Xalapa, Ver.- El Plan Nacional de Manejo de Residuos “Hacia Basura Cero” que implementó el gobierno federal como punto de partida en el estado de Veracruz, permitió detectar la operación de al menos 200 tiraderos de basura a cielo abierto en igual número de municipios en la entidad, lo que puso en la mira a los alcaldes.

Algunos de los basureros tiene permiso para operar como "relleno sanitario”, y no cumplen con  la normatividad.

El caso más grave es el del municipio de Cuitláhuac, donde por 14 años acumularon los desechos y hoy es un foco de infección.

En los 9 meses de la administración de Morena, se han clausurado 14 tiraderos a cielo abierto, además de los rellenos sanitarios de Xalapa, Veracruz y Tierra Blanca, y se ha emplazado a 70 ayuntamientos a cumplir con la normatividad vigente para evitar el cierre temporal. Se tiene pendiente actuar contra otra centena.

Si bien no es responsabilidad de la autoridad estatal, no se plantea un plan B para garantizar el correcto tratamiento de los desechos de las demarcaciones tras los cierres temporales, lo que representa un problema de salud para la población y se asumió como un tema político para presionar a alcaldes de oposición. 

La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), a cargo de Sergio Rodríguez, planteó un proyecto para instalar 12 centros de confinamiento regionales para dar el correcto tratamiento a la basura.

Para el municipalista Rubén Ricaño, la medida podría ser un negocio para unos cuantos, pues a pesar de que los Ayuntamientos se podrían hacer cargo de la operación, su falta de especialización los llevaría a concesionar los centros, tal como ocurrió con el tema de las luminarias.

[relativa1]

Cierre de tiraderos a cielo abierto

El titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés, reconoció que en Veracruz existe un pasivo grande, los municipios no se han ocupado de dar el correcto tratamiento a las más de siete mil toneladas de basura que se generan al día.

Como parte del programa federal, se ha detectado tres formas de operación de basureros a cielo abierto.

En un primer caso, particulares usan predios de su propiedad para tirar desechos sólidos, a cambio de un pago.

En los municipios de Perote, Altotonga y las Vigas se localizaron al menos 14 tiraderos que fueron clausurados, en todos los casos se notificó a la Fiscalía General de la posible comisión de delitos ambientales.

También se generaron multas a los particulares, propietarios de los camiones que llevan los desechos, de más de 80 mil pesos.

Las autoridades municipales también usan espacios públicos como supuestos “rellenos sanitarios” o tiraderos; se han detectado al menos 70 casos.

En estos casos, se emplazó a cumplir con la norma ambiental o de lo contrario serán clausurados. Tienen cuatro meses para regularizar su operación.

“Les dimos un periodo de gracia, hasta enero de 2019 para que adopten las medidas medioambientales necesarias, tienen que reordenar el sitio, es decir, corregir para que no sigan contaminando y poder operar”.

Se trata de tiraderos a cielo abierto, en donde no hay una barda perimetral que delimite el espacio para dejar los desechos, no cuentan con geomembranas para depositar y tratar la basura, contaminan los mantos freáticos, no tiene incinerador de basura, ni laguna de lixiviados.

En ese segundo escenario que ha detectado, el municipio “no da ningún tratamiento”, solo acumulan los desechos en predios, lo que los convierte en tiraderos a cielo abierto.
El funcionario estatal calculó que hay otros 70 sitios en los que se podría intervenir en breve, dada las denuncias públicas de autoridades estatales y ciudadanos

[relativa2]

Clausura no tiene tintes partidistas

Además, hay otros casos -como Veracruz y Tierra Blanca- en donde los rellenos están concesionados, se usa dinero público para su operación y no cumplen con las medidas sanitarias para confinar la basura.

El Congreso autorizó la operación de 36 rellenos sanitarios, solo seis operan adecuadamente, otros más tienen problemas para operar y ya fueron emplazados por la autoridad del medio ambiente, pero recurrieron a amparos.

“En ese tercer escenario, hay una empresa, que recibe un pago de las autoridades, que están dados de alta y autorizados por el Congreso como relleno sanitario, y operan de manera irregular, estos sitios están recibiendo recursos públicos para una finalidad que no realizan”, reprochó Rodríguez Cortés.

En el caso del municipio de Veracruz, recordó que se mantiene clausurado desde el pasado 13 de agosto, donde se le dio un plazo para atender las irregularidades y plantear la remediación del predio donde se disponen los desechos.

El periodo de gracia ya venció y las autoridades no cumplieron, por lo que se prevé que en breve se cierre nuevamente.

Un Ayuntamiento tiene que supervisar que en los rellenos se dé la correcta operación de las celdas, que cuente con una báscula para conocer la cantidad de basura que ingresa, deben practicar estudios de agua de manera periódica, y no lo hacen.

[relativa3]

Benefician a empresas particulares

Veracruz destina 35 millones de pesos anuales para pagar a la empresa Veolia por el manejo de la basura; Tierra Blanca paga 18 millones al año a Sistemas Ambientales Ecoeficientes SA. De CV.

Hay otros casos como Ignacio de la Llave y Papantla, en donde existen expedientes abiertos desde la pasada administración panista, pero los alcaldes optaron por recurrir al amparo, lo que limita la clausura.

El exdiputado local, aseguró que las clausuras o revisiones no están relacionadas con el partido político que gobierna, sin embargo, en los cuatro casos que mencionó los alcaldes son del PAN, PRI y PRD.

Recientemente, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Rocío Pérez Pérez, anunció que actuará contra otros municipios como Cerro Azul, Tierra Blanca, Catemaco, Moloacán y Agua Dulce.

“Todos estos tiraderos se han estado apercibiendo por incendios, porque están muy mal operados, descuidados y tenemos que actuar”.

Clausura de tiraderos no es solución inteligente

Al respecto, Rubén Ricaño Escobar, director del Centro Municipalista para el Desarrollo, mencionó que por años se observó el manejo irregular de los desechos, y si bien celebró el programa federal, reconoció que la percepción ciudadana es que el tema se está usando con tintes políticos

“Me parece muy bien que el Gobierno del Estado ponga atención y se mueva para meter un poco de orden. Lo que yo he estado observando es que se está usando este pretexto de la basura, que efectivamente representa un problema en las ciudades, pero parece que los están usando para denostar o usar políticamente a los alcaldes que no son de su partido”, opinó.

Su fundamento, expuso, se basa en el hecho de que se está generando el cierre de los tiraderos, pero no se da a los alcaldes una opción para dar el correcto tratamiento de la basura, y eso solo genera contaminación en los hogares al suspender la recolección de los desechos sólidos, “estos lo están usando como arma, y los que se llevan la peor parte son los ciudadanos”.

Plan B, entra en operación en diciembre

Sergio Rodríguez Cortés detalló que la PMA proyecta un Plan de Gestión Estatal, en apoyo a los municipios, en el que se busca establecer al menos 12 puntos en los que se dé una disposición final adecuada para todo el Estado.

Creando puntos de trasferencia o traslado, con los recursos económicos y humanos necesarios para tratar los desechos humanos en el que participarían autoridades estatales, municipales y la iniciativa privada.

El municipalista Rubén Ricaño, alertó del riesgo de que el proyecto sea un negocio para unos cuantos.

“Por ahí andan empresas que son realmente orates, queriendo hacer el trabajo, y al final los ciudadanos nos vamos a quedar pagando todo, como siempre”.

El proyecto obligaría a imponer estándares de calidad a las empresas, porque hay casos como el de Xalapa, en donde el servicio es deficiente a pesar del costo que genera a los ciudadanos el “tratamiento” de los desechos.

Si la intención es crear 12 centros, porque se empezó a clausurar los rellenos antes de darles una opción a los alcaldes, cuestionó el entrevistado.

Cuitláhuac el caso más alarmante

El 21 de febrero autoridades del medio ambiente determinaron la clausura del relleno de Cuitláhuac, que está concesionado a la empresa Mareco, que ya había sido emplazada para remediar los daños generados por la disposición de la basura.

Una semana antes, el 16 de febrero, se registró un fuerte incendio en el predio que generó una grave contaminación de la demarcación ubicada en la zona montañosa de Veracruz. Tras el incendio autoridades municipales encabezadas por el panista Santiago Gregorio Morales, y de la Sedema, determinaron clausurar el espacio.

Rodríguez Cortés, detalló que en ese caso se dio la acumulación de más de 700 toneladas de basura que se acumularon a lo largo de 14 años.

La empresa esta intervenida, se tendrá que hacer cargo de la remediación y los gastos que ésta genere; también se les impuso una multa de un millón 200 mil pesos.