Xalapa, Ver.– Un operativo de seguridad que tenía por objetivo dar con el paradero de los agresores del delegado de la policía, Amelio Macuixtle Calihua, atacado el 31 de julio del 2013 en Huatusco, derivó en la desaparición de cuatro jóvenes. Por esos hechos se emitió una nueva recomendación de desaparición forzada que involucra a elementos al mando de Arturo Bermúdez Zurita y a funcionarios de la Procuraduría General, hoy Fiscalía del Estado, en la época de Amadeo Flores Espinoza.

El pasado 12 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) publicó la recomendación 35/2019 por hechos ocurridos hace 9 años, que obligan a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), a ofrecer una nueva disculpa pública a la familia de uno de los cuatro jóvenes desaparecidos, también se tendrá que reparar el daño e indemnizarlos.

La tarde del 31 de julio de 2013, un grupo de desconocidos descendió de un vehículo y disparó al interior del restaurante el Conejo Saltarín, en el municipio de Huatusco, donde se encontraban policías comandados por Amelio Macuixtle Calihua, quien recibió al menos seis disparos. En el ataque perdió la vida el oficial Ulises Llano Toto y dos más resultaron lesionados.

El hecho movilizó a 11 patrullas, más de 50 elementos de las delegaciones de Xico, Jamapa, Cardel, Tierra Blanca, Ciudad Mendoza, y Córdoba; así como el Agrupamiento de Vialidad, División de Policía, Fuerza de Reacción y Agrupamiento Carretero que formaba parte del Operativo de Vacaciones de Verano 2013, además, un helicóptero sobrevoló la zona después del atentado.

Durante el operativo se denunció la desaparición de Mateo Manolo García Fernández, José Luis Pacheco Jinez, César Peña Laureano y José Manuel Sobal Yobal, dos de ellos fueron levantados y vistos por última vez en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Bermúdez Zurita, por lo que las familias presentaron denuncias por desaparición forzada.

Las quejas se recibieron en la primera semana de agosto del 2013, por lo que la CEDH consideró que la tardanza en la recepción y la apertura de investigaciones ministeriales incide en la impartición de justicia de funcionarios a cargo de Amadeo Flores, el segundo Procurador en el sexenio de Javier Duarte.  

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Los hechos

Según la recomendación 35/2019, de la que se difundió una versión pública en la semana que termina, se acreditó la desaparición forzada cometida por Policías Estatales e investigación deficiente de los hechos por parte de la Fiscalía General del Estado.

Para determinar los hechos que son constitutivos de delitos, personal de la CEDH entrevistó a seis testigos, nueve policías y dos víctimas, entre ellos un menor de edad, que se percató al momento de que el joven fue levantado por los elementos estatales.

La  víctima se encontraba platicando en la calle con otras dos personas, pero sólo levantaron al joven de 25 años la noche del 31 de julio. Testigos afirmaron que un tercero, que estaba a bordo de la patrulla SO-PV-1501, lo señaló de manera directa, lo que motivó a que lo subieran a la unidad de la SSP.

Uno de los seis testigos informó a la mamá de la víctima lo mismo que a otros conocidos sobre la detención arbitraria. La acompañó a las delegaciones y agencias del ministerio público de Huatusco, Fortín, Córdoba, Veracruz y Xalapa, así como centros de reclusión y hospitales en su búsqueda.

Fue hasta el 07 de agosto que se presentó la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Huatusco por desaparición forzada.

Otra de las testigos, el número seis, también denunció la desaparición de su esposo, a quien obligaron a subir a la misma patrulla en la que transportaban al joven de 25 años.

“La privación de libertad probada en el apartado anterior robustece el segundo elemento de la desaparición forzada policial, toda vez que los testigos circunstanciales sostienen en todo momento que Policías Estatales detuvieron a V1”, se lee en la versión pública de la recomendación.

La SSP negó la existencia del operativo, pero dos policías reconocieron que se brindó apoyo en la región tras el ataque al Comandante Amelio Macuixtle Calihua. El responsable de coordinar al grupo fue el delegado de Seguridad Pública en Fortín, quien entregó una tarjeta informativa que se integró al informe del operativo vacacional.

El delegado se trasladó al lugar del suceso con 11 patrullas y 50 elementos a su mando, y tras un reporte de la SSP se corroboró que la patrulla SO-PV-1501 formaba parte de la Agrupación Carretera, unidad en la que se trasportaba a los dos “detenidos”.

La queja ante la Comisión de Derechos Humanos se presentó en el año 2016 y para el 20 de septiembre de 2018 se confirmó, a través de otra queja, la desaparición de los cuatro jóvenes tras el operativo especial de la SSP.

El 20 de marzo del 2018 la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció una recompensa de 250 mil pesos, a quien aportara datos para la localización de Mateo Manolo García Fernández, José Luis Pacheco Jinez, Cesar Peña Laureano u José Manuel Sobal Yobal, desaparecidos el 31 de julio en el municipio de Huatusco, tras ser detenidos por elementos de la policía estatal.

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Las estadísticas de la SSP

En marzo del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la recomendación 03/2017 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por la desaparición forzada de ocho policías en el municipio de Úrsulo Galván en 2013, cuando se encontraba al frente de la dependencia, Arturo Bermúdez Zurita.

Para octubre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 01/2017 por la desaparición de 81 personas en Veracruz entre febrero de 2011 y octubre de 2016.

Por su parte la CNDH advirtió en el documento 5VG/2017 sobre “violaciones al derecho humano a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas”, ello apoyado en la declaración de ocho ex policías estatales y algunos civiles detenidos que reconocieron formar parte del CJNG.

Esa recomendación obligó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a ofrecer una disculpa pública a las familias de jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca el 03 de marzo de este año.

La nueva recomendación plantea una nueva disculpa y la investigación a todos los elementos involucrados en la desaparición forzada; y de la Fiscalía General por no atender e investigar la denuncia de manera oportuna.

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