Xalapa, Ver.-La pensión mensual que recibe Félix Zamudio Parra, un obrero de 73 años de edad del municipio de Carlos A. Carrillo, quedó reducida a cero cuando un supuesto promotor del Gobierno federal utilizó sus documentos y datos personales para tramitar diversos créditos ante instituciones financieras sin que él lo supiera.

Su caso se repite con otros 200 pensionados del Ingenio San Cristóbal que fueron defraudados con la promesa de recibir montos de entre 200 y 600 mil pesos a fondo perdido.

La mayor parte del dinero que recibieron lo otorgaron al supuesto funcionario federal, quien perdió comunicación con ellos y los dejó cubriendo cuentas que escapan a su capacidad financiera.

En el caso de Félix Zamudio recibió un monto de 420 mil pesos, de los cuales otorgó 300 mil pesos al promotor.

El problema vino cuando al mes siguiente no recibió el pago de su pensión de 18 mil pesos, ya que la totalidad fue retenida por el banco.

Al realizar la solicitud de aclaración le fue informado que el dinero se había descontado directamente del IMSS.

Más tarde, en un estado de cuenta se le detalló que su dinero fue entregado a las financieras Exitus Nómina y Dimex Capital, a las que debía un monto total de 450 mil pesos; es decir, el doble de lo que le fue entregado, contando lo que le pagó al promotor.

Sin embargo, dijo desconocer o haber tenido contacto en alguna ocasión con dicha empresa, ya que la persona a la que entregó su documentación jamás hizo referencia sobre que el dinero provenía de alguna institución financiera.

La promesa que recibió en la puerta de su casa, por un hombre que se presentó como Antonio Bonilla Andrade, fue que el nuevo Gobierno había destinado dinero a fondo perdido para beneficiar a adultos mayores que dedicaron su vida a trabajar en ingenios azucareros.

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Ahorcados por la deuda

Félix narra lo sucedido en su caso mientras llora al recordar que una de las personas defraudadas decidió ahorcarse debido a que no contaba con el dinero para poder pagar la deuda que le resultó del fraude que cometieron en su contra.

En su caso mantiene a su esposa y una nieta de 14 años de edad que estudia la secundaria, por lo que los descuentos que le aplican han afectado el gasto en su casa, ocasionado que se tenga que endeudar con vecinos, amigos y familiares.

La Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió su caso, junto con el de los otros 200 pensionados defraudados; el organismo solicitó un informe a las entidades financieras involucradas para conocer los mecanismos bajo los que se otorgaron los créditos.

Rafael Trillo Gracida, subdelegado de la dependencia, aseveró que la Ley Federal prohíbe que el cobro de créditos financieros o bancarios se haga descontando el 100 por ciento del salario neto del usuario.

Además, los altos intereses que se están aplicando son motivo de una investigación por parte de las entidades reguladoras, ya que se trata de montos que son imposibles de pagar o representan un abuso.

El funcionario aseveró que el caso tiene un antecedente similar en el 2015, cuando profesores del Gobierno del Estado se vieron sujetos a los mismos descuentos por parte de entidades financieras privadas.

En este caso en particular, la diferencia es que los afectados fueron engañados utilizando el nombre del Gobierno federal y sin que fueran enterados de que habían adquirido una línea de crédito.

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