Xalapa, Ver.- Con 36 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, la LXV Legislatura designó en Sesión Extraordinaria al ex Secretario Técnico de la Secretaría General del Congreso, José Alfredo Corona Lizárraga como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Lo anterior, luego de que la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández Giadians notificó a dicha Soberanía de la ausencia por más de treinta días del anterior titular, Marcos Even Torres Zamudio, contra quien un juez de control liberó una orden de aprehensión por el delito de incumplimiento de un deber legal y corrupción.

En el informe enviado al Congreso, Hernández Giadians agregó que Torres Zamudio supuso la existencia de órdenes de detención en su contra, razón por la cual evitó acudir a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, aún después de cumplir un año y dos meses desde su designación por el Congreso.

Cabe destacar que la función de Corona Lizárraga se centrará a la de encargado de despacho, en tanto que el Congreso de Veracruz emite una nueva convocatoria para buscar al titular de la Fiscalía Anticorrupción e inicie un nuevo ejercicio de cinco años.

Cabe señalar que el artículo 35 Quater de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado señala que en el caso de renuncia o ausencia por más de treinta días el fiscal general “notificará de manera inmediata al Congreso del Estado para que emita la convocatoria respectiva”.

Entre el currículum de Corona Lizarraga destaca el egresar de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Xalapa y contar con una Maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de Veracruz.

Además de asistente ejecutivo de la oficina de los consejeros electorales del Instituto Electoral Veracruzano y Jefe de departamento de organización y métodos del Instituto Electoral Veracruzano.

Con el inicio de la nueva legislatura, Corona Lizárraga recibió el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría General, con Domingo Bahena Corbalá.

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SANGRE AZUL, PIEL MORENA

Formado en los cuadros azules, Corona Lizárraga protagonizó un rápido crecimiento en las filas de Acción Nacional, al grado de recibir en 2011, con apenas 27 años, la inclusión dentro del ayuntamiento de Xalapa con el cargo de regidor.

Seguiría una agresiva campaña a favor del partido azul de manera institucional, sin embargo nunca se alejó de sus principales impulsores: Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, y Domingo Bahena Corbalá.

Ambos panistas terminaron por traicionar al Partido Acción Nacional.

Domingo Bahena saldría de las filas en inconformidad por la alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para postular a Miguel Ángel Yunes Linares.

El Pipo renunciaría al partido en febrero de 2016 para postularse a Gobernador por los colores de Encuentro Social. A la postre, el PES formaría alianza con Morena y el Partido del Trabajo en 2018, y poco después, Bahena Corbalá se integraría a la causa de la Cuarta Transformación. 

Junto con Bahena Corbalá, Corona Lizárraga comenzó a simpatizar con Morena, y al lado del ex Secretario General del Partido Acción Nacional, inició funciones en la Secretaría General del Congreso como Secretario Técnico. 

Sin embargo, la verdadera ratificación de su apego a la Cuarta Transformación ocurrió el pasado tres de septiembre, cuando protegió con su propia vida la integridad de Verónica Hernández Giadians, cuando la recién designada encargada de despacho ingresaba a la Fiscalía. Fue Corona Lizarraga el que arropó a Hernández Giadians en medio del tumulto entre antimotines y diputados de Acción Nacional.

Este mérito, a pesar de rebelarse contra sus antiguos aliados, le valió puntos a Alfredo Corona, y aún antes de rendir protesta como Fiscal Anticorrupción ya acumulaba trabajo en su escritorio. 

Lo anterior, luego de que un juzgado de Control emitió una orden de aprehensión en contra de la actual Tesorera del ayuntamiento de Xalapa, Clementina "N" por el delito de incumplimiento de un deber legal y corrupción durante su paso como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La orden de captura además incluye a Bernardo "N", actualmente detenido por la Policía Ministerial, además de Adrián "N" y Luis Francisco "N", todos ellos ex servidores públicos de la dependencia durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

En el documento remitido a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) del distrito X de Xalapa, el juzgador además pide la detención de los citados por abuso de autoridad, conforme lo explica el proceso penal 318/2019; por una supuesta violación de los artículos 315, 317 y 318 del Código Penal.

Con lo anterior, Corona Lizarraga encabezaría la primera cacería de ex funcionarios de Yunes Linares, sin embargo en entrevista posterior a su investidura indicó que su primera labor será la de revisar el estado de la procuraduría.

"Tenemos que checar cuales son los avances, en las diferentes carpetas de investigación que estén integradas, y antes de dar un dato quiero corroborar los datos que están en la fiscalía especializada" dijo.

Abordado en el tema de la compensación de 200 mil pesos para Marcos Even Torres, Corona advirtió que ningún funcionario público ampara ese tipo de salarios, sino que las remuneraciones tienen que ser apegadas a la realidad de los veracruzanos y por lo anterior ofreció investigar tales percepciones.

Además minimizó su experiencia en Acción Nacional, y sobretodo su vínculo con Domingo Bahena.

"Tengo muchos amigos en Política, tengo perfil académico, estoy cursando el Doctorado en Derecho por la Universidad Veracruzana y no voy a negar a mis amigos, tengo muchos" 

Y del PAN, sostuvo que renunció hace dos o tres años. 

"No es una limitante tener alguna vinculación pasada" finalizó.

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OTRA REMOCIÓN

De acuerdo con el informe enviado por la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, Torres Zamudio incurrió en una evidente separación de su labor de combate a la corrupción.

El reporte leído por el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso, Jorge Moreno Salinas, revela que Marcos Even ni siquiera aportó medios de convicción en su derecho de audiencia para defender su inocencia, es más, nunca justificó sus ausencias entre el 4 de septiembre y tres de octubre del presente por el tenor de ser privado de su libertad.

Con su ausencia, Even Torres Zamudio lastimó los intereses fundamentales de la sociedad veracruzana y a la vez, renunció a la tutela de un bien jurídico, refiere el informe.

Ante tal consideración, la Junta de Coordinación Política del Congreso dictaminó la ausencia por treinta y un días de Torres Zamudio, y con esto se cumplen los requisitos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con las causales de remoción.

"En suma, lo apegado a derecho es remover del cargo de la figura de Fiscal Anticorrupción a Marcos Even Torres Zamudio, conforme a la práctica parlamentaria y lo previsto por los artículos 123 de la Constitución Federal y 67 de la Constitución de Veracruz" sustentó.

En el punto de acuerdo votado en el Congreso, la asamblea además de remover a Torres Zamudio igual designó a Corona Lizarraga, con todas las facultades orgánicas y administrativas del Fiscal Anticorrupción.

Sin embargo el punto de acuerdo no fue firmado por el Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Sergio Hernández Hernández, ni por el coordinador de "Juntos haremos historia" Gonzalo Guízar Valladares; ni por Brianda Kristel Hernández Topete, de la bancada del PRD-Movimiento Ciudadano.

Entre las investigaciones abandonadas por Marcos Even Torres sobresalen las siguientes: 

Primero, la indagatoria contra 13 elementos de la Fuerza Civil de Veracruz por privar de su libertad, torturar, despojar de sus pertenencias y extorsionar a una familia de norteamericanos en la localidad de Santa Rosa, en Actopan, provenientes del estado de California. 

Segundo, la compra de patrullas por parte de la SSP a un sobreprecio de más de 280 millones de pesos, lo cual denunció el senador Julen Rementería del Puerto. 

Tercero, la investigación por el contrato de 36 millones 578 mil 757 pesos de la Secretaría de Salud a la empresa Abastecedoras de Insumos para la Salud, Abisalud, ligada al ex súper delgado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.

Cuarto, el proceso contra comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) por el presunto desvío de recursos públicos y el incumplimiento de un deber legal.

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UNA CASCADA DE REQUISITOS

Según el artículo 67, párrafo II, inciso D de la Constitución Política del Estado de Veracruz (reformado el 29 de noviembre de 2018), el proceso para Fiscal Anticorrupción es el mismo que para la designación del fiscal general.

Con la convocatoria aprobada este viernes, y a la espera de su publicación en la Gaceta Oficial, inicia un plazo de 10 días naturales para la recepción de propuestas.

Cumplido dicho plazo, y cerrada la recepción de propuestas, la Comisión de Procuración de Justicia citará de inmediato, y por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer a  los ciudadanos que cumplan los requisitos, con objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

Posterior a ello, en un plazo de tres días naturales, contado a partir de que haya concluido el periodo de comparecencias de los candidatos, la comisión deberá emitir su dictamen, que contendrá una terna de candidatos, el cual será sometido al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento.

El Congreso designará al fiscal anticorrupción con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. En caso de no obtener el voto aprobatorio se observará el procedimiento establecido en dicha convocatoria.

Cabe destacar que el fiscal anticorrupción durará en su cargo cinco años y no podrá ser fiscal especializado en Combate a la Corrupción la persona que haya ocupado el cargo de secretario de despacho o su equivalente, fiscal general del Estado, senador, diputado local o federal o presidente municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.

La Constitución de Veracruz establece que para ser fiscal anticorrupción debe ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de su designación; poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.

Además, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

Cabe destaca que en la pasada convocatoria, la Junta de Coordinación Política, entonces presidida por el panista Sergio Hernández Hernández, estableció que los aspirantes debían entregar un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo.

Además, su currículo vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original y copia para su cotejo, con un resumen del mismo; copia certificada del acta de nacimiento; original y copia de la credencial para votar con fotografía; original o copia certificada por notario público del título profesional; y carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Y detalló que tras la votación de la terna ante el Pleno si ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría calificada, se sometería nuevamente a votación a los dos aspirantes que hayan obtenido la más alta votación; en caso de que ninguno obtenga la mayoría calificada, la Comisión debería presentar una segunda terna, en la que podrán participar los aspirantes propuestos en la primera.