Xalapa, Ver.- Desde la semana pasada el personal de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se presentó ante el ayuntamiento de Tuxpan para realizar la auditoría ordenada por el pleno de la LXV Legislatura.

La revisión se enfoca en la apertura y manejo de una cuenta bancaria mancomunada entre el municipio y una persona que no es funcionaria municipal, es decir que carece de atribuciones para el uso de los recursos públicos.

No obstante, fuentes del gobierno municipal confirmaron que dicha cuenta habría sido utilizada por Elda García Martínez, presidenta del DIF local y esposa del alcalde panista, Juan Antonio Aguilar Mancha.

La información sobre este tema se maneja con hermetismo, por disposición de la comisión de Vigilancia a cargo del diputado local de Morena, Eric Domínguez Vázquez.

Una vez que se elabore el informe de la auditoría serán los diputados de dicha comisión los que determinarán lo que proceda conforme a la Ley en contra del gobierno de Aguilar Mancha, primo del ex líder estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón.

Medios locales han reportado que el munícipe construye desde 2018 una lujosa casa de descanso frente al mar en la zona conocida como Isla de los Potreros, en Barra de Galindo, utilizando para ello maquinaria de Obra Pública y unidades de Seguridad Pública Municipal.

Otro desarrollo inmobiliario, según las publicaciones, sería de su primo el ex dirigente estatal del PAN, quien consiguió fácilmente los permisos correspondientes ante la Zona Federal Marítimo Terrestre y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Época turbulenta en el PAN

Así, a la anulación de su triunfo de José de Jesús Mancha Alarcón como dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), se suma los señalamientos de irregularidades en el manejo del Ayuntamiento de Tuxpan presidido por Aguilar Mancha.

Por ahora la revisión no determina el monto del que dispuso Elda García Martínez, la esposa del alcalde, quien tuvo acceso a recursos públicos sin ser funcionaria.

Al respecto el regidor segundo Roberto López Arán indicó que la visita de los auditores cuatro días en el Ayuntamiento, tras la aprobación del Congreso el pasado 18 de junio, tiempo durante el que se solicitó la información documental sobre el manejo de los recursos y cuentas del Gobierno Municipal.

La segunda fase consistirá en el análisis de la información y la elaboración de un informe sobre el estado que guardan las arcas municipales, que será entregado a los diputados locales.

El regidor aseguró que los señalamientos sobre irregularidades se hicieron desde mayo del año pasado, especialmente en cuanto al tema del gasto corriente, el funcionamiento del ayuntamiento e incluso sobre la nómina.

“Los mismos diputados señalaron que se trata de la presidenta del DIF, que es la persona que no es funcionaria pública y que firma mancomunadamente la cuenta pero se sabrá realmente en el momento en que se publiquen los resultados de la auditoría”.

Ante estos señalamientos, el regidor negó que se trate de un tema manejado políticamente pues insistió en que esta clase de auditorías son permitidas por la Ley en los casos en que haya irregularidades.

“No le veo ninguna cuestión política, el Congreso está facultado para intervenir la tesorería y si el funcionario se hace de la ‘vista gorda’ al permitir la observancia también puede ser señalado. No hemos sido omisos”.

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Cabildo plural destapa irregularidades

Cabe destacar que el Cabildo de Tuxpan está conformado por alcalde, el síndico y el regidor primero, quienes pertenecen al PAN; el regidor segundo y tercero son independientes; los regidores cuarto y quinto pertenecen a Morena; el sexto es independiente, el séptimo del PRI y el octavo de Nueva Alianza.

“Hay de dulce, de chile y de manteca, no hay línea, los regidores votamos en función de lo que observamos y nuestra independencia como ediles”.

Hay que recordar que durante el actual gobierno se presentó una denuncia en contra de la pasada administración municipal, encabezada por el alcalde Raúl Ruiz, debido a presuntos desvíos detectados en la Cuenta Pública de 2017.

En ese caso, el regidor señaló que la denuncia “duerme el sueño de los justos” pese a las graves irregularidades detectadas en la administración pasada.

Por cuanto hace a la Cuenta Pública de 2018, indicó que fue aprobada por unanimidad, pero que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) debe hacer una auditoría porque los ediles “no son auditores”.

“El que los ediles hayan aprobado la Cuenta Pública no significa que se cierra el caso, porque nosotros no somos auditores somos ediles, requerimos de gente experta que se eche una zambullida en toda la documentación porque es una auditoría financiera, técnica y social”.

En ese sentido insistió en que gracias a las diferentes corrientes políticas que integran el ayuntamiento la actual administración no ha podido ocultar hechos irregulares e incluso aseveró que la revisión derivó de las quejas que han presentado a los diputados locales desde que inició la actual administración.