Xalapa, Ver. -El próximo 13 de junio vence el periodo de designación de Sergio Vázquez Jiménez como integrante y Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Su salida se da en medio de denuncias penales de parte de la administración municipal de Morena en la capital del Estado, tras el daño patrimonial que se generó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa en el cuatrienio 2014-2017.

Sus hermanos María Eugenia y Emmanuel, también fueron denunciados tras ser beneficiarios de contratos en el periodo de Américo Zúñiga, para realizar auditorías contables y de obra pública al interior de CMAS, a través de sus despachos contables Consultoría Corporativa del Golfo SA de CV.; Corporativo Caremm SA de CV; y Contadores y Abogados Corporativo SC, firma de Sergio Vázquez.

Aunado a las denuncias penales, podría existir conflicto de interés ya que dos de esos despachos:  Corporativo Caremm SA de CV y Contadores y Abogados Corporativo SC, forman parte del listado de Despachos Contables acreditados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), responsables de auditar el manejo financiero de todos los entes en Veracruz, entre ellos el Sistema Estatal Anticorrupción.

Dentro del padrón que es público en el portal de internet del Orfis, se observa el cambio de representantes legales de las dos firmas que antes tenían a Emmanuel y al propio Sergio Vázquez. Contadores y Abogados Corporativo SC tiene como representante legal a Dolores Jaquelin Oropeza, y Corporativo Caremm SA de CV a Delia Janeth Bautista. 

El mes pasado se denunció que al interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), órgano que integra y preside Sergio Vázquez, existe mal manejo de recursos públicos. Incluso la Contralora General, Leslie Garibo Puga, confirmó que se han iniciado ocho expedientes de investigación por las irregularidades detectadas tras el ajuste al presupuesto del 2019.

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Secretaría ejecutiva del SEA, bajo la lupa

El pasado 25 de abril, en una sesión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se evidenció el pago de altos salarios a funcionarios al interior del órgano y el incumplimiento en la obligación de cubrir seguridad social de la estructura administrativa.

Se solicitó un presupuesto de 40 millones de pesos para el 2019, como parte del ajuste que hizo el Congreso local en febrero de este año el monto se recortó a la mitad y durante la revisión del ajuste se detectaron las irregularidades administrativas.

En esa reunión se anunció el despidió de trabajadores, se determinó reducir los salarios de la plantilla en base al plan de austeridad del gobierno; y se obligó a recategorizar los puestos; y cambiar de sede para reducir la renta.

Después del despido de los trabajadores, se manifestaron porque se incumplió con el pago de la segunda quincena de abril, y no liquidó conforme a derecho.

En declaración a medios la Contralora General, Leslie Garibo Puga, confirmó la existencia de ocho carpetas de investigación por el manejo de los recursos públicos al interior de la Secretaría Ejecutiva.

Las quejas están vinculadas al despido de 29 trabajadores a los que no se liquidó, al incumplimiento en el pago de seguridad social de la plantilla de trabajadores, así como el pago en efectivo del salario a algunos empleados, lo que resulta irregular, pues altera el registro contable de la nómina, declaró a medios el 18 de mayo.

En todos los casos se investiga a los Secretarios Ejecutivos que, en menos de un año, han cambiado en cuatro ocasiones, con dos renuncias y un interinato.

En ese sentido, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla Vásquez, adelantó que se podrá especial atención en la auditoría que se practique a dicho ente fiscalizable en el ejercicio fiscal 2018 y de ser necesario se ampliaría al 2019, periodo en el que se detectaron las irregularidades.

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El historial de Vázquez Jiménez

Ya en noviembre del 2018 se denunció que los despachos contables propiedad de Sergio Vázquez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz, tienen domicilios fantasmas.

Tras un recorrido por las oficinas de las firmas Corporativo Caremm SA de CV., y Consultoría Corporativa del Golfo SA de CV, con registro fiscal en Boca del Río y Xalapa, se constató que los domicilios oficiales entregados a las autoridades no coinciden con las empresas fiscalizadoras encargadas de las auditorías.

Los domicilios no coinciden con la razón social de esas compañías dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues la ubicación eran lotes baldíos.

CMAS presenta denuncias

A través de una solicitud de información, la administración de Hipólito Rodríguez Herrero confirmó que presentó denuncias penales contra los despachos Consultoría Corporativa del Golfo SA de CV.; Corporativo Caremm SA de CV; y Contadores y Abogados Corporativo SC, propiedad de los hermanos María Eugenia, Emmanuel y Sergio Vázquez Jiménez, por un posible daño patrimonial por más de 6 millones de pesos.

Como parte del proceso entrega-recepción de la administración de Américo Zúñiga e Hipólito Rodríguez Herrero, se observaron varios contratos, entre ellos el 036 y 039/2017 que se entregaron a las empresas Corporativo Caremm SA de CV y Contadores y Abogados Corporativo SC.

Se les pagó 2 millones 674 mil pesos para la Ejecución de Auditoría Técnica de Obra Pública y por la Auditoría Financiera, Presupuestal y Legal, ambas, para efectos de la revisión que realiza el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

El comité de entrega-recepción, consideró que las contrataciones resultan improcedentes, puesto que la CMAS, cuenta con estructura orgánica para realizar las actividades que fueron contratadas por esos despachos externos, a través de la Unidad de Auditoría dependiente de la Contraloría Interna del organismo.

En la licitación 036 se detectó que las empresas que participaron en la licitación no estaban dentro del registro público de proveedores, por lo que se simuló el concurso y se asignó directamente a la empresa que representa Emmanuel Vázquez Jiménez.

Por su parte el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), detectó irregularidades en el contrato 051-A/2017, que se firmó con la empresa Consultoría Corporativa del Golfo, SA de CV, en la que es representante María Eugenia Vázquez Jiménez, a quien se le pagó un millón 323 mil pesos para realizar el Dictamen de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el ejercicio fiscal 2017.

Sin embargo, no existe evidencia del acuerdo del Órgano de Gobierno donde se aprobó la contratación del servicio.  Y no se encontró el informe definitivo o resultado, por lo que se presentó una denuncia por fraude.

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