caso del IVAI, la propuesta prevé darle un 0.1 por ciento del presupuesto anual; mientras la CEAPP recibiría un 0.6 por ciento del total del presupuesto general para el estado.

 

Finalmente, para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) se propone una suficiencia equivalente al 0.1 por ciento del total del presupuesto del estado.