Xalapa, Ver.- El primer fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, abandonó el cargo poco después de cumplir un año y dos meses desde que fue designado en una sesión polémica en el Congreso del Estado.

Actualmente, prófugo de la justicia, enfrenta dos órdenes de aprehensión, una solicitada por la Fiscalía General de Veracruz (FGE) por el presunto delito de la privación ilegal de la libertad, y una más por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), según dijo recientemente el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

La encargada de despacho de la Fiscalía veracruzana, Verónica Hernández Giadáns, señaló que Torres Zamudio dejó de ir a trabajar prácticamente el mismo día que Jorge Winckler Ortiz fue destituido como fiscal general del estado.

El pasado 3 de octubre se cumplió un mes de ausencia del funcionario y ahora el Congreso local prepara el proceso para su sustitución, ya que el artículo 35 Quarter de la Ley Orgánica de la Fiscalía señala que, en caso de renuncia o ausencia por más de 30 días, el fiscal general debe notificar de manera inmediata al Congreso del Estado para que emita la convocatoria respectiva.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, señaló que, aunque ya cuentan con el oficio de notificación de ausencia, el Congreso le debe dar entrada de manera formal y es posible que se haga en la sesión del próximo jueves en la Diputación Permanente.

“Ella me envía el oficio que vamos a analizarlo; el oficio ya lo tenemos, pero por procedimiento legislativo yo tengo que esperar a una sesión para darle trámite correspondiente”, indicó Pozos Castro.

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PREPARAN CONVOCATORIA

Luego de ello, se prevé que sea el mismo viernes cuando se emita la convocatoria para elegir a quien sustituirá a Marcos Even Torres en la fiscalía anticorrupción.

Según el artículo 67, párrafo II, inciso D de la Constitución Política del Estado de Veracruz (reformado el 29 de noviembre de 2018), el proceso es el mismo que para la designación del fiscal general, y a partir de la notificación de la ausencia definitiva del fiscal el Congreso local tiene cinco días naturales para emitir Convocatoria pública, a los ciudadanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones, para que presenten propuestas a efecto de cubrir la vacante.

La recepción de propuestas se hará en un plazo de 10 días naturales, contado a partir del siguiente a aquel en que se haga pública la convocatoria respectiva. Cumplido dicho plazo, y cerrada la recepción de propuestas, la Comisión de Procuración de Justicia citará de inmediato, y por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer a los ciudadanos que cumplan los requisitos, con objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

Posterior a ello, en un plazo de tres días naturales, contado a partir de que haya concluido el periodo de comparecencias de los candidatos, la comisión deberá emitir su dictamen, que contendrá una terna de candidatos, el cual será sometido al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento.

El Congreso designará al fiscal anticorrupción con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. En caso de no obtener el voto aprobatorio se observará el procedimiento establecido en dicha convocatoria.

Cabe destacar que el fiscal anticorrupción durará en su cargo cinco años y no podrá ser fiscal especializado en Combate a la Corrupción la persona que haya ocupado el cargo de secretario de despacho o su equivalente, fiscal general del Estado, senador, diputado local o federal o presidente municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.

La Constitución de Veracruz establece que para ser fiscal anticorrupción debe ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de su designación; poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.

Además, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

Cabe destacar que en la pasada convocatoria, la Junta de Coordinación Política, entonces presidida por el panista Sergio Hernández Hernández, estableció que los aspirantes debían entregar un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo;

Además, su currículo, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original y copia para su cotejo, con un resumen del mismo; copia certificada del acta de nacimiento; original y copia de la credencial para votar con fotografía; original o copia certificada por notario público del título profesional; y carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Y detalló que tras la votación de la terna ante el Pleno si ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría calificada, se sometería nuevamente a votación a los dos aspirantes que hayan obtenido la más alta votación; en caso de que ninguno obtenga la mayoría calificada, la Comisión debería presentar una segunda terna, en la que podrán participar los aspirantes propuestos en la primera.

Lo no previsto en la Convocatoria y en el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sería resuelto por la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, apartado que permitió a Torres Zamudio llegar al cargo, al no conseguir la mayoría calificada.

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SALIDA DE MARCOS, SIN PENA NI GLORIA

Desde su llegada a la fiscalía anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio fue reacio a dar a conocer las acciones que realizaba, pese a que este año, la Fiscalía General recibió mil 554 millones 433 mil 687 pesos de presupuesto, y que en ese rubro estaba incluido el presupuesto para la recién creada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Durante su breve paso por este ente, Marcos Even Torres tuvo en sus manos denuncias importantes contra funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado y municipios e incluso contra elementos de la policía estatal, acusados de detener a una familia mexicoamericana sin razón y “sembrarles” armas.

Torres Zamudio dijo que durante sus primeros meses como fiscal anticorrupción abrió al menos 10 carpetas de investigación en contra de la actual administración por actos en los que podría haber corrupción o desvío de recursos.

Indicó que se solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública, la Contraloría General del Estado, al Congreso local y la Secretaría de Finanzas y Planeación, aunque aseguró que encontró reticencia.

Una de las primeras investigaciones abiertas fue por el caso de 13 elementos de la Fuerza Civil de Veracruz que privaron de la libertad, torturaron, despojaron de sus pertenencias e intentaron extorsionar a una familia de norteamericanos en la localidad de Santa Rosa, en Actopan, y que eran provenientes del estado de California.

Sobre este caso, Marcos Even Torres inició una investigación durante los primeros días de enero de este año por hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2018; sin embargo, los elementos promovieron un amparo para evitar ser detenidos o llamados a declarar ante las autoridades.

Esto a pesar de que los elementos ya estaban plenamente identificados, por lo que el fiscal aseguró que nunca recibieron ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para ponerlos a disposición de la autoridad, ya que aseguraron que habían sido sancionados administrativamente.

“Por el momento, se continúa analizando la supuesta sanción administrativa interpuesta por la Secretaría de Seguridad Pública a los elementos policiacos, pues la misma autoridad ayudó a que se evadieran de la acción penal, lo que podría derivar en procesos contra la misma Secretaría”, fue lo único que se conoció.

Otro caso es el de la investigación por la compra presuntamente irregular de patrullas por parte de la SSP, ya que se dijo se compraron a sobreprecio, lo cual fue denunciado por el senador Julen Rementería del Puerto. Se trata de la compra y renta de vehículos destinados para patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con un costo de 280 millones de pesos, pero que más allá de la apertura de la investigación no se supo sobre sus avances.

En este caso, Torres Zamudio dijo que investigaría estos hechos para determinar si hubo o no irregularidades en la compra y arrendamiento de patrullas de parte del Gobierno del Estado.

“Tengo entendido que sí existe una carpeta que se ha aperturado en relación a este tema. Si atendemos los temas mediáticos, es un tema que debe ser analizado, investigado para que se transparente las cosas, en el ánimo de que la ciudadanía vea que las cosas se hacen correctamente”, dijo en una entrevista a medios de comunicación.

Marcos Even Torres Zamudio también inició una investigación por el contrato de 36 millones 578 mil 757 pesos que en diciembre de 2018 otorgó la Secretaría de Salud a la empresa Abastecedoras de Insumos para la Salud, Abisalud, ligada al ex súper delgado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.

Esto debido a que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que la empresa forma parte de unas farmacéuticas que surtían medicamentos al gobierno federal y a gobiernos estatales.

Otra de las investigaciones que se abrieron fue por peculado, presuntamente cometido por tres funcionarios del Ayuntamiento de Jamapa, y por lo cual el presidente del DIF Municipal, Fernando Hernández Terán; la auxiliar de la Tesorería Municipal, Idzel Chaneli Medrano Vázquez; y al director de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Carlos Alfredo Pérez Vicedas; fueron llamados a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción para aclarar el destino de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el programa de vivienda.

Las tres denuncias más recientes que recibió la Fiscalía Anticorrupción se presentaron contra los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y que fueron interpuestas por el contralor interno Alfonso Velázquez Trejo por el presunto desvío de recursos públicos y el incumplimiento de un deber legal.

La primera está relacionada con la existencia de una “aviadora” de nombre Mildref Guevara, auxiliar administrativo, que cobró de 2018 a mayo del 2019 12 mil pesos mensuales sin que hay evidencia de que se presentará su centro de trabajo; la segunda denuncia fue por la presencia de otro “aviador” Rogelio Torres, que cobró de septiembre de 2018 a mayo de 2019 un total de 17 mil pesos mensuales sin que haya evidencia de su trabajo.

La tercera denuncia se debe al incumplimiento de un deber legal ya que existe oposición a cumplir con las leyes al no integrar debidamente el órgano de control interno, cuyo titular es nombrado por el Congreso del Estado.

Pese a la existencia de estas denuncias y de que se abrieron carpetas de investigación, el trabajo de Marcos Even Torres se quedó “a medias” ya que hasta ahora no hay información de que algún funcionario o ex funcionario fuera sancionado.

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ABOGADO EN DEBACLE

Conocido litigante en el puerto de Veracruz y formador de abogados en universidades, Marcos Even Torres Zamudio trazó su debacle e inició la pérdida de su prestigio al aceptar un cargo público dentro del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.

Dicho ente, con Carlos de Jesús Sosa Ahumada a la cabeza y con el Secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán como presidente de la Comisión Interinstitucional; le brindó un espacio al abogado como Subdirector Jurídico y, por lo tanto, responsable de todos los asuntos penales involucrados en la justa internacional.

No obstante, el saldo del desempeño de los Centroamericanos 2014, considerados por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa como “los mejores de la historia”, incluyó un gasto no justificado de 4 millones 700 mil pesos, además de disparidad entre lo recibido, y lo declarado ante Hacienda de cuatro empresas de Ciudad de México, dos de Veracruz y tres de Jalisco, Nuevo León y Estado de México, respectivamente.

A pesar de su pasado en las filas del Duartismo, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lo propuso el 24 de julio de 2018 como aspirante al cargo de Fiscal Anticorrupción de Veracruz, a sugerencia del ahora ex Fiscal Jorge Winckler Ortiz como un reconocimiento a su maestro de leyes.

El nombramiento de Marcos Even Torres no escapó de la polémica, el alboroto y la crítica, dado que la entonces 64 Legislatura validó su nombramiento con la mayoría de los diputados presentes en la sesión y no con la mayoría calificada.

Esa tarde de julio, los legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza validaron con 27 votos a quien fuese Primer Visitador de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, luego que el voto en contra de priistas y morenistas no avaló el nombramiento en dos rondas previas de Torres Zamudio.

Sin embargo, en la última ronda, tras dos recesos de media hora cada uno y antes de la votación de Marcos Even, tanto Morena y el PRI tomaron la Tribuna para impedir dicho nombramiento.

Con intercambio de gritos, acusaciones y rechiflas, PRD, PAN y Panal instalaron una provisional Mesa Directiva para validar la votación en beneficio de Torres; situación que el público y ex diputados consideraron ilegal al no reunirse los 34 votos reglamentarios, como lo establece la Mayoría Calificada.

En este caso, la Comisión de Procuración de Justicia determinó que la convocatoria establece que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será el ciudadano con el mayor número de votos de entre las ternas sometidas a consideración del pleno.

Luego de tener el aval, Torres Zamudio se presentó en el pleno para que rindiera protesta en medio de gritos y acusaciones de corrupción entre los diputados.

De hecho, la asamblea rechazó en dos ocasiones previas el dictamen con los votos en contra del PRI, PAN, del Grupo Mixto “Juntos por Veracruz” y del perredista José Kirsch Sánchez.

A partir de entonces, el Partido Morena sostuvo una postura contra el Fiscal Torres Zamudio, la cual creció con el inicio de la actual administración del Poder Ejecutivo y todavía más desde el pasado 3 de septiembre, con la remoción del Fiscal General Jorge Winckler Ortiz por acuerdo de la Diputación Permanente.

Desde entonces, Torres Zamudio no se le vio por la Fiscalía, aunque en una carta firmada por él mismo, pidió a la ciudadanía veracruzana defender la autonomía de la Fiscalía Especializada.

“Hago un llamado atento a que se respete el maro constitucional que nos rige. Los actos fuera de la ley son y serán nulos y a quien solamente afectaría sería a la sociedad veracruzana. Creo en el estado de Derecho y en sus instituciones, quebrantarlo realizando o creando actos falsos e ilegales, sólo significaría el descrédito ante la sociedad veracruzana tan vilipendiada”.

La persecución en contra de Torres creció cuando un juez de Control obsequió dos órdenes de aprehensión a la Fiscalía General del Estado, una por el delito de privación de la libertad y otro, por el de desaparición forzada.

El 26 de septiembre, por la madrugada, Policías Ministeriales desplegaron un operativo de seguridad para catear la vivienda de Marcos Even en la calle Bermejo, del Fraccionamiento Reforma en Veracruz; aunque no localizaron al litigante, la esposa del prófugo, Flor Valverde realizó una transmisión de los hechos.

Posteriormente firmó una carta abierta en donde no solo defiende la inocencia de Even Torres Zamudio, en la cual reveló que su marido “teme por su vida”.

Y acusó que “los morenos” se aliaron con contra los ex servidores de Veracruz denunciados por el saqueo del patrimonio del estado.

“Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Poder Judicial del Estado en donde el magistrado Edel Álvarez desea reelegirse como presidente. El poder del estado lo usan facciosamente para destituirlo” refirió.

El escándalo y la persecución parecen desmantelar la carrera de Marcos Even; egresado de la Universidad Villa Rica de Veracruz, y de esa misma institución cursó una Maestría en Ciencias Penales, además de diplomados en Medicina Forense; así como en Obligaciones Civiles y Amparo.

En su currículum destaca el desempeñarse como catedrático en Amparo, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Procesal Penal y Derecho Procesal de Amparo, tanto en la Facultad de Derecho, como en las Maestrías en Ciencias Penales y Medicina Forense de la Universidad Villa Rica; asimismo, ha fungido como director y docente de la Escuela Libre de Derecho, en la ciudad de Veracruz.

A su vez, fungió como catedrático de la materia de Derecho de Amparo en la Universidad Cristóbal Colón y en la Universidad Veracruzana, impartió cátedra en la Maestría de Medicina Forense.

Además, formó parte de la plantilla docente de la extinta Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de Veracruz, ahora, escuela de Derecho de Veracruz; así como director de dicho plantel.