Xalapa, Ver. Efraín Méndez Carrillo habría podido pasar 12 años en la cárcel por haber violado a una menor de edad. Pudo haber reparado, al menos económicamente, el daño que le causó a la pequeña al recibir una multa económica a la par de su pena en prisión.

Pero, ante las designaciones irregulares de los magistrados suplentes en Salas del Poder Judicial por parte de Edel Álvarez Peña, apenas 7 años después de esa condena Efraín puede quedar en libertad.

La designación de los magistrados suplentes sigue siendo uno de los pendientes del actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, así como de la actual LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Esta dilación ya generó al menos 6 amparos en contra de los magistrados suplentes, todos han sido desechados excepto el de Efraín Méndez Carrillo, quien gracias a un juez federal podría quedar en libertad al considerar que la designación de los togados sustitutos es irregular.

Méndez Carrillo, sentenciado en 2011 a una docena de años en prisión tuvo más beneficios que la propia víctima de su delito. Incluso antes de estallar el escándalo de magistrados ilegales, ya el Poder Judicial del Estado de Veracruz le había concedido su pase de salida de prisión.

Presunto violador evidencia a los tres poderes en Veracruz

De acuerdo con datos que obran en el juicio de amparo indirecto 875/2018, tramitado ante el juzgado Segundo de Distrito, mismo que concluyó concediéndole la protección de la justicia federal, desde el 18 de agosto de 2017 Efraín ya había pedido una libertad anticipada en la figura de la Remisión Parcial de la Pena.

En el Código Penal, dicha figura no es otra cosa que un beneficio otorgado por un juez de ejecución de sentencia para salir antes de la fecha prevista del plazo de condena.

Consiste en que, por cada dos días de trabajo, se hará remisión por cada uno de prisión; lo que se traduce en la condonación parcial del tiempo de prisión a cambio de trabajo.

Ahora bien, el sentenciado acudió ante el Juez Ejecutor de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para pedir entre otras cosas, que proveyera sobre la remisión parcial de su pena, accediendo a su petición.

De esta manera, en una audiencia que tuvo lugar el 25 de mayo de 2018, se le concedió de manera formal el beneficio invocado un año antes.

En dicha audiencia, el juez concedió remitir a favor del violador un total de mil 370 días, por lo que, hasta ese día, solo restarían 76 para que Efraín pudiera irse a su casa, cinco años antes de lo planeado.

Sabedora de esta situación, la fiscal que llevó el caso interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido el 13 de julio de 2018 por el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, Edel Álvarez Peña.

El 13 de agosto de 2018, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia dictó una resolución que echó abajo el beneficio otorgado a Efraín Méndez.

La determinación, avalada por el magistrado Alfonso Balderas Ramírez; Rodrigo Joel Armas Salinas, secretario de acuerdos y Patricia Guadalupe Sánchez Martínez, secretaria de estudio y cuenta, habría estado perfecta de no ser porque los dos últimos nada tenían que hacer ahí desempeñando cargos de magistrados en retiro.

Lo anterior, dado que tanto Joel Armas Salinas como Patricia Guadalupe Sánchez fueron nombrados "provisionalmente" como “togados suplentes" en una acción ilegítima del presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez, según el juez federal que revisó el amparo de Efraín Méndez Carrillo. 

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Cabe destacar que el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo concede la facultad a Edel Álvarez Peña de designar magistrados suplentes en casos de ausencias provisionales, no definitivas de los magistrados y magistradas.

Por ello, ante la intervención de los dos suplentes, el juez federal beneficio con la protección de la justicia a Efraín Méndez Carrillo, en el que obliga a la Sala responsable a dejar insubsistente la resolución dictada por los magistrados suplentes.

Y más allá de eso, obliga al Poder Judicial a que el expediente sea turnado a una Sala "legalmente integrada" para tal efecto, explicó el vicepresidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado, Rubén Hernández Vázquez.

“No hay prisas para designar suplentes”

El revés contra el Tribunal de Justicia coincide con la omisión y apatía del Poder Ejecutivo y del Legislativo para designar a los trece magistrados faltantes, en una herencia proveniente desde la administración de Miguel Ángel Yunes Linares que no se ha resuelto a más de ocho meses del ejercicio de Cuitláhuac García Jiménez.

De hecho, este último justificó que "no hay fecha" para que envíe sus propuestas para ocupar las magistraturas vacantes, aun cuando esta es una de sus facultades constitucionales. En todo caso, alegó que este es un asunto pendiente de consensar con el Congreso del Estado.
“Recuerden que es una cuestión que hay que consensar con el Poder Legislativo”, declaró García Jiménez.

El pasado 28 de enero, el Ejecutivo envió al Legislativo seis perfiles para suplir una parte de las trece propuestas vacantes: Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena y Sofía Martínez Huerta.

Y aunque existe un amparo que obstruye el proceso de nominación, el Gobernador admitió que “no tiene noción” de ese problema, pues es algo que compete al Poder Judicial.

En cambio, el Presidente del Tribunal, Edel Álvarez Peña, observó que tanto el Gobernador como el Congreso deben 'ponerse de acuerdo' en el tema, aun cuando el Poder Judicial enfrenta seis amparos contra las resoluciones de los magistrados suplentes.

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“Esencialmente creo que es un tema del gobernador, también del Congreso, quienes tienen que ponerse de acuerdo”, agregó.

De los seis amparos, los entes jurisdiccionales desecharon cinco, de modo que continúa en pie uno solo que abriría las puertas de la cárcel a un violador.

Sin embargo, Álvarez Peña insiste en defender la legalidad de sus acciones.

“Son cinco o seis (amparos), de los cuales en cinco han sido desechados porque no están bien fundados, solamente este del amparo (indirecto 875/2018), en el que consideramos que no estamos fuera de la Ley”, finalizó

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