Xalapa, Ver.- Déficit de fiscales, una menor aportación per cápita y una “cifra negra” de delitos de más de 92 por ciento destacan en los valores “reprobados” por la Fiscalía General del Estado (FGE) de diciembre de 2016 a agosto de 2019, periodo en el que el organismo estuvo a cargo de Jorge Winckler Ortiz, actualmente removido de dicho puesto.

Lo anterior, en el contexto de que el Índice de Estado de Derecho 2019 (Rule of Law Index), que posicionó a México en el lugar 115 de los 126 países considerados en el estudio, con una calificación de 0.29, equivalente a la de El Salvador y solo por arriba de Honduras, Bolivia y Venezuela.

En el caso del “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019” elaborado por Guillermo Raúl Zepeda Licona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, de la agrupación Impunidad Cero, este analiza nueve indicadores, agrupados en cuatro temáticas: estructura, operación, resultados y política criminal.

En las anteriores temáticas, el ente procurador de justicia encabezado por Jorge Winckler Ortiz recibió notas reprobatorias o evaluaciones por debajo de la media nacional.

Por ejemplo, en el eje temático de estructura, la Fiscalía de Veracruz obtuvo una pésima calificación en la estadística del número de Ministerios Públicos o fiscales por cada 100 mil habitantes, con un porcentaje de 6.2, cuando la tasa a nivel nacional es de 8.4 ministerios públicos por cada 100 mil pobladores.

Con lo anterior, el estado de Veracruz ocupa el lugar número 26 del listado, solo por arriba de Sonora con 4.9, Estado de México con 4.8, Nuevo León con 4.6, Jalisco con 4.4 y en el último peldaño, Puebla con apenas 2.2 ministerios públicos.

En el lado contrario sobresale Chihuahua, con 25.1 ministerios públicos por 100 mil habitantes, Ciudad de México con 16 y Quintana Roo con 15.4.

Sin embargo, la calificación de Veracruz pudo ascender cuatro escalones en el ranking de no ser porque en 2017, la proporción de Ministerios Públicos disminuyó de 7. 6 por cada 100 mil habitantes al actual 6.2, lo cual equivale a una reducción de 18.5 por ciento.

Zacatecas, Morelos, Baja California Sur, Colima y Durango igual redujeron la proporción de fiscales por cada 100 mil habitantes; y por el contrario, Aguascalientes y Estado de México observaron un incremento.

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MENOS CONFIANZA, MENOS DINERO, MAYOR TIEMPO DE ESPERA

El estudio de Zepeda Licona y Jiménez Rodríguez igual revelan que Veracruz es de los cuatro estados con el menor presupuesto per cápita asignado a la Fiscalía, en donde cada habitante aporta 175 pesos y 79 centavos para el funcionamiento de la procuración de justicia. Abajo de la entidad, sobresalen Oaxaca, con 166 pesos con 10 centavos asignados por habitante, Puebla con 140.16 pesos y Tlaxcala, en el sótano, con 106.11 pesos. En el caso contrario, en Ciudad de México cada habitante aporta 740.57 pesos para su Fiscalía, en Chihuahua, es de 655.06 pesos por habitante y en Nuevo León de 607.83 pesos.

Ambas variables arriba citadas las describen los autores como “condiciones necesarias más no suficientes para el buen desempeño de las fiscalías y procuradurías de justicia penal”, aunque directamente impactan al momento de evaluar los modelos de gestión, la política criminal, la distribución del trabajo y la profesionalización.

En el rubro de carga de trabajo promedio por ministerio, la Fiscalía de Veracruz registra 127 asuntos atendidos al año, en una estadística menor a la media nacional de 160 asuntos, y con lo cual la convierte en una de las Fiscalías menos saturadas del país.

Sin embargo, la calificación de la Fiscalía nuevamente empeora en el indicador de “Mediana de tiempo para denunciar un delito”, en el cual, el promedio nacional es de 141.72 minutos, con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018.

En este indicador, Veracruz cuenta con la cuarta Fiscalía en el país con más tiempo de espera para formular una denuncia, con 208.56 minutos, equivalentes a 3.46 horas, solo por abajo de Tlaxcala, con 238 minutos, Oaxaca con 236 minutos y Ciudad de México, con 220 minutos. En el caso de Durango, el tiempo de espera es de 80.18 minutos, equivalente a menos de una hora y media.

En el “Porcentaje de población mayor de 18 años que manifiesta alguna y mucha confianza en el Ministerio Público local”, el estado de Veracruz, con un porcentaje de 52.1 por ciento, nuevamente consigue puntuaciones por debajo del promedio nacional de 53.1 por ciento (2018); aunque la calificación mejora en el “Porcentaje de población de 18 años y más que confía mucho en el Ministerio Público local”, en la que Veracruz obtiene un 9.8 por ciento de confianza, esto es, ligeramente mayor a la media nacional de 9.6 por ciento, pero muy por debajo de Yucatán, primer lugar en el conteo con 20.4 por ciento.

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MÍNIMA EFECTIVIDAD, POCO ESCLARECIMIENTO

En el rubro de Operación, Impunidad Cero analiza las variables de no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, criterios de oportunidad del Ministerio Público, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, otras causas o decisiones de terminación, carpetas vinculadas a proceso, y casos resueltos por justicia alternativa.

En el rubro de “Efectividad del sistema acusatorio”, Veracruz nuevamente quedó abajo del promedio nacional del 19.4 por ciento, al obtener un 16.9 por ciento, mientras Nayarit consiguió un 40.2 por ciento de efectividad, Guanajuato un 37.3 por ciento de efectividad y Querétaro un 33.1. por ciento.

Las calificaciones de Veracruz igual expresan una contracción en el rubro de “Efectividad del sistema acusatorio según forma de determinación y cierre”, en que predomina el ejercicio de la no acción penal y el uso de sistemas de justicia alternativa, y en una mínima proporción las carpetas vinculadas a proceso.

En la misma tendencia, la denominada “cifra negra”, es decir la cantidad de delitos que no se denuncian alcanzó el 92.3 por ciento, sumada a un 1.3 por ciento de probabilidad de esclarecimiento del delito. En el comparativo con el resto de las entidades, Veracruz se ubica dentro del promedio nacional.

Además, la Fiscalía de Veracruz alcanzó un 47.8 por ciento de efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, cuando el promedio nacional en dicho rubro es de 57.9 por ciento.

La Fiscalía de Jorge Winckler expresa índices de impunidad de 96.2 por ciento en delitos dolosos, incluso muy por arriba del promedio nacional de 89.5 por ciento; con lo cual, la veracruzana es la sexta procuraduría del país en dicha relación, solo abajo de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas y Baja California Sur.

De igual forma, con un 48.00 por ciento, Veracruz oscila por encima de la media nacional de 40.00 por ciento en la proporción de sentencias menores a tres años de prisión, esto es, se dispone ante los jueces y tribunales delitos menores y no, los delitos de alto impacto en la sociedad.

Finalmente, otra de las herencias de Winckler Ortiz es colocar a la Fiscalía local en el penúltimo sitio del índice de procuración de justicia correspondiente al 2019, con una calificación de 37.1; solo arriba de Tlaxcala, con 36.96; pero bastante más abajo a comparación de Chihuahua con 71.89 y por ende, el primer lugar en la relación. En el caso, de Veracruz, la Fiscalía perdió tres lugares con respecto a las cifras obtenidas en 2018.

LOS RETOS POR VENIR

El análisis reprobatorio de Impunidad Cero abre ventanas de oportunidad para el nuevo encargado o encargada de despacho, el principal es combatir la lejanía del Ministerio Público con la población y atender la baja proporción de fiscales por número de habitantes.

Lo anterior, sumado a una labor pendiente de incrementar la consignación ante los jueces de un mayor número de delitos de alto impacto dentro del fuero común (homicidio, feminicidio, secuestro extorsivo, robo con violencia), e incluso, elevar el número de carpetas de investigación a disposición de los tribunales y emplear un uso controlado de los métodos de justicia alternativa y la no acción penal.

Además, para mejorar la confianza de la población, un reto adicional de la FGE es recortar los tiempos de espera para denunciar un delito, con el óptimo ideal de 30 minutos o menos para formular una querella.

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