Xalapa, Ver. - Próxima a finalizar su periodo en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez alista un nuevo 'salto' dentro del servicio público, ahora, en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE).

El pasado 25 de septiembre la integrante del órgano garante todavía no concluía su ejercicio como presidenta del IVAI cuando anunció su interés de contender por la vacante en el consejo del árbitro electoral. 

Apenas el 13 de octubre García Álvarez finalizó su encargo de titular del ente de transparencia y en su lugar, el pleno votó por José Rubén Mendoza Hernández, comisionado del IVAI desde el 8 de julio de 2015.

La salida de Yolli García coincide con dos resoluciones de solicitudes de información sobre temas que han causado polémica en la administración de Cuitláhuac García Jiménez. 

La primera determinó revocar la respuesta de la Contraloría General del Estado (CGE) de no entregar la información sobre el expediente abierto en contra del subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero, por un presunto conflicto de intereses debido a su vínculo familiar con el gobernador morenista.

El IVAI indicó que la información no puede reservarse, como intentó la CGE, porque se trata de un expediente reabierto, por lo anterior, es "absurdo" clasificar incluso el número de expediente o la fecha de inicio del trámite.

Esto, dado que se presentaron seis solicitudes a la Contraloría en donde se pedía el número de expediente, la fecha de inicio del procedimiento, la fecha de conclusión, a la par de que se pedían constancias del expediente y conocer la resolución sobre este procedimiento para determinar si García Jiménez es pariente de Eleazar Guerrero.

En la otra resolución polémica, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenó que se realizaran búsquedas exhaustivas a través de las áreas competentes para localizar información que fue solicitada al respecto de la adquisición de 160 patrullas.

La dependencia pretendió justificar la reserva de la totalidad de la información que le fue solicitada al considerar, entre otras cosas, que revelarla atentaba contra los intereses del estado y la seguridad ciudadana. 

La SSP también adujo que no era procedente la entrega de versión pública porque era parte de una investigación en curso, no obstante, esto no lo acreditó; además de que la Secretaría negó la información argumentando que parte de la solicitud era imprecisa, pero la Ley establece que de existir imprecisiones el ente obligado puede prevenir al solicitante. En el caso contrario, el IVAI consideró que se indicó de forma clara y precisa lo requerido.

Por lo anterior los comisionados ordenaron que proporcionara la versión pública del contrato, por ser donde se puede advertir el programa de pagos y garantía otorgada para el cumplimiento, la denominación del intermediario financiero que realizó la operación y sus honorarios; autorización presupuestal; especificación del procedimiento legal aplicado y su fundamento; facturas; así como pronunciarse respecto de si se llevó a cabo un estudio de mercado; y emitir nuevas actas del Comité donde haga patente cuál es el riesgo real demostrable e identificable de divulgar la información.

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POLÉMICAS EN EL IVAI, LIGADAS A COMISIONADA 

En octubre de 2015, la comisionada presidenta avaló que se utilizara el salón de plenos, cuya renta del inmueble pagan los contribuyentes veracruzanos, para organizar un 'Baby Shower' a una Secretaria de Acuerdos.

Lo anterior, sumado a una polémica administración de la presidenta del ente con un recorte de recursos entre 2016 y 2017, coincidentes con el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Esto dado que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no erogó más de nueve millones y medio de pesos por concepto de ministraciones.

De hecho, existe contra la ex titular del ente de transparencia una denuncia en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción por el incumplimiento del arrendador del inmueble del IVAI, por un adeudo de siete meses.

Agregó que, durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016 y septiembre octubre y noviembre de 2017, la Sefiplan dejó de ministrar los recursos y aunque ya se hacen los pagos puntales, quedó pendiente el pago de la renta de esos meses.

La comisionada aceptó que además de la falta de pago de la renta de los meses señalados, el IVAI se enfrenta a asuntos laborales que no han podido llegar a un arreglo y la deuda aumenta. 

El desastre financiero arreció con las denuncias formuladas en contra de García Álvarez, Mendoza Hernández y Arturo Mariscal por el Contralor Interno Alfonso Velázquez Trejo ante las quejas de un irregular dispendio de los recursos del ente garante, en tiempos de austeridad.

Es el caso del pasaje a España, con cargo al presupuesto del IVAI, del viaje de la comisionada presidenta Yolli García Álvarez a Sevilla, España, para asistir al Congreso Internacional “Cuestiones Actuales en Materia de Protección de Datos”.

Dicha participación le costó al IVAI 20 mil 500 pesos únicamente en boletos de avión y los traslados; además, entre 2017 y 2018, la presidenta visitó Zacatecas, Ciudad de México, Coahuila, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Morelos, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Chiapas.

Esto, sumado a las cuentas de restaurantes “de autor” en Ciudad de México. En mayo de 2017, García Álvarez presentó gastos por 945 pesos por un esquite mexicano con pollo, un esquite negro y un esquite regular, acompañado de papas a la francesa, muse de chocolate y panepatatas de un negocio con domicilio fiscal en Coyoacán.

En Cluny, un restaurante de ambiente francés, el IVAI gastó 1045 pesos de cuenta e incluso, el IVAI pagó casi 200 pesos por una dotación de pastes hidalguenses.

Cabe destacar que, entre las denuncias, destaca la 357/2019, por el presunto desvío de recursos públicos por la presunta "aviadora" en el IVAI, de nombre Mildred Guevara, auxiliar administrativo.

La trabajadora cobró del 2018 a mayo del 2019, la cantidad de 12 mil pesos mensuales sin que haya evidencia que se presentará a su centro de trabajo. 

La segunda denuncia (372/2019) se debe al presunto desvío de recursos públicos ya que se detectó la presencia de otro "aviador", en este caso Rogelio Torres, director de transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información desde diciembre del 2017. 

Se le acusa de cobrar de septiembre del 2018 a mayo del 2019 un total de 17 mil pesos mensuales sin que haya evidencia que se presentará a oficinas del IVAI.

En cuanto a la denuncia 452/2019 se debe al incumplimiento de un deber legal, ya que existe oposición a cumplir con las leyes al no integrar debidamente al Órgano de Control Interno, cuyo titular es nombrado por el Congreso del Estado.

Tras su paso por el Tribunal Electoral y el IVAI, García Álvarez se inscribió al proceso para designar vacante en el Consejo General del OPLE, en una convocatoria organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, el procedimiento no da garantía a Yolli García para formar parte del árbitro, dado que 65 aspirantes, todas mujeres por razones de equidad, se inscribieron en la contienda.

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LA CARRERA DE YOLI GARCÍA 

La LXIII Legislatura, aliada al entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa, designó a Yolli García Álvarez como integrante del Consejo del IVAI el 26 de marzo de 2014 y conforme a la normatividad, la encomienda concluirá en 2020. 

Tras titularse en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yolli García Álvarez inició una carrera entre la claridad de la actividad académica a la opacidad del servicio público.

Su trayectoria incluye un diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de la especialización judicial del Instituto de la Judicatura Federal, y cursos básicos para secretaria de Tribunal Colegiado y secretaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2001.

En 1994, en el desaparecido Tribunal Federal Electoral se desempeñó como Secretaria de Estudio y  Cuenta, por oposición, en la Sala Regional Xalapa; además, dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue fundadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral, donde se desempeñó como profesora Investigadora de 1995 al 2000 y participó en el proceso electoral de 1997 adscrita a la ponencia del Magistrado Presidente de la Sala Regional Distrito Federal, Magistrado Javier Barreiro Perera.

Desde el mes de octubre de 2001 y hasta el 30 de septiembre de 2005, se desempeñó como Secretaria Instructora en la ponencia del Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, en la Sala Superior.

Finalmente, el 2 de marzo de 2005 fue nombrada por el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el cargo de Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el cual concluyó en febrero de 2013.

La extogada permaneció un año alejada del servicio público, sin embargo en marzo de 2014, el Congreso del Estado la nominó consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para sumarse a un Pleno integrado además por José Luis Bello Bueno y Fernando Aguilera de Hombre.

A dos meses de la salida de Bueno Bello, y con la mirada puesta en la presidencia del ente, el 15 de abril de 2015, Yolli García Álvarez convenció a Aguilera de Hombre de "rebelarse" contra el presidente.

Lo que inició como una aparente sesión monótona, Aguilera de Hombre y Yolli aprovecharon para atacar y criticar la mala argumentación, pésima ortografía y ambigüedad de once proyectos de recursos de revisión enlistados en el orden del día, los cuales, rechazaron en una forma por demás evidente.

Con dicha confrontación, Yolli García facilitó su camino para presidir el órgano garante tras la salida de Bueno Bello y la posterior incorporación de José Rubén Mendoza. El 3 de agosto de aquel año, la ex magistrada electoral asumió la titularidad del IVAI.

Desde entonces la Presidenta asumió una postura de control no solo de las ponencias de Mendoza Hernández y posteriormente del nuevo comisionado Arturo Mariscal, sino de toda la infraestructura física del ente.

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