Xalapa, Ver. - Con un presupuesto de 17 millones de pesos, que empezó a fluir hasta septiembre del 2018, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) acumula un pliego de observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de la Cuenta Pública 2018, y al menos siete carpetas de investigación de la Contraloría General del Estado, por irregularidades administrativas.

El órgano que se creó para supervisar y prevenir actos de corrupción encabeza la lista de entes que fue observado y notificado por el órgano de fiscalización, por incumplir con obligaciones administrativas como son el pago de impuestos estatales y seguridad social a sus trabajadores.

Desde el pasado mes de febrero ya se habían denunciado irregularidades administrativas durante una sesión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo, lo que obligó a la Contralora General, Leslie Garibo Puga iniciar una investigación oficial.

En el caso del Orfis, la principal observación está relacionada con la licitación que lanzó el órgano para la adquisición de bienes informáticos por un millón 259 mil pesos. En un plazo de solo siete días asignó el contrato para la compra de equipo de cómputo.

El 20 de diciembre, a 11 días de concluir el ejercicio fiscal, el SEA lanzó la licitación LS-010056-001-18; entregaron propuestas la empresa Grupo Informático de Xalapa; Alexandro Amado Ramírez y Esteban López Hernandez y el 27 de ese mismo mes se firmó el contrato.

Según el acta de apertura de proposiciones, las tres empresas cumplieron cuantitativamente con los requisitos, pero la observación del Orfis detalla que Grupo Informático de Xalapa no incluyó en su proyecto la instalación del equipo que se adquirió.

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De acuerdo con el pliego de observaciones, los especialistas encontraron que no fue evaluada una de las partidas que omitió la empresa, de ahí que no hubo forma de asegurar las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega, además de que dicha adjudicación se realizó al margen de las disposiciones normativas aplicables.

Además, al corroborar las otras dos propuestas, se detectó que el proveedor que verdaderamente cumplía con las especificaciones técnicas era “Alexandro Amaro Rodríguez”, quien inexplicablemente quedó fuera del contrato.

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¿Qué se compró?

Grupo Informático de Xalapa tiene como administrador único a José Vargas García; la empresa se creó desde el año 2011, según el folio mercantil 21058 del Registro Público de Comercio.

Tiene entre otros objetivos: la venta de equipo de cómputo, mobiliario para oficina, papelería y todo lo relacionado con maquinaria, equipo, herramientas, refacciones y partes usadas para la fabricación, transformación e industrialización de los objetos; así como la instalación de equipos de seguridad industrial y equipos de seguridad electrónica, entre otros.

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El SEA compró 49 computadoras marca Dell, modelo Optiplex 3060; una computadora portátil marca Lenovo, modelo 520S; 30 reguladores; 2 multifuncional empresarial; bocinas para sala de Juntas; una pantalla de alta resolución; un disco duro portátil; audífonos; bocinas exteriores, micrófono semiprofesional inalámbrico; kit de herramientas mantenimiento PC; kit de radio comunicación; y 48 nodos de red para la voz y datos.

Grupo Informático de Xalapa entregó un día después el equipo, pero incumplió con la instalación de los nodos de la red para la voz y datos, lo que derivó en una segunda observación del ente fiscalizador.

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Los altos salarios

El artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que los ingresos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de Gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

El 13 de junio del 2018 rindieron protesta como integrantes del Comité de Participación Sergio Vázquez Jiménez, José Emilio Cárdenas Escobosa, Alma Delia Hernández Sánchez, Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampieri, y Mercedes Santoyo Domínguez por periodos de uno y hasta cinco años.

Fue en el mes de septiembre cuando Sefiplan etiquetó 17 millones de pesos a la Secretaría Ejecutiva para los gastos de operación del SEA. Gran parte de esos recursos se usaron para hacer pagos de prestaciones a los trabajadores, entre ellos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

De acuerdo con la revisión del Orfis, cuatro de los cinco integrantes del Comité de Participación cobraron su salario de forma retroactiva al mes de junio, cuando rindieron protesta. Recibieron 76 mil 603 pesos por su primer mes de trabajo a pesar de que solo “laboraron” 17 días.

De junio a septiembre los cuatro ciudadanos cobraron 2 millones 114 mil pesos, es decir, el salario de los cuatro equivale al 12.17 por ciento de lo asignado como presupuesto para la Secretaría Ejecutiva del SEA.

El Orfis detectó que los contratos de prestación de servicios con los integrantes del Comité de Participación se firmaron en octubre, sin embargo, cobraron los servicios prestados en los meses de junio, julio y septiembre, sin existir un documento oficial.