Xalapa, Ver.- El gobierno del Estado tasó los montos de ayuda a los que tendrán acceso familiares de desaparecidos, de desaparición forzada y feminicidios, o delitos que obligue la reparación integral del daño. Tendrán derecho a apoyos que van desde mil 500 pesos para alimentación, hasta 42 mil pesos mensuales como compensación subsidiaria.

El viernes 24 de mayo se publicaron las reglas y los lineamientos de Operación para el Funcionamiento de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño; y las reglas de operación del Programa de Abasto Alimentario para Víctimas Indirectas de Desaparición Forzada y Feminicidios, los plazos para obtener el beneficio van desde 45 hasta 55 días para liberar el apoyo económico “emergente”.

El fondo se creó con la intención de cubrir los gastos de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación a víctimas del delito y de violaciones de Derechos Humanos; la compensación a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por autoridades estatales; y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden estatal.

La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, consideró que ni los plazos, ni el monto que se va a entregar a víctimas de delito y víctimas indirectas -familiares- es el “óptimo” para satisfacer sus necesidades.

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¿Qué es el fondo de ayuda?

El pasado 02 de mayo se creó un fideicomiso del "Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral", que concentrará los fondos que asigne el Congreso local, y se podrá nutrir de recursos producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales de la entidad; o dinero proveniente de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad.

Del fondo general se creará uno emergente, que proporcionará recursos de ayuda “inmediata” en base a la decisión del Comité Técnico que tendrá que nombrar la Comisión Estatal de Víctimas.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial número extraordinaria 208, se apoyará con 15 mil pesos para gastos funerarios, recursos que permitirán el traslado de cuerpos de víctimas de delito a su ciudad de origen.

Cuando las familias o víctimas indirectas tengan que viajar de su ciudad de origen a otro municipio para hacer algún tipo de diligencia se les darán tres mil pesos para alojamiento, 350 pesos para alimentos diarios y 150 para transporte.

El apoyo se otorgará a quienes estén inscritos en el padrón estatal de víctimas y tendrán un plazo de 30 días para comprobar el gasto del financiamiento público.

Existe el deber de brindar atención médica, de hospitalización, psicológica, servicios de análisis médicos, entre otras acciones. La Secretaría de Salud será la responsable del cuidado, pero de no contar con el servicio, se pagará a una institución particular.

También se plantea el pago de servicios de atención materno-infantil, incluyendo programas de nutrición; servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, así como práctica de exámenes y tratamiento especializado para su recuperación, y la atención para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas.

Del trámite para recibir el apoyo

Los lineamientos establecen el proceso administrativo que se tendrá que implementar para poder obtener el subsidio o la compensación. El trámite supera el mes y medio entre la solicitud formal, la aprobación y la transferencia de los recursos a una cuenta del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Una vez que se hace la solicitud transcurrirán dos días para se integre el expediente del caso y dos días más para pedir documentación complementaria. A partir de esa fecha correrá un plazo de 10 días hábiles para determinar si es procedente la petición; la comisión tendrá 5 días adicionales para notificar al interesado de la procedencia. Si la Comisión requiere de mayor documentación y no se entrega el planteamiento se desechará.

En el caso del pago de una compensación se llevará seis días para integrar el expediente y complementar la documentación. Además de 20 días para revisar la viabilidad del pago, y hasta cinco días para notificar a la víctima.

Una vez que se valide la solicitud se deberá notificar al representante del Fideicomiso la necesidad de transferir fondos, a partir de ese momento se contará con un plazo de 20 días para liberar los recursos.

Para qué más servirá el fondo

El fondo también se aplicará para la contratación de expertos independientes o peritos, y pago de peritajes realizados por expertos; exámenes periciales dentro del proceso penal; exámenes periciales que contribuyan al mejor desarrollo de las exhumaciones; becas en instituciones públicas, de educación básica, media superior y superior; publicación de edictos en procesos jurisdiccionales; y material o insumos necesarios para exhumaciones en fosas clandestinas.

La Comisión Ejecutiva Estatal deberá emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, misma que se notificará a la víctima en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su emisión.

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Darán 50 pesos diarios para alimentación

También se hicieron públicas las reglas de operación del Programa de Abasto Alimentario para Víctimas Indirectas de Desaparición Forzada y Feminicidios, en ese caso se estableció la entrega de 3 mil pesos bimestrales.

El subsidio se otorgará por un periodo de seis meses a un año y el objetivo del pago es contribuir en la economía familiar para cubrir necesidades de la canasta básica, y serán otorgados a las y los ofendidos por desaparición, ausentes, extraviadas o no localizadas.; así como en los casos que sea aprobado por el Comité Interdisciplinario Evaluador.

CEDH no participó en la redacción de lineamientos y reglas.

Los reglamentos y los Lineamientos no fueron consultados con los colectivos de búsqueda o la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La titular en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, planteó que los fondos que se propone en los lineamientos serán adicionales a la compensación o reparación del daño que se puede garantizar a una familia o víctimas indirectas de la violación de un derecho humano.

“Habrá un consejo interdisciplinario evaluador que hará el análisis de la recomendación y del impacto psicosocial de las víctimas (…) y a partir de ahí se va a establecer un nuevo monto”, explicó en entrevista para E-Consulta Veracruz.

Se está revisando lo publicado en la gaceta oficial, y  se hace necesario clarificar que los apoyos serás adicionales a la compensación que se tenga que pagar como resultado de una sentencia o recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reparar el daño.

Namiko Matzumoto refirió que el proceso de pago no puede ser tan extenso, pues se requiere atender necesidades inmediatas, por lo que el proceso administrativo podría ser revictimizante para los beneficiarios del apoyo.

Para determinar el pago de la reparación del daño la ley establece la obligación de nombrar un Comité Evaluador Interdisciplinario, que se tendrá que integrar por personas expertas con conocimiento de derechos humanos y derechos de las víctimas, “que esté capacitado”.

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