Desde mayo pasado la dependencia federal, cargo de Irma Eréndira Sandoval, comenzó 7 investigaciones contra dicho ex funcionario ante hechos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas califica dentro de las Faltas administrativas graves.

La dependencia federal investiga delitos que pueden derivar en un procedimiento de tipo penal como el cohecho; la actuación bajo conflicto de interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias.

Lomelí Bolaños ha recibido jugosos contratos no solo de Veracruz, también de otras entidades del país y del actual gobierno federal, de ahí que son 5 las Contralorías estatales las que están aportando información a la Federación.

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Destaparon contratos que llevaron a dimisión de ex delegado

Apenas el pasado 20 de mayo la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció en un reportaje que el ex súper delegado forma parte de una red de farmacéuticas que surtía medicamentos al Gobierno Federal y a gobiernos estatales.

Uno de ellos fue la administración de Cuitláhuac García que concedió a través de la Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Ramos Alor, un contrato directo  la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, por 36 millones 578 mil 757 pesos en diciembre de 2018, es decir apenas unos días después de que comenzó el gobierno morenista el primero de diciembre de ese año.

A la fecha Irma Eréndira Sandoval informó que la SFP inició 7 investigaciones “que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares”, de las cuales 4 investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con Lomelí Bolaños y pueden derivar en procedimientos de tipo penal.

Las otras 3 investigaciones se realizan por “conductas contrarias a la legalidad” posiblemente atribuibles a Lomelí Bolaños, mismas que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios.

De esta manera a través de un convenio de colaboración la SFP ya ha requerido información a la Contraloría General del Estado, a cargo de Leslie Garibo, respecto al contrato asignado de forma directa a Abisalud para proveer medicamentos y material de curación al gobierno de García Jiménez.

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Hermetismo total sobre contrato con Abisalud

De acuerdo con la fuente consultada, quien solicita el anonimato, además de otorgar la información que solicite la Federación se instruyó a los funcionarios estatales a mantener bajo reserva los avances de las indagaciones que realiza la SFP a cargo de Irma Eréndira Sandoval.

Por esta razón incluso la contralora general, Leslie Garibo, ha optado por dejar de aparecer en eventos públicos en las últimas dos semanas. Además, aunque se le ha pedido una entrevista en reiteradas ocasiones a través de su enlace de prensa, esta nunca se concretó debido a que la funcionaria “está muy ocupada por cuestiones de agenda”.

Tras darse a conocer la investigación de MCCI titulada “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí” el gobierno estatal justificó que la Secretaría de Salud estaba en crisis por un desabasto de medicamentos que rondaba el 80 por ciento.

Antes de que se hiciera del dominio público la contratación de la empresa Abisalud el secretario, Roberto Ramos Alor, informó que se presentaría una denuncia debido a que algunos lotes de medicinas fueron dejados en almacenes hasta que caducaron, complicando la operatividad para el nuevo gobierno estatal.

No obstante, para el mes de junio el funcionario estatal se molestó al ser cuestionado sobre la adjudicación directa para la empresa relacionada con el ex súper delegado en Jalisco, declarando que “ningún chile le embonaba” a los reporteros.

Posteriormente otros funcionarios y diputados locales de Morena intentaron justificar que se tenía que superar el desabasto que dejó el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

El 23 de mayo la legisladora de la comisión de Salud y Asistencia, Magaly Armenta Oliveros, excusó que ante la urgencia por el desabasto el 18 de diciembre de 2018 se concedió la adjudicación directa a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud S.A de C.V.

“Por ser el proveedor que se comprometió a hacer la entrega inmediata de medicamentos antes del 31 de diciembre por cierre presupuestal”, declaró la legisladora, aseverando que se trataba de una empresa habilitada, con registro de Ley y sin impedimento alguno para poder prestar estos servicios y en cuya acta constitutiva no aparecía el nombre del ex funcionario federal.

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Guardan secreto procesal

Por su parte, en sus intervenciones públicas ante distintos medios nacionales la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, insiste en que el actual gobierno federal no busca “Quinazos”, de ahí que el secreto procesal en torno al caso Lomelí será respetado.

En una entrevista difundida este lunes con RT Irma Eréndira Sandoval enfatizó: “No (se pueden conocer avances) porque están protegidas por secreto procesal, pero inmediatamente que estén firmes  y con resultados las daremos a conocer para todos ustedes”.

Previamente garantizó que se hará cumplir la Ley Federal de Austeridad Republicana a partir de las investigaciones que se iniciaron desde el 22 de mayo de 2019, previo a la renuncia del ex delegado el pasado 12 de julio.

La misma funcionaria federal confirmó que se recaba información de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de la Unidad de inteligencia Financiara, de la Secretaría de Salud Federal y de las contralorías estatales de 5 entidades federativas, así como la información de las distintas unidades de la SFP.

El pasado 15 de julio la funcionaria observó que las contrataciones de las empresas relacionadas con Lomelí podrían violar los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que constituyen los delitos mencionados.

“Se tomaron medidas preventivas para permitir las diligencias y garantizar el secreto procesal de forma clara”, dijo en un mensaje posterior a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación de MCCI detalla que las empresas del ex súper delegado, de sus familiares y de sus allegados, han recibido contratos del actual gobierno federal por 164 millones de pesos.

Además, también tienen operaciones en entidades como Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Sonora,  Aguascalientes y Veracruz por más de 2 mil millones de pesos del año 2013 al 2019.

La empresa Abastecedora de Insumos para la Salud firmó el contrato con Veracruz cuando en la actualidad dicha compañía es propiedad del exsecretario particular de Carlos Lomelí, José Hiram Torres Salcedo, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Hay que destacar que a la fecha los titulares de las oficinas del gobierno como la Secretaría de Salud deben de informar a la Sefiplan, cuyo titular es José Luis Lima Franco, sobre el gasto que realizan en este tipo de adquisiciones, evitando incurrir en este tipo de errores.

A partir de la Ley de Austeridad para el Estado avalada a finales de diciembre de 2018 y de los lineamientos generales de austeridad y contención del gasto publicados en febrero del año en curso, las dependencias estatales como la Secretaría de Salud deben de reportar las contrataciones y compra de material a la Secretaría de Finanzas.

No obstante la adjudicación directa con Abisalud ocurrió antes de que cobraran vigor estas disposiciones impulsadas por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Así los servicios de la compañía ligada con Lomelí provocaron que Veracruz pasara de un 15 por ciento de abasto en medicinas a un 55 por ciento, aunque a finales de este mes de julio los miembros de la oposición insisten en que el desabasto de medicinas es generalizado en nosocomios y clínicas de la entidad.