Xalapa, Ver.- Emulando al estado de Zacatecas, el gobierno de Veracruz busca recaudar 120 millones de pesos anuales aplicando “impuestos ecológicos” a industrias con un elevado impacto ambiental, recursos que se destinarían a la remediación de los daños ocasionados al medio ambiente por las actividades productivas.

La propuesta la formuló públicamente el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, previo a la discusión que se realizará en el Congreso del Estado para aprobar el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2020, mismo que tiene que ser avalado antes de que concluya 2019.

El proyecto, en caso de contar con el visto bueno del Legislativo, permitiría al Estado gravar el desecho nocivo por metro cúbico (en caso de remediaciones), la cuantía de carga contaminante (en las emisiones de gases) o por metro cuadrado (con la emisión de sustancias a los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo).

La idea de gravar el daño al medio ambiente la planteó el Gobierno de Zacatecas, en el proyecto de ingresos correspondiente al 2017.

En ese entonces el gobernador del PRI, Alejandro Tello Cristerna, planteó el aplicar una tasa a las industrias por la emisión de gases, la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, el confinamiento de residuos sólidos y la remediación por la extracción de minerales, actividad de la cual Zacatecas aporta el 13.26 por ciento a nivel nacional.

La explotación de oro, plata, cobre, plomo y cinc representa para el estado una continua afectación al ambiente, razón por lo cual, de 2017 a 2019, Zacatecas presupuestó mil 200 millones de pesos de recaudación.

El sustento jurídico para el estado proviene de la Ley de Cambio Climático, en cuyo artículo 10, faculta a las entidades promover reformas legales y administrativas con el fin de fortalecer sus respectivas haciendas públicas, a través del impulso a la recaudación.

Lo anterior, con el objeto de que dichos órdenes de gobierno cuenten con recursos que permitan financiar las acciones derivadas dentro de la ley de Cambio Climático.

Mientras que los Artículos 21 y 22, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señalan que los Estados pueden diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos, los cuales se definen como mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

La propuesta zacatecana generó polémica y, de entrada, se promovieron 17 recursos de amparo; de los cuales, cinco lo formularon 12 compañías.

En tanto, el anterior Gobierno Federal promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad, en el cual argumentó invasión de Competencia Federal.

Sin embargo, el 7 de febrero de 2019, el máximo tribunal del país, con ocho votos, le dio la razón al Estado de Zacatecas, dado que las entidades federativas cuentan con facultades para establecer impuestos en materia ambiental, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En resumen, la corte determinó que Zacatecas si tiene contribuciones para establecer contribuciones en materia de protección al ambiente.

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APROBACIÓN PENDIENTE

Cabe destacar que el documento presentado a la LXV Legislatura no incluye los nuevos gravámenes ya que el gobierno de Cuitláhuac García busca someter a discusión de diputados locales su propuesta y, de ser posible, que se aprueben antes de que concluya 2019 y se apliquen en 2020.

Sin especificar el porcentaje a tasar, se prevé aplicar el tributo a hoteles con descargas sanitarias en mar, ingenios azucareros con líneas de drenaje a ríos, además de minerías y basureros a cielos abiertos.

La propuesta prevé calcular el monto a recaudar en función del metro cúbico, tonelada o la cuantía de carga contaminante.

Así, se proyecta un impuesto por metro cúbico a la remediación ambiental en la extracción de materiales para cementeras, caleras, pedreras, bloqueras, minas y para los daños ocasionados por Petróleos Mexicanos.

Para ingenios, plantas industriales y procesadoras de alimentos se propone un impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, cuya base gravable será la cuantía de carga contaminante.

También se considera un impuesto por metro cuadrado a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, el cual pagarían las plantas de tratamiento residual, las industriales y procesadoras de alimentos, así como los ingenios.

El titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, insistió en el proyecto tributario en su reciente comparecencia ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

En su ponencia, Lima Franco reiteró el proyecto gubernamental de gravar las afectaciones por la actividad industrial, aunque justificó que el tema lo deberá analizar el Legislativo.

“Estamos analizando la viabilidad, y será en las próximas semanas o en los próximos meses, de acuerdo al análisis que se haga, en que se discutirá con ustedes y se tendrá que venir a explicarles en qué consiste y será en la facultad de esta soberanía si deciden aprobar esta propuesta”, refirió.

Por esta razón sería a fines de 2019, o incluso en 2020, que se someta a votación de pleno esta medida que impactaría a los industriales de la entidad.

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ECOLOGÍA DAÑADA

A partir del modelo zacatecano, el estado de Veracruz prevé aplicar su propio gravamen enfocado más a la agroindustria y las extractoras de mineral a cielo abierto, considerados focos potenciales de contaminación ambiental.

Lo anterior, sumado a la operación de vertederos a cielo abierto, alimentados con los residuos de municipios incapaces de pagar los servicios de un relleno sanitario.

El caso más reciente ocurrió el 18 de septiembre, cuando la corriente del Río Blanco bañó dos tiraderos de basura en los márgenes, con lo cual sesenta toneladas de desperdicios flotaron durante cinco días a la deriva por el cuerpo de agua.

Esto, movilizó a la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para limpiar el desastre; además de las Secretarías de Protección Civil, Infraestructura y Obras Públicas e incluso, la Administración Portuaria Integral de Veracruz y Pemex Logística.

El Procurador del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, deslindó a las industrias de dicha contingencia, aunque admitió que la actividad de ingenios azucareros y alcoholeras en la zona centro del estado de Veracruz generan daños a los cuerpos de agua.

Lo anterior, sumado a la operación de los ingenios Pánuco y El Higo, en la zona norte, y los de Mahuixtlan, La Gloria, San Cristóbal,Tres Valles, El Modelo, CIASA, San Pedro, Central Progreso, El Carmen, San Nicolás, El Refugio, Motzorongo, San Miguelito, y La Margarita.

El gravamen incluso aplicaría a Petróleos Mexicanos, fuente de derrames de hidrocarburo en el estado; uno de los más recientes, ocurrido el 14 de octubre en el municipio de Tihuatlán sobre una parcela; otro más, del 24 de agosto en la comunidad de Reforma Escolín, y el del 7 de agosto en El Palmar, ambos en el municipio de Papantla; otro más se registró en el ejido Miguel Hidalgo de Coatzintla, con fecha de 31 de julio.

Los daños de PEMEX se han ido registrando año con año en Veracruz sin que exista un freno de las autoridades estatales.

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POTENCIALES CONTRIBUYENTES

Con este escenario, el Gobierno de Veracruz incrementó su labor de atracción de nuevos capitales para la entidad, incluso contando con el apoyo de la Federación.

En febrero, el gobernador Cuitláhuac García recibió a ejecutivos de Grupo FEMSA, operadora de una de las mayores cadenas de tiendas de conveniencia y de la distribución de bebidas azucaradas y con cuatro plantas: Orizaba, Coatepec, Poza Rica y Boca del Río.

En la reunión con el gobierno estatal, el director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, José Ramón Martínez, manifestó el compromiso de la empresa por ampliar centros de distribución de productos, rutas y puntos de venta. Lo anterior, implicaría una consecuente actividad industrial.

Además, continúa vigente el proyecto de la empresa Nestlé, que abriría en Veracruz instalaciones para el procesamiento de 20 mil toneladas de café arábiga; con una inversión de 154 millones de dólares.

Lo anterior, sumado a la posible instalación de dos empresas, en proceso de conclusión de sus trámites administrativos, como lo dio a conocer el pasado 7 de noviembre el titular de la Sedecop, Enrique Nachón García.

Ante el anuncio del titular de la Secretaría de Finanzas legisladores de oposición se inconformaron, tal es el caso del diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, quien se manifestó en contra de los impuestos ambientales.

A la par liderazgos de la Cámara Nacional de Comercio como el presidente en Orizaba, Mario Ríos Alvarado, también se posicionó en contra.

Las posturas son similares; tanto el legislador como el empresario aseguran que estas medidas son recaudatorias y podrían ser perjudiciales para fomentar la inversión a corto plazo en la entidad.

En el caso de Xalapa, el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juan Manuel García González igual alzó la voz y recordó que una de las promesas de la Cuarta Transformación consistió en no incrementar los impuestos.

Además, anunció de posibles acciones de resistencia contra los tributos aplicados por el Gobierno estatal.

“Cuenta con que nos vamos a manifestar, al final del día, el tema de tener todos los instrumentos a favor es preocupante y es peligroso” refirió el dirigente.

Advirtió que además el país atraviesa por una contracción económica, en el rubro de la industria.

“Lo que sean impuestos nuevos, sea para lo que sea, primero fue un compromiso de campaña que se deben honrar, como se han cumplido los otros compromisos” dijo.