Xalapa, Ver.- Con solo dos meses y medio de su nombramiento, la auditora General, Delia González Cobos se vio obligada a retractarse de la solicitud de ampliación presupuestal para cerrar el año, además, anunció el avance en la nueva revisión a la Cuenta Pública 2018.

La petición de recibir 25 millones adicionales a su presupuesto de 184 millones 717 mil pesos, que se etiquetaron para este año, generó malestar y escozor entre los diputados de Morena, que mantienen un discurso de austeridad, y que rechazaron dar recursos extraordinarios.

El 20 de noviembre, durante la lectura de la correspondencia se dio entrada al oficio OFI/AG_DGAYF/0713/11/2019, de la titular del Órgano de Fiscalización, Delia González Cobos, en la que pedía autorización para que la Sefiplan le diera una partida adicional de 25 millones de pesos, para cerrar el año.

El dinero se utilizaría para la indemnización de exservidores públicos, así como para atender la nueva valoración sobre aclaraciones y documentación del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2018, que ordenó el Congreso local el 31 de octubre.

De manera atípica los legisladores de Morena determinaron no aprobar la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, por lo que pidieron al Orfis hacer una nueva revisión, luego de que se generó dudas en la forma en cómo se justificó el pliego de observaciones de algunos municipios, ante la presunción de que se alteró el resultado de las auditorías practicadas a municipios a cambio de sobornos.

Al justificar la solicitud de recursos extraordinarios, la Auditora General declaró que era urgente la aprobación a su petición, pues el dinero etiquetado para aguinaldos se usó para liquidar a trabajadores que dejaron de laborar en la institución en el mes de octubre. No contaban con el dinero necesario para cumplir con la prestación laboral.

De los 184 millones de pesos que se asignaron al Orfis para gastar este año, 118 millones de pesos -lo que representa el 64 por ciento- se usa para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores.

El 5 de noviembre, en una visita al Congreso, la titular del Órgano de Fiscalización, Delia González Cobos, se dijo preocupada por la falta de respuestas de los diputados, pues necesitaban dinero para cumplir con el pago de la prestación y realizar los trabajos de revisión.

Detalló que existía la disposición de la Secretaría de Finanzas y Planeación para dar los fondos extras, pero es necesario que el Congreso local valide su solicitud, para recibir la transferencia.

En entrevista en el marco de la entrega de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines, la titular del Orfis, detalló que el dinero para el pago de aguinaldos sí estaba contemplado en los gastos, pero se usó para liquidar a los trabajadores que salieron con el exauditor Lorenzo Antonio Portilla.

“Es para cubrir una cantidad que se pagó, que nos deja sin posibilidad económica para cubrir aguinaldos, estábamos haciendo la previsión para cubrir aguinaldos y en este momento no la tenemos porque se hicieron liquidaciones”.

La petición generó malestar entre diputados de Morena, José Manuel Pozos Castro y Juan Javier Gomez Cazarín, que rechazaron dar dinero adicional.

Ambos recordaron que la actual administración mantiene el discurso de austeridad, por lo que le recomendaron ajustar sus gastos.

Ante las críticas de los legisladores locales, la actual titular del Órgano de Fiscalización se retractó de lo que declaró a medios de comunicación y ajustó el discurso al mencionar que ya revisaron de dónde pueden obtener dinero para cerrar el año y cumplir con las obligaciones de ley.

Este 11 de noviembre, en una nueva visita al Congreso local para entregar el Informe de Labores de su antecesor, planteó que, si bien requerían el recurso, analizaron tomar dinero que se destinó para iniciar con trabajos de auditoría en los meses de enero y febrero.

“Esperamos que sí se dé (la ampliación), pero estamos viendo la manera de resolver para salir adelante, ya previmos, de las consideraciones que teníamos para enero y febrero, pues tomaremos de ahí”.

Al referirse a la revisión a la Cuenta Pública del 2018, comentó que llevan un avance del 30 por ciento y se ha encontrado diferencias entre el pliego de observaciones y lo que se justificó ante el Orfis y la propia comisión de Vigilancia, lo que podría implicar un delito.

Por lo anterior, se podría fincar responsabilidad a los exfuncionarios y despachos que participaron en las auditorías, “el trabajo es técnico y queremos hacerlo lo mejor posible, impecable y pulcra, el reto del Orfis es recuperar el prestigio y la credibilidad”.

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