Veracruz, Ver.- Dos años después de la muerte de tres personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz por negligencia médica, entre ellas un menor de edad, no existe ninguna sanción hacia los responsables.

La recomendación 41-2019 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), recibida en agosto pasado por la Secretaría de Salud, es lo más cercano que tienen los familiares de las víctimas para demostrar el mal desempeño médico y al mismo tiempo algo de justicia.

Sin embargo, después de cuatro meses la dependencia estatal a cargo de Roberto Ramos Alor, sigue sin atender el procedimiento para la remediación del daño a las víctimas, denunció para E-Consulta Veracruz Carlos Flores Bravo, familiar de las víctimas.

De acuerdo con el organismo, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares la Secretaría de Salud violó los derechos a la Salud, a la Vida y a la Integridad Personal de un joven de 14 años de edad y dos hombres más.

Según la Comisión de Arbitraje Médico de Veracruz las deficiencias en la atención médica, la falta de medicamentos e instrumental causó la muerte de los pacientes, que ingresaron por lesiones causadas por una explosión de gas.

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Reparación del daño detenida

Como parte del proceso de reparación de daños a los familiares de las víctimas, la Secretaría de Salud está obligada a realizar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva Integral a Víctimas para que estos obtengan su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y tengan acceso a los beneficios de la Ley.

Entre las acciones que debe de garantizar la dependencia estatal destaca otorgar atención médica psicológica, asesoramiento jurídico y servicios sociales en beneficio de las víctimas.

Como medida de satisfacción, se deberá girar las instrucciones correspondientes para que se inicie y determine una investigación interna, diligente, imparcial y exhaustiva para individualizar la responsabilidad administrativa de todos los servidores públicos involucrados en la presente investigación, por las violaciones a derechos humanos cometidas.

Hasta ahora los familiares de las víctimas no tienen respuesta o información de la Secretaría de Salud sobre el procedimiento reparatorio.

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Se deslindan responsables de explosión

Los hechos ocurrieron en la vivienda ubicada en la calle de Civismo número 644, entre Urbina y López Velarde, cerca de la Escuela Secundaria Técnica número Uno de la ciudad de Veracruz el 6 de septiembre del 2017.

En el hecho resultaron lesionados con quemaduras graves ocho personas, quienes fallecieron por la deficiente atención médica que recibieron, de acuerdo con lo declarado por Carlos Flores, familiar de las ocho víctimas de la tragedia.

Desde que murió el primero de los heridos, el 7 de agosto, emprendió una lucha legal contra "Gas del Atlántico", empresa que vendió el tanque con la fuga, pero más adelante decidió proceder también en contra de la Secretaría de Salud por la mala atención médica.

El también representante legal de los afectados, afirmó que según el peritaje que consta en la carpeta de investigación 6018/2017 de la Fiscalía General del Estado los trabajadores y la empresa, podrían tener responsabilidad en los hechos.

La explosión impactó la opinión pública jarocha dado a que cada uno de los siete heridos murió de manera paulatina, recibiendo servicios médicos públicos y limitados, sin ningún tipo de apoyo o seguro de parte de la compañía gasera. 

"No todos vivían ahí, pero fue lamentable porque nunca pensaron que llegaban a una cita con la muerte. Se juntaban a comer todos los domingos, como todas las familias".

En total, en el flamazo murió el jefe de familia de los Flores-Vela, el abuelo de más de 80 años, dos hermanos (uno de 14 años), uno de los sobrinos (de seis años) y dos tíos.

Sobre el avance de la investigación y la denuncia ante la FGE, los familiares de las víctimas no han obtenido ninguna respuesta.