Xalapa, Ver. - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició un proceso administrativo contra Iván “N”, exdelegado de la SSP en Alvarado, porque habría vulnerado los derechos humanos de una docena de jóvenes que convivían en el malecón de esa ciudad costera. 

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no ha informado sobre la apertura de alguna carpeta de investigación tras los señalamientos que hicieron pobladores alvaredeños, tal y como ocurre con el resto de los delitos que se perpetran en la entidad.

Las irregularidades presuntamente cometidas por los elementos a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, van desde detenciones arbitrarias hasta ejecuciones extrajudiciales, pasando por violaciones sexuales y tortura. 

Ante esta situación, que comienza a generar reclamos sociales y movilización de ciudadanos, la encargada del organismo autónomo ha optado por guardar silencio.

Hernández Giadáns, la exfuncionaria de la Secretaría de Gobierno a cargo de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, no ha dado detalles sobre los procedimientos o detenciones a los presuntos elementos policiacos infractores y si los abusos que les achacan son reales o sancionados.

Antes de ser separado del cargo por la Diputación Permanente, el exfiscal general, Jorge Winckler Ortiz, anunció que había al menos 16 órdenes de aprehensión contra elementos de la SSP.

Este miércoles 23 de octubre el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez, confirmó que continúan bajo investigación los 16 elementos estatales que señaló Winckler Ortiz, aseverando que se les relaciona con casos de corrupción.

Además, detallo el funcionario estatal, hay otras 20 carpetas abiertas en la Fiscalía General del Estado, y se encontró que alrededor de 35 elementos estaban cometiendo delitos como el robo y extorsión, más no por delitos de alto impacto como, dijo, delincuencia organizada. 

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OPACIDAD

Antes de irse, en reiteradas ocasiones el depuesto fiscal acusó que había protección para los elementos policiacos desde la propia Secretaría, lo que había impedido que fueran llevados a proceso aquellos que han sido señalados por diversos delitos.

Pese a dichas alertas y a denuncias públicas en medios de comunicación, la SSP continúa sumando manchas a su historial a casi un año del arranque del gobierno de Cuitláhuac García.

El caso más reciente fue el del pasado fin de semana, donde entre la noche del sábado y madrugada del domingo 20 de octubre, una docena de jóvenes que se encontraban en el malecón alvaradeño fueron detenidos y subidos a vehículos oficiales, aparentemente sin razón.

Ello derivó en una manifestación de los padres la tarde del domingo, quienes prácticamente sitiaron la delegación de la SSP para obligar a una sanción a los elementos participantes.

Ante ello, los propios elementos enviados a esa zona capturaron al delegado al que concentraron en las instalaciones para iniciar la sanción administrativa correspondiente, que incluyó la destitución.

Paralelamente, los padres denunciaron lesiones y abuso de autoridad en la Fiscalía General, pero hasta el momento la autoridad no ha informado de su proceder contra los elementos, solo se confirmó la detención del comandante quien fue sacado de una cantina.

De igual forma, no se ha informado con respecto a hechos suscitados en las últimas semanas en Tlalixcoyan, donde los habitantes de la zona denunciaron acoso, detenciones y privaciones de la libertad de quienes se ostentan como elementos de Seguridad Pública.

De acuerdo con reportes de las supuestas víctimas, el último caso tuvo lugar la semana pasada cuando se montó un retén de elementos provenientes del destacamento La Tinaja III, con unidades con logos de la Marina.

Todos los vehículos que quedaron enfilados en la carretera habrían sido extorsionados y al menos cuatro jóvenes fueron golpeados por los elementos y tuvieron que ser hospitalizados, de ahí que optaron por hacer público su caso ante periodistas de la zona conurbada.

Además, se informó que al menos había otros 12 afectados en las últimas semanas por los abusos policiales, relatando vejaciones y maltratos en la zona conocida como La Hamaca.

COMIENZA EL DESCRÉDITO

No es el único caso. Desde el principio de la administración, los policías han protagonizado episodios de violencia.

El primero en conocerse fue el del 31 de diciembre de 2018, cuando ciudadanos veracruzanos con nacionalidad americana, se encontraban conviviendo en Santa Rosa, municipio de Actopan, para despedir el año.

Hasta la casa llegaron elementos de la Fuerza Civil que ingresaron sin una orden o motivo aparente; sometieron a los familiares y se los llevaron detenidos. Al presentarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusaron que cargaban armas de uso exclusivo del Ejército. La autoridad no encontró un solo elemento para corroborar lo dicho por los elementos, decretando su libertad.

Posteriormente, los mexicoamericanos denunciaron a la Fuerza Civil ante la Fiscalía General del Estado por haber sembrado las armas, privarlos de su libertad y torturarlos; del caso tomó conocimiento la Embajada de Estados Unidos en México y la Fiscalía Anticorrupción.

Al solicitar a la SSP la puesta a disposición de los policías que participaron en el operativo, esta respondió que los había dado de baja y, por lo tanto, desconocía su paradero, según confirmó el fiscal suspendido Jorge Winckler Ortiz y el exfiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

2019: EL AÑO DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Febrero de 2019, cerca de las 12:00 horas. La circulación sobre Lázaro Cárdenas, en Xalapa, se vio interrumpida el 8 de febrero cuando una persecución entre la policía y un taxi alarmó a quienes ese viernes transitaban por ahí.

Inicialmente, la SSP dijo que se trató de la respuesta a un ataque por parte de tres personas que viajaban en el taxi; una fue abatida. Luego, al no lograr acreditarlo y ni siquiera poder legalizar la detención de los presuntos delincuentes, se empezó a dilucidar lo ocurrido.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la persona que quedó tendida en el piso recibió varios disparos de manera directa y no como consecuencia de una refriega; así quedó evidenciado también en un video según informó la Fiscalía de Jorge Winckler.

La autoridad pidió información de cuatro elementos que participaron directamente y al menos una docena más que lo hicieron como cómplices y observadores a la Mesa de Seguridad en aquellas fechas, petición que se hizo directamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero solo pusieron a disposición a uno. Los demás se fugaron y a la fecha se desconoce el avance de las investigaciones.

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MONTAJE EN ZEMPOALA

Tres personas murieron el 27 de marzo en lo que el único sobreviviente calificó como un montaje de la Fuerza Civil.

La versión oficial narró un supuesto enfrentamiento con delincuentes, pero el sobreviviente, que tuvo que fingir su muerte, declaró ante la autoridad cómo llegaron los policías a un domicilio de El Dorado, en Zempoala, sometieron a los presentes, los vistieron con uniformes tácticos y luego simularon un enfrentamiento.

Posteriormente, al estilo del narco, remataron con disparos en la cabeza a los cuatro. Uno de ellos recibió el disparo en el hombro mientras que el otro solo le rozó la cabeza. En un video grabado por la autoridad ministerial, el hombre contó que estaba arreglando un clima en esa localidad cuando llegaron los elementos y ocurrió lo antes mencionado. A las demás víctimas, no las conocía.

Del hecho, tal y como lo reportó E-Consulta Veracruz, se supo gracias al mismo reporte de la SSP, que difundió en redes sociales una fotografía de presuntas municiones aseguradas y al fondo, se ve a una persona detenida, a la que llevan esposada; ese mismo día fue encontrado entre los cuerpos de las víctimas de la supuesta refriega y su esposa lo reconoció dos días después en el Forense, asegurando que se su pareja murió víctima de una ejecución extrajudicial.

DESAPARECIDOS Y EMBOLSADOS

Nueve de agosto. Maltrata. Los restos de nueve personas fueron encontrados en bolsas de basura en la zona centro. La SSP se apresuró a decir que no eran ciudadanos de Veracruz e incluso publicó un comunicado en ese sentido.

No obstante, la información fue errónea. En su lugar, la autoridad ministerial abrió una investigación por la presunta participación de elementos de seguridad pública.

Al respecto, el entonces Fiscal Winckler Ortiz dijo que tenían diversos indicios que hacían suponer que en el homicidio participaron elementos estatales, a quienes se les llamó a declarar, principalmente los que llenaron el Informe Policial Homologado (IPH).

De acuerdo con las investigaciones, detalló el fiscal suspendido, las víctimas fueron identificadas como Brayan "V" 26 años; Irving "V" de 23; Jonathan "V" de 28 años originarios del municipio de Río Blanco y Clemente "V" de 60 años; todos ellos tenían reporte de desaparición.

"Hay una investigación que se inició por la denuncia de los familiares de estas personas, quienes acusan que fueron privados de la libertad por elementos de Seguridad Pública, hay varios testigos que así lo refieren; estas personas aparecen ejecutadas después. Todos son familia y estamos investigando", mencionó Winckler Ortiz.

Abundó que, en el caso de Brayan e Irving, quienes al parecer son hermanos fueron detenidos por elementos que iban en cuatro patrullas de las Secretaría de Seguridad Pública, y quienes al ingresar al domicilio de las víctimas sin una orden se los llevaron mediante golpes; además de que jamás fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

A estos hechos, hay otros que implican violaciones sexuales: dos casos son de resaltar, el de una maestra violada en Tlalixcoyan el 15 de marzo tras regresar de La Mixtequilla de dar clases, cuando fue levantada y llevada a un sitio alejado de cualquier comunidad, donde hasta en tres ocasiones sufrió abusos y vejaciones.

El otro caso, es el de un maestro, también violado el 12 de julio en Córdoba, cuando fue a buscar a su pareja al trabajo y luego, al estar discutiendo los testigos llamaron a la policía y se llevaron al profesor, al que torturaron por espacio de 40 minutos y violaron con un palo de escoba, mientras un elemento se masturbaba en su cara, esto según la denuncia presentada en la Fiscalía estatal.

BAJO INVESTIGACIÓN 35 ELEMENTOS

Este 23 de octubre, el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez confirmó que hay 35 elementos bajo investigación de la Fiscalía por estar implicados en delitos como extorsión y robo, ilícitos integrados en 20 carpetas.

Sin embargo y pese a los señalamientos y acontecimientos públicos, sostuvo que no hay elementos implicados con el crimen organizado, pero las acciones que toman ante estas situaciones forman parte de la depuración permanente de la SSP.

Afirmó que es necesario que cada vez que ocurre un hecho en el que se ve implicado un policía, la ciudadanía debe denunciar para proceder, no obstante, de los elementos señalados anteriormente, no se ha manifestado.