Xalapa, Ver.-Una apuesta del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para elevar los ingresos del Estado derivó en un riesgo de bancarrota para más de 500 familias dependientes de la venta de billetes de Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

La medida, prevista como una iniciativa altamente recaudatoria ante los ingresos de al menos diez marcas de casino y 'bingos' con influencia en Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Tuxpan, Córdoba y Coatzacoalcos, redujo entre un 40 a 50 por ciento la compra de “cachitos” y series.

Lo anterior, luego de que la LXV Legislatura aprobó el pasado 27 de junio aplicar un impuesto local a rifas, sorteos, loterías, apuestas, concursos y a los juegos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados.

De acuerdo con los artículos 121 del recién reformado Código Financiero para el Estado, el citado impuesto se desglosa a partir de la aplicación de una tasa de 6 por ciento sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos.

A este 6 por ciento, se le calcula un 15 por ciento adicional correspondiente al Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación, lo cual, da una suma de 0.9 por ciento.

De esta manera, de la suma del impuesto sobre rifas y el de fomento educativo se obtiene 6.9 por ciento (casi un 7 por ciento).

Sin embargo, una circular girada por Lotería Nacional a los expendedores de billetes el pasado 20 de agosto, actualiza el artículo 138, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

En este se establecen dos condicionantes: la primera, consiste en que el ISR aplicará a los premios una tasa de un 1 por ciento en aquellas entidades con un gravamen menor al 6 por ciento. La segunda condicionante estipula que en las entidades con una tasa de más de 6 por ciento, el monto del ISR aumenta a 21 por ciento.

De esta manera, si un jugador de Lotería Nacional gana un premio de 100 pesos, de esta cifra pagará al menos 28 pesos en gravámenes y, por lo tanto, solo disfrutará de 72 pesos producto de su suerte.

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La casa pierde

En entrevista, la presidenta de la Unión de Vendedores de Billetes de Xalapa y representante de los expendedores de billetes del estado, Rosa Irma Arizmendi, la venta de billetes disminuyó casi a la mitad en el estado de Veracruz, entidad con el impuesto más alto a las actividades de lucro con el azar.

“No tenían por qué tomar ese impuesto para Lotería y Pronósticos Deportivos porque pertenecemos a una institución de asistencia pública, no es para lucrar, ni para otra índole” expresó.

A lo anterior, los jugadores prefieren comprar los billetes o cobrar los premios fuera del Estado de Veracruz, para evitar la tasa impositiva. Sin embargo, observa un riesgo adicional: la pérdida de prestaciones.

Lo anterior, dado que Lotenal estipula un mínimo de series vendidas para que los expendedores accedan a beneficios gubernamentales en base a su productividad.

“Las ventas se vienen abajo, porque somos más de 500 familias y nos quedaríamos sin empleo, ya que la institución requiere de cierta cantidad de series para que nos mantengan en el padrón. Perderíamos los empleos porque la gente nos está dejando de comprar”, afirmó.

El pasado 20 de abril de 2018 Lotería Nacional para la Asistencia Pública modificó las bases para el otorgamiento de incentivos, ayudas asistenciales, y en términos generales ofrece ayudas asistenciales a los billeteros, siempre y cuando, ofrezcan altas ventas.

La reforma implica un daño a la economía de los vendedores de billetes, y de hecho, Veracruz es la entidad con más organismos de venta foráneos de Lotería Nacional existen en todo el país, con 8 de 83, con sedes de carácter regional en Acayucan, Córdoba, Martínez de la Torre, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Xalapa y Veracruz.

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As bajo la manga

Ante el escenario, la diputada Erika Ayala Ríos, integrante del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México (PRI-Verde) plantea una apuesta en contra a la iniciativa del Ejecutivo: eliminar el 0.9 por ciento excedente del gravamen inicial de 6 por ciento.

La oferta de doble filo de la legisladora prevé exceptuar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación del Impuesto sobre Rifas. El propósito consiste en mantener sin añadiduras la tasa de seis por ciento.

La propuesta, incluida en la Gaceta Legislativa de fecha 27 de agosto, plantea que con la reducción de la tasa de 6.9 a 6.0 por ciento, la reforma al ISR beneficie a Veracruz y le aplique una tasa de 1 por ciento del gravamen, para sumar un 7 por ciento final aplicable a los premios.

La historia del denominado Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación proviene de un proyecto durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa a modo de gravar a partir de 2016 un 15 por ciento adicional a los gravámenes estatales.

En ese entonces, se proyectó captar una suma adicional de 607.4 millones de pesos para el ejercicio 2016 provenientes de los contribuyentes de predial y tenencia.

En 2017, Sefiplan recaudó 138 millones 972 mil 479 pesos del Impuesto de Fomento a la Educación obtenidos por cobro de los derechos de control vehicular o del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Sin embargo, en ese mismo ejercicio ni la Secretaría de Educación, ni la de Finanzas, dieron razón del paradero de 763 millones 577 mil 882 pesos por el citado gravamen.

Al momento, la iniciativa de la diputada Ayala Ríos permanece turnada a comisiones en el Congreso del Estado, sin embargo, trascendió que será respaldada por Morena para corregirle la plana al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.