Xalapa, Ver. -  Salarios que, en promedio, oscilan entre los 100 pesos diarios (5 dólares), falta de profesionalización, políticos reaccionarios y disputas entre cárteles de la droga, hacen de Veracruz un círculo vicioso donde 23 periodistas han sido asesinados en los últimos 8 años.

El estado mexicano, ubicado en el Golfo de México, es catalogado por organizaciones internacionales como la entidad más peligrosa en el mundo para ejercer esta profesión; donde, a decir de expertos, en cualquier momento puede acontecer una nueva desgracia, como si se tratara de una sequía, un huracán o un terremoto.

De acuerdo con registros de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y la organización Artículo 19, la mayoría de estos crímenes se han cometido en municipios rurales, donde abundan "las condiciones precarias y reporteros que trabajan de manera aislada; sin organización ni redes como las que se han comenzado a dar en ciudades más grandes".

Se suma la impunidad. De los 23 asesinatos perpetrados a periodistas en los últimos tres gobiernos, únicamente cuatro personas han sido sentenciadas por los crímenes contra Regina Martínez (28 de abril de 201), Moisés Sánchez Cerezo (2 de enero de 2015) y Ricardo Monlui Cabrera (19 de marzo de 2017).

Las sentencias contra dos expolicías municipales, un presunto autor material y un probable sicario al servicio de líderes cañeros traduce un récord de apenas el 13 por ciento. Ello, sin poder sostener que los casos han sido concluidos pues más involucrados permanecen libres.

El caso más reciente en Veracruz –que traduce estos escenarios con detalle– se registró el 2 de agosto de 2019. Celestino Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, fue acribillado mientras veía la televisión en su casa –la cual adaptó como tienda de abarrotes– en La Bocanita, una comunidad de la costa veracruzana perteneciente al municipio de Actopan, donde no hay señal telefónica.

Según la versión del gobierno estatal, el periodista de 58 años de edad fue atacado por la espalda por dos personas que aún están prófugos.

"Se hicieron cuatro disparos desde el exterior y uno de los hombres ingresó al domicilio y disparó con el arma corta a Celestino, lo que le causó un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas de cráneo, cuatro heridas en la región occipital y dos más a la altura de clavícula. Lo entraron a rematar", explicó el exfiscal general, Jorge Winckler Ortiz.

Celestino era padre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Él era pasante de la licenciatura de Derecho y técnico en reparación de aparatos electrónicos. Su labor reporteril la desempeñó durante 20 años sin recibir un salario, ni prestaciones de ley.

De acuerdo con familiares, el vigésimo tercer periodista ultimado en Veracruz editaba el periódico impreso y lo repartía por toda la costa de la entidad. Su comisión por cada ejemplar vendido era de 1 peso.

El único beneficio que Celestino recibía de su medio era una credencial que lo acreditaba como reportero y la promesa de recibir un porcentaje por cada convenio publicitario que negociara con ayuntamientos.

Ruiz Vázquez fue objeto de dos agresiones y amenazas de muerte ocurridas el 24 de octubre de 2018 y el 17 de noviembre del mismo año. Por estos hechos, él denunció a cinco funcionarios del Ayuntamiento de Actopan, incluido el alcalde, Paulino Domínguez Sánchez.

Aunque las investigaciones no habían concluido por esas agresiones, Paulino Domínguez había ofrecido a José Luis Poceros, dueño del Gráfico de Xalapa, la cantidad de 10 mil pesos para entregárselos a Celestino Ruiz, a cambio de que él se desistiera de esa denuncia y, de paso, dejara de criticar su administración local.

"Debes desistirte de las denuncias y dejar de publicar contra el alcalde de Actopan", habría ofrecido el empresario en al menos dos ocasiones, en la redacción del diario. Celestino se negó. Pese a estos señalamientos, asentados en denuncias por familiares, el caso cumple 40 días impune.

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Municipios rurales, un círculo vicioso para reporteros: Investigador 

Alberto Javier Olvera Rivera, investigador de la Universidad Veracruzana (UV) y merecedor del premio Martin Diskin, otorgado por La Asociación de Estudios Latinoamericanos, entiende la violencia contra periodistas locales como un círculo vicioso donde ellos ejercen su profesión.

"El círculo consiste en que el periodista sobrevive de convenios con los alcaldes. Los alcaldes, para que firmen un convenio, deben tener alguna razón poderosa y esa razón generalmente suele ser ataques de los propios periodistas hacia los funcionarios; ataques que pueden ser justificados o injustificados, no lo sabemos.

En todo caso es una especie de chantaje el que se establece y esto conduce al establecimiento de convenios que permiten que la crítica deje de ejercerse", explicó.

Para el académico del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, este modelo -con sus vicios- puede rastrearse desde el siglo XIX.

"Evidentemente (estas prácticas) conducen a un periodismo poco profesional, poco ético, en donde el periodista de a pie termina siendo el elemento más débil y descartable tanto para los dueños de los medios, como para los políticos".

Olvera Rivera hace una mención particular sobre los periodistas agredidos en Veracruz.

"No todos estos periodistas son heroicos, muchos no lo son en absoluto: son personas que viven, digamos, de esa profesión ejerciendo a veces de una manera poco ética. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si es posible vivir de la profesión periodística en el plano micro local de otra manera; es decir, si es posible un periodismo verdaderamente objetivo, distinto, civil, que no recurra a estos métodos de relaciones incestuosas entre medios y el poder".

Agregó, que la precariedad en el periodismo local se debe entender en dos aristas: una precariedad económica, estructural; derivada de la pobreza de los mercados micro regionales, y otra precariedad política: ahí el periodista, cualquiera que sea su naturaleza, está directamente expuesto a la reacción de los políticos locales.

Asimismo, apuntó que la precariedad del periodismo local subsiste en un modelo histórico donde la intolerancia de políticos locales y la nueva presencia del crimen organizado, como un factor de poder local, explicaría el incremento de la violencia contra este tipo de profesionales.

"Es un modelo que va a ser muy difícil cambiar, un modelo que para poderse superar necesita introducir nuevos actores en el campo de la comunicación; y esos nuevos actores tienen que ser forzosamente organizaciones civiles y organizaciones extra regionales que puedan tener u ofrecer espacios de comunicación distintos", opinó.

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Profesionalización, una puerta de escape ante la violencia: Ceapp 

Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), reconoció que, aunque este organismo ha tratado ser conciliador entre funcionarios locales y periodistas "hay compañeros que no tienen contacto con nosotros y no tienen la protección ni la orientación que les pudiéramos dar".

La funcionaria resaltó que su apuesta es la profesionalización. "Se debe hacer mucho énfasis en cómo abordar la información, qué medidas de autoprotección tomar, a qué instancias recurrir en caso de riesgo. Muchos compañeros laboran sin comprender de fondo la responsabilidad que lleva ser periodista", declaró. 

El 9 de abril de 2019, la Ceapp convocó a periodistas, preferentemente aquellos que no tengan título de Licenciatura y que radiquen en el Estado de Veracruz, a la acreditación de un curso –con duración de siete meses- que lleva como objetico la acreditación de conocimientos a nivel licenciatura de periodismo por acuerdo 286 (Ceneval - SEP).

Sobre la profesionalización al gremio, Alberto Olvera opinó que el subsidio de gobiernos a medios de comunicación (convenios publicitarios) debería, principalmente, orientarse a esta causa.

“Un signo de profesionalización es que un medio tenga un cuerpo estable de reporteros y opinadores profesionales. Que el subsidio entonces tenga un sentido constructivo, es decir, permitir la estabilidad económica y la predictibilidad, digamos de los ingresos, de un medio de comunicación que le permita contratar a los mejores periodistas y eso sería también un piso firme para la autonomía política de los medios de comunicación; el que los reporteros no tuvieran que depender de los convenios que se establecen con los presidentes municipales, autoridades locales, o políticos locales”. 

“Creo yo que si eso fuera una garantía, sería en cambio una base, que potencialmente induciría a la profesionalización del periodismo, pero lo que observamos es que no hay hoy, una idea, una política pública”, agregó. 

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Impunidad, el mal constante en crímenes de periodistas 

Los casos de agresiones contra periodistas mantienen un índice de impunidad de 99.13 por ciento, debido a la ineficiencia de autoridades, consignó Artículo 19, durante su informe especial "Protocolo de la impunidad en delitos contra periodistas", el pasado 25 de febrero.

En Veracruz el problema es mayor porque 92 por ciento de asesinatos a periodistas permanecen impunes. Lo anterior, fue expuesto en el informe "Diagnóstico de la Libertad y Expresión de los Periodistas en Veracruz".

La CEAPP observó en ese informe omisiones graves, deficiencias y negligencias en la investigación y advirtió que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias que involucren Periodistas y/o Comunicadores no ha resuelto los casos, ni detenido a los probables responsables, a pesar de que familiares han aportado información.

Alberto Olvera, destacó la impunidad que prevalece en los crímenes contra periodistas. Un mal que, dijo, es equiparable a todos los otros crímenes que padecen el Estado y la nación.

"Creo yo que lo que refleja el caso de los periodistas es un problema nacional de absoluta incapacidad de las instituciones de justicia, tanto para investigar, como para llevar a cabo procesos jurídicos creíbles, limpios y que marquen una tendencia hacia la sanción jurídica del delito".

El académico subrayó que, en el caso de Veracruz, se carga, además, con una confrontación entre el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) "que ha conducido a peor todavía, a que se marque una fractura entre instancias. Es decir, tenemos una zona de desastre".

Sobre este tema, Ana Laura Pérez agregó que, al no haber investigaciones concluidas, tampoco se puede determinar qué muertes de periodistas se derivaron de su profesión y cuáles por otras causas.

"Con estas condiciones en cualquier momento puede suceder una desgracia. Esto se puede repetir y no queremos seguir con estas estadísticas", concluyó.

Precariedad laboral

El 46 por ciento de los periodistas en Veracruz no cuentan con casa propia y trabajan 7 días a la semana.

La CEAPP también consignó en su "Diagnóstico de la Libertad y Expresión de los Periodistas en Veracruz" que la precariedad económico-laboral son determinantes para los reporteros a la hora de afrontar las amenazas y agresiones, especialmente a quienes cubren la fuente policíaca o de seguridad.

Mediante la aplicación de 257 encuestas, 79 por ciento declaró tener dependientes económicos, 46 por ciento de los periodistas mencionaron no contar con vivienda propia, a pesar de contar con carreras de más de 10 años.

Otro factor reflejado en el diagnóstico es que el 83% de los comunicadores refirió laborar entre 6 y 7 días de la semana, de igual forma, el 46% mencionó cubrir más de 8 horas al día o no tener un horario definido en su centro de trabajo. Además, solo a un 8% le pagan horas extras y únicamente un 24% disfruta de vacaciones.

Lo anterior, se suma a otro dato ya antes referido por la CEAPP, durante la comparecencia ante diputados locales, en 2018, de que un reportero veracruzano percibe, en promedio, 100 pesos diarios, es decir, menos de la mitad de lo establecido por el Salario Mínimo Profesional 2018, que es de 236.28 pesos.

Las muertes de 23 periodistas, en Veracruz 

E-Consulta Veracruz presenta el recuento de las muertes de periodistas en Veracruz, crímenes de los cuales el actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez prometió lo mismo que sus antecesores, Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa: Justicia.

Noel López Olguín, de 45 años de edad, reportero en el semanario Noticias de Acayucan desapareció un 8 de marzo de 2011, su cuerpo fue hallado el 1 de junio de ese mismo año en el municipio de Chinameca, al sur de la entidad.

Miguel Ángel López Velasco, su esposa Agustina Sola y su hijo Misael López Solana, fueron acribillados en su casa el 20 de junio de 2011. López Velasco, fue reportero y editor de nota roja por 30 años, así como columnista y subdirector del periódico Notiver, en el puerto de Veracruz. 

El hijo de Milo Vela -como López Velasco firmaba sus columnas- Misael López, tenía 21 años y comenzaba una carrera como fotógrafo en el diario Notiver. 

Yolanda Ordaz de la Cruz, de 48 años de edad; reportera de Notiver, fue privada de su libertad el 24 de junio de 2011. Su cuerpo apareció 48 horas después decapitado en un predio de Boca del Río.

Regina Martínez Pérez, de 48 años de edad. Corresponsal del semanario Proceso. Fue asesinada en el interior de su casa el 28 de abril del 2012. las autoridades desestimaron el crimen, relacionándolo con un crimen pasional.

Los reporteros Guillermo Luna Varela, fotógrafo de Notiver; Gabriel Huge Córdova, fotógrafo de Notiver; y Esteban Rodríguez reportero del periódico AZ, fueron asesinados y abandonados en un canal de aguas negras del municipio de Boca del Río, Veracruz. El hallazgo se dio el 3 de mayo del 2012, una semana después del asesinato de Regina Martínez.

Víctor Manuel Báez Chino, reportero del Portal de Veracruz, fue asesinado el jueves 14 de junio del 2012, su cuerpo fue encontrado a una cuadra del Palacio de Gobierno.

Gregorio Jiménez de la Cruz, 43 años de edad, reportero del diario Notisur. Desapareció el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero del 2014. El gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que fue asesinado por “problemas personales”; sus familiares acusan que fue por publicar un reportaje.

Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión. Tras ser privado de su libertad el 2 de enero de 2015, su cuerpo apareció el 24 de enero de 2015, decapitado. El entonces gobernador Javier Duarte, lo describió como “un taxista”. Falleció a los 59 años de edad, la misma edad de Ricardo Monlui Cabrera.

Armando Saldaña Morales, de 53 años de edad, reportero de la estación La Ke Buena. Fue asesinado el 4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con impactos de bala y señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz.

Juan Mendoza Delgado, de 46 años de edad, director del portal Escribiendo la verdad. Desapareció el 01 de junio de 2015. Su cuerpo, fue hallado en las horas siguientes.

Rubén Espinosa Becerril, de 31 años de edad, fotógrafo del semanario Proceso y Cuarto Oscuro. Fue asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Su muerte es atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Buen Tono, con sucursal en Córdoba. Un grupo de hombres armados privó de su libertad la madrugada del lunes 8 de febrero cuando se encontraba en su domicilio. Tras horas reportada como desaparecida, su cuerpo fue hallado en los límites de Veracruz y Puebla.

Manuel Torres González, ex corresponsal de TV Azteca Veracruz, fue asesinado sobre la vía pública el 14 de mayo del 2016 cuando salía de la Delegación de Tránsito Estatal, en el centro del municipio de Poza Rica.

Pedro Tamayo Rojas, de 43 años de edad, fue asesinado el 20 de julio del 2016 afuera de su domicilio, en el centro del municipio Tierra Blanca. El reportero fue agredido mientras atendía su negocio, un puesto de hamburguesas.

Ricardo Monlui Cabrera, columnista y director de los portales Política de Córdoba y Política de Xalapa, fue asesinado a balazos el 19 de marzo de 2017 cuando salía de un restaurante de la ciudad de Yanga, en la zona centro del estado de Veracruz. El periodista también trabajaba como asesor de varios dirigentes cañeros y agrícolas, entre ellos de Juan Carlos Molina, líder de la CNC en el Estado de Veracruz.

Por su crimen, la Fiscalía del estado obtuvo condena de 50 años de prisión para Ángel Rojas Benítez “La Paloma”, presunto autor material. 

Edwin Rivera Paz, un periodista y migrante hondureño que se encontraba refugiado en Acayucan, fue asesinado a balazos el 9 de julio de 2017. Familiares del comunicador confirmaron que seis meses antes él tuvo que salir de su país, tras la muerte de colega el periodista Igor Ibarra.

Edwin Rivera trabajaba en Honduras como director de cámaras para el programa "Los Verduleros", y en otros proyectos periodísticos al lado de Igor Ibarra, quien fue asesinado a inicios de año en aquel país.

Cándido Ríos Vázquez, reportero de La Voz de Hueyapan, fue asesinado en el municipio de Hueyapan de Ocampo el 22 de agosto de 2017 cuando platicaba con el ex agente municipal de Corral Nuevo y el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría, quien fue otro de los muertos.

Ríos Vázquez, conocido como “Pabuche” inició su carrera empírica como reportero en el municipio de Coatzacoalcos, donde publicaba un semanario llamado El Cuarto Poder. A la muerte de su socio, regresó a su lugar de origen y montó una hoja de papel llamada La Voz de Hueyapan, en ese espacio “escribía lo que él llamaba tropelías y raterías de los funcionarios, un periodismo combativo”.

Una de sus últimas coberturas de Pabuche, ya en el Diario de Acayucan, fue sobre el saqueo al material pétreo del lecho del río de su pueblo. “Cándido fue el único en la región que levantó la voz y defendió su rio”, le reconoce Pérez Cortés.

Gumaro Pérez Aguilando, reportero policíaco y empleado del Ayuntamiento de Acayucan, fue asesinado el 21 de marzo de 2018 en una escuela de ese municipio donde se desarrollaba el festival navideño de su hijo. Gumaro Pérez fue señalado por reporteros de la región de tener relaciones con presuntos integrantes de la delincuencia. 

Celestino Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, fue acribillado el 2 de agosto de 2019 mientras veía la televisión en su casa, ubicada en la comunidad La Bocanita, en el municipio de Actopan. 

El reportero de 58 años de edad fue agredido en su domicilio en dos ocasiones y amenazado de muerte. A la fecha hay una denuncia contra cinco funcionarios de Actopan por esas agresiones, incluido el alcalde, Paulino Domínguez.